Una de las críticas más frecuentes que se pueden leer en relación con los proyectos PPP se refiere al mayor coste de los mismos con respecto a los mismos proyectos ejecutados directamente por la Administración. Así, se nos dice que los proyectos privados requieren de un beneficio industrial que los públicos no necesitan, y que los costes financieros que debe afrontar la empresa son superiores a los que debe afrontar la Administración. Además, siempre se añade que los proyectos acaban siendo mucho más caros de lo previsto inicialmente.
Con respecto a la primera crítica, cabe señalar que los proyectos realizados directamente por la Administración en realidad son materializados por empresas privadas en su inmensa mayoría, a través de contratos de obra o servicios. Por lo tanto, el beneficio industrial en buena parte se mantiene tanto en un caso como en el otro.
Es cierto que los contratos PPP, al ser más largos y de mayor contenido, suponen un mayor beneficio para el adjudicatario. No obstante, ello se ve compensado en el caso de contratos de obras o servicios, por el coste del equipo de funcionarios y asistencias externas que deben realizar las tareas de gestión que se requieren.
¿Y qué decir en la actualidad de los costes financieros? Pues que en el caso de España, hemos visto cómo la Administración perdía su capacidad de endeudamiento con la banca por falta de solvencia real, mientras que algunas empresas gozaban de crédito a bajo interés. En consecuencia, difícilmente se sostiene el argumento del coste financiero.
Finalmente, el encarecimiento adicional de un proyecto desarrollado por gestión indirecta, que ocurre en muchos casos de la misma forma que ocurre también en proyectos desarrollados por gestión directa, depende fundamentalmente de la Administración contratante. A ello me referiré más adelante.
Los contratos de concesión de obra pública o de concesión de gestión de servicios son herramientas a disposición de la Administración Pública para llevar a cabo tareas propias de la misma de forma indirecta, mediante la contratación de empresas privadas a través de los correspondientes expedientes de contratación. Es una forma más estrecha de colaboración entre la Administración y las empresas privadas. Al mismo tiempo, constituye una vía para desarrollar proyectos que son muy necesarios, y que no pueden materializarse por falta de financiación o de capacidad técnica o de gestión del Estado.
De entrada, estos proyectos no deben verse como una fórmula de ahorro de coste. Esta es uno de los errores fundamentales que comete en muchos casos la Administración. Los PPP están a disposición de la Administración para acometer proyectos que por sí misma difícilmente podría emprender; o bien por razones económicas, tecnológicas o de capacidad de gestión. Si está bien planteado, el PPP no debe suponer un coste mayor que el mismo proyecto llevado a cabo directamente por la Administración.
Pero la tesis fundamental del presente post es que renunciar a proyectos por no aplicar la gestión indirecta o PPP, supone no aprovechar todas las posibilidades de materialización de proyectos. Y esto también tiene un coste, en algunos casos muy elevado.
Supone por ejemplo, no haber ejecutado gran parte de las depuradoras de aguas residuales necesarias en España para cumplir con la normativa vigente, y por tanto, haber contaminado ríos, mares y acuíferos de forma continuada e intensa en el tiempo. Supone mantener cantidad de vertederos en malas condiciones, con el consiguiente riesgo o certeza de contaminación de los acuíferos, de emisiones altamente contaminantes y de muchos otros impactos ambientales. Supone que en muchos municipios se consuma agua que no cumple la normativa de agua potable, con el consiguiente riesgo para la salud de las personas y afección a los acuíferos por sobreexplotación. Supone que en muchos países el agua no llegue a la mayoría de la población, ni el saneamiento, ni el tratamiento de residuos... ¿Hace falta seguir?¿Qué coste tiene todo esto para el conjunto de la población? Difícil pregunta, pero en todo caso, mayor que la posible diferencia por mayor coste de los proyectos ejecutados en plazo mediante mecanismos de PPP.
¿Y todo porque no se quieren "privatizar" servicios públicos por cuestiones básicamente ideológicas?. No parece razonable ¿verdad?. Sobre todo, porque no se privatizan, ya que la titularidad siempre sigue siendo de la Administración, como se ha dicho repetidamente en otros artículos.
Si la sociedad necesita disponer de unos servicios de los que no dispone por falta de financiación o capacidad de ejecución pública, y por otra parte existen empresas privadas que disponen de esa financiación y de la capacidad y conocimientos para materializar las infraestructuras necesarias y su gestión, ¿por qué no asociarse para ello? Es lo que se llama en lenguaje moderno un "win-win". Todos ganan.
Sabemos que las empresas privadas concurren a los contratos PPP fundamentalmente para obtener beneficios y continuidad. Es su razón de ser, y el fundamento del modelo económico en el que vivimos. Por tanto, lo que debemos exigir es que los beneficios obtenidos sean razonables en base a la inversión requerida y a la capacidad de gestión necesaria. No debemos olvidar que una premisa básica en la economía de la empresa es que un buen negocio solamente lo es cuando las dos partes obtienen un rendimiento positivo satisfactorio. En nuestro caso, si la empresa obtiene un beneficio exagerado de una concesión es que la Administración está perdiendo, puesto que el diferencial entre el beneficio razonable y el exagerado es un sobrecoste para los ciudadanos, y la Administración tiene la obligación de reequilibrar el contrato. De otra parte, si una empresa no obtiene beneficio o incurre en pérdida no es sostenible en el largo plazo, y va a acabar suponiendo un problema grave para la Administración en forma de mal servicio, interrupciones del mismo, problemas laborales y otros.
Se hace necesario para la Administración aprovechar todas las oportunidades para satisfacer las necesidades de la población (las empresas privadas ya lo hacen, por la cuenta que les trae). Para ello necesita disponer de un equipo que trabaje en la gestión de los contratos de concesión con visión global, que entienda no solamente de procedimientos administrativos y contratación pública, sino de economía de la empresa en general, de la actividad concreta en la que se desarrolla el contrato, y que defendiendo los intereses públicos sea capaz de ponerse también en la situación del concesionario y ver las cosas en su conjunto, con visión a largo plazo, y con mentalidad de colaboración entre partners que deben converger en sus legítimos intereses, más que el habitual antagonismo entre Administración y contratista. De esta forma, mediante un trabajo analítico serio y responsable, seguro que se obtienen los mejores resultados para el conjunto de la sociedad.
