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Sobre el blog

Juan Mateo Horrach Torrens
Ingeniero Industrial por la ETSEIB, UPC. M.B.A. por IESE. Postgrado en Inversión y financiación UPM. Ingeniero Industrial del Servicio de Residuos del Consell de Mallorca en excedencia. Ingeniero consultor.
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El pasado 12 de marzo, en el pleno de sesiones del Parlament de les Illes Balears, se presentó una pregunta parlamentaria relacionada con el suministro de agua potable en Mallorca. Previamente, unos días antes, la noticia había aparecido en la prensa local. Al verla, experimenté una sensación, mezcla de sonrojo, tristeza e incredulidad.

Pensé en alguien que, viviendo en un lugar lejano, conozca la existencia de las Baleares. ¿Qué debería pensar esta persona? A buen seguro, debería extrañarse que unas islas conocidas mundialmente, que salen frecuentemente en la prensa por recibir visitas de personalidades de los cinco continentes, y atienden a millones de visitantes anualmente, procedentes de países muy diversos, que reciben en términos proporcionales una cantidad muy importante de personas que vienen en busca de un futuro mejor, con varias de las empresas punteras en turismo del mundo, y que gozan de una calidad de vida como muy pocas otras islas de su tamaño, no disponen de algo tan elemental como un servicio de agua potable que alcance a toda la población.

Pero la realidad, tristemente, es esa. No pocos municipios de las islas carecen de agua potable municipal, entendiendo por ello, el cumplimiento de las condiciones que establece la normativa al respecto; fundamentalmente el RD 140/2003.

Merece la pena analizar esta situación, porque nos parece paradigmática del estado en que se encuentra la gobernanza del ciclo del agua en nuestra comunidad.

A principios de los 90 del pasado siglo, se creó el IBAEN, empresa pública autonómica, para el suministro en alta del agua potable en nuestra comunidad, propiciando la construcción de plantas desaladoras y otras fuentes de suministro, estableciendo el ciclo del agua como prioridad en las tareas de gobierno. Financieramente bien dotado por los presupuestos autonómicos, estatales y europeos, llegamos a finales del siglo en una posición de privilegio con respecto al resto de España, e incluso de Europa.

A principios de siglo, se diseñó un plan de abastecimiento que permitiría en pocos años, dotar a toda la comunidad de un suministro fiable y permanente de agua potable en alta.

El plan no se ejecutó en buena parte, dejando pendiente los problemas más candentes, y las cosas fueron derivando hacia otras prioridades.

Tampoco podemos olvidar la visión economicista y cortoplacista de una gran parte de los municipios de las islas, que no quieren asumir precios de coste del recurso, y siguen anclados en sistemas y tarifas más propias de la postguerra civil que de una sociedad moderna que convive con una Directiva aprobada hace casi 20 años, y que establece que los precios del agua deben reflejar en su conjunto los costes reales del recurso.

La realidad es que existen redes de suministro clandestinas, zonas costeras y hoteles que se suministran de agua desalada al margen de la red de abastecimiento, porque ya no podían seguir esperando a que se les suministrara agua en condiciones.

Asimismo, existen muchos suministros a viviendas en suelo rústico o urbanizado irregularmente, al margen de las correspondientes autorizaciones, en convivencia con la administración local y autonómica, incapaz de ponerse al día y cumplir con sus competencias propias.

Una gran escasez de recursos humanos y materiales destinados al control y seguimiento de los servicios del agua complementan el desolador panorama.

Se redactan planes hidrológicos cada dos por tres, unos sustituyendo a los otros, pomposamente ensalzados como definitivos para resolver los problemas pendientes, pero ninguno de ellos materializado, por lo que los proyectos que figuran en ellos son siempre los mismos, cambiando los horizontes temporales de cumplimiento en cada nuevo plan.

Las inversiones reales llevadas a cabo en los últimos quince años, en clara curva de tendencia descendente, que se hace más acusada si tomamos en consideración que durante este periodo, la población estable de las islas ha crecido más de un 20%, y, también en proporción parecida, el número total de visitantes, es la más clara demostración de la diferencia entre el mundo en la esfera política y el mundo real.

Podemos afirmar que llevamos casi 20 años de abandono parcial, y en algunos años, prácticamente total, del ciclo del agua, con un nivel de inversión inferior, en promedio anual, al 50% de las necesidades reales. Durante este periodo, se han ido alternando gobiernos de distinto signo, pero con el mismo grado de desprecio hacia el agua.

Naturalmente, lo que hace 20 años podía darse por bueno, actualmente no lo es. La costa del levante mallorquín es la más afectada, pero no la única. Pueblos del interior de las islas también incumplen la normativa, y se ven en la obligación de emitir bandos alertando a la población de las limitaciones de la calidad del agua que reciben.

La crisis económica de los últimos 12 años no justifica esta desidia. Financiación para infraestructuras públicas siempre la ha habido, y estos últimos años, más que nunca antes; pública y privada.

Entonces, ¿porqué estamos en esta tesitura?

Empezando por el final, por incompetencia. Incompetencia de nuestras autoridades locales y autonómicas, incapaces de entender que estamos ante una cuestión de primera magnitud, imprescindible para un desarrollo armónico de nuestra comunidad y pieza clave de nuestra mayor industria; el turismo.

Si queremos seguir figurando en la élite turística, cambiando hacia un modelo avanzado y coherente con nuestros recursos y atractivos, es necesario ser bueno en todo, no solamente en paisaje y playas, o en número de hoteles. El turismo requiere de toda una serie de servicios que conforman la calidad de un destino, que son prestados, aquí y en todo el mundo, por el sector público, con más o menos colaboración privada. Y, obviamente, el ciclo del agua es uno de ellos. Servicios prestados o tutelados por la administración, y con una gran incidencia en el resultado final del destino. Naturalmente, todo lo descrito anteriormente es incompatible con una sociedad avanzada del siglo XXI, y mucho menos si además es, y pretende seguir siendo, un destino turístico de primera categoría.

Máxime cuando lo primero que ve cualquiera de nuestros amables visitantes es un impuesto ambiental, que se le aplica por su estancia, y que supuestamente se debería reflejar en un entorno y unos servicios ambientales de primera.

Y conviene no olvidar que ese amable turista visitante, tiene a su disposición muchos otros destinos alternativos, que se esfuerzan por conseguir su atención. Y tampoco debe olvidarse que cuando alguien se siente mejor en un sitio que en otro, tiene tendencia a ir a ese sitio donde se siente mejor tratado.

El caso es que nada de lo descrito anteriormente es fruto del desconocimiento técnico, o de una falta de recursos humanos o económicos. Al contrario. Disponemos de la tecnología, financiación, conocimiento y experiencia para poder atender efectivamente el ciclo del agua de una forma eficaz y eficiente. Pero ello requiere gobernanza, capacidad de gestión, interés real, seriedad y trabajo. Todo ello, ausente de nuestra realidad.

El patetismo de la pregunta presentada al pleno del Parlament, comentado al principio, es el resultado esperable de una total ausencia de criterio para visualizar correctamente las prioridades, una falta absoluta de capacidad de gestión para cumplir eficazmente con las obligaciones, y una carencia de imaginación para buscar alternativas creativas ante necesidades sobrevenidas. Es lo que diferencia a una sociedad organizada propia del siglo XXI, de una república o monarquía bananera.

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