La verdad no es patrimonio del que más grita

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Sobre el blog

En los municipios pequeños la presencia del operador privado en la gestión de un bien público, como es el agua, garantiza un nivel en la calidad del servicio similar al que pueda recibir una gran ciudad. Prueba de ello es que la presencia de operadores privados es muy superior en este tipo de municipios, en los que las empresas pueden poner a disposición del ayuntamiento, del ciudadano, experiencia, equipamientos, tecnologías y sinergias que, de otra manera, para ellos serían inasumibles.

En escasas ocasiones surgen controversias en la interpretación de los contratos administrativos y obligaciones entre el operador privado y el ayuntamiento. Pero, cuando así ocurre, las partes realizan las reclamaciones oportunas dentro de la más absoluta normalidad administrativa.

Cada cierto tiempo, en distintos medios, se cita el llamado “caso Torrelavega” o “escándalo del agua” como supuesto ejemplo de irregularidades en la creación y funcionamiento de una empresa mixta. Y normalmente los hechos que se narran y los argumentos que se esgrimen no responden en absoluto a la realidad. En el caso de Torrelavega, no por mucho repetir una mentira, ésta se transformará en verdad. Repasemos los acontecimientos contrastables y lo que los tribunales dictaron, más allá de las opiniones interesadas.

En los municipios pequeños la presencia del operador privado en la gestión de un bien público, como es el agua, garantiza un nivel en la calidad del servicio similar al que pueda recibir una gran ciudad

En el año 1994 Aqualia resultó adjudicataria del concurso para la suscripción, junto al Ayuntamiento del municipio, de las acciones para la creación de una empresa mixta que resultara operadora del servicio de aguas de titularidad municipal. En el año 2001, surgen diferencias entre los socios que llevan al inicio de diversos expedientes administrativos derivando algunos en reclamaciones penales. Aqualia, por su parte, también puso en marcha reclamaciones contenciosas.

Tras un largo proceso de instrucción de expedientes, en septiembre de 2010, la Audiencia Provincial de Santander dicta sentencia indicando la libre absolución de todos los cargos a los investigados, sin fijar ningún tipo de indemnización o multa que debiera abonar Aqualia al Ayuntamiento. Asimismo, en noviembre de 2011, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Torrelavega dictó el archivo de otro procedimiento penal que se seguía, Por último, en febrero de 2012, de mutuo acuerdo entre las partes y, por tanto, sin obrar ningún tipo de expediente sancionador, el Ayuntamiento de Torrelavega y Aqualia deciden la extinción del contrato entre las partes y la retirada de las reclamaciones mutuas que ambos tenían interpuestas. El Ayuntamiento abonó a Aqualia, en el momento de la transmisión de las acciones de la empresa mixta, el valor patrimonial de las mismas de acuerdo con el valor contable recogido en las últimas cuentas anuales aprobadas.

Cualquier otra información que no tenga que ver con estos hechos contrastables se aparta de la realidad. Todas las demandas han sido desestimadas. Y la realidad, aunque se desmonten argumentos contrarios a la gestión privada, es que no hay un acuerdo municipal de rescisión del contrato ni nada similar, por mucho que se intente vestir de otra manera. Solo existe lo que determina un órgano judicial, independiente, que se limita a valorar los antecedentes de hecho. Decir otra cosa es manipular la realidad y tergiversar los hechos.

Y otro dato contrastable. La calidad percibida del servicio que Aqualia presta en Cantabria, según las últimas encuestas, es muy alta. A pesar del supuesto “escándalo” la empresa es el primer operador de servicios de agua en la región donde tanto municipios grandes como pequeños confían en su gestión: Santander, Comillas, Reinosa, Santa Cruz de Bezana, la empresa pública Mare… entre otros. Muchos de ellos, recientemente renovados y en los que se ha destacado la calidad de servicio recibido. Esta es la realidad contrastable, lo demás es opinión confusa… y gritos. 

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