Nada menos que hace 20 años (el 25 de abril de 1998) se produjo uno de los mayores desastres ecológicos que se recuerdan en España: el desastre de Aznalcóllar. La rotura de la presa de la balsa de decantación de la mina de Aznalcóllar, propiedad de la empresa sueca Boliden AB, provocó un vertido de residuos tóxicos en el Parque Nacional y Natural de Doñana. Hoy echamos la vista atrás para recordar cuáles fueron sus consecuencias y aprender de los errores.
El origen del vertido fue la rotura del muro de contención oriental de la balsa de lodos mineros que, según los datos oficiales, vertieron 5,5 millones de m3 de lodos tóxicos y cerca de 1,9 millones de m3 de aguas ácidas. Según la Universidad de Granada, el vertido se desbordó sobre las riberas de los ríos Agrio y Guadiamar a lo largo de 40 Km para los lodos y 10 Km más para las aguas, con una anchura media de unos 400 metros. En total, se vieron afectadas alrededor de 4.600 hectáreas.
(Imagen: Universidad de Granada)
Los lodos no llegaron a alcanzar el Parque Nacional del Coto de Doñana, quedando retenidos en sus estribaciones, pero las aguas sí invadieron la región externa del Parque Nacional y desembocaron en el Guadalquivir en el área del Coto de Doñana, alcanzando finalmente el Oceano Atlántico, en Sanlúcar de Barrameda.
Las consecuencias ecológicas del vertido tóxico fueron devastadoras. Según Ecologistas en Acción, se retiraron 7 millones de m3 de lodos y 30 toneladas de animales muertos. Los acuíferos se vieron altamente contaminados y se batió el récord mundial de concentración de metales pesados en aves acuáticas; por no hablar de los 5.000 puestos de trabajo hipotecados y de unas pérdidas del orden de los 1.800 millones de las antiguas pesetas.
(Imagen: Universidad de Granada)
La extrema acidez que adquirieron las aguas al llevar disueltos numerosos metales pesados en cantidades considerables, hizo mella en las riberas y en la superficie del suelo, quedando recubierto por un espesor de lodo que llegó a alcanzar en algunas zonas hasta los 8 cm.
(Imagen: Universidad de Granada)
(Imagen: Universidad de Granada)
Según un estudio de la Universidad de Granada, los análisis de agua posteriores al vertido revelaron la presencia de grandes cantidades de zinc (Zn), el principal contaminante. Las partículas de sulfuros arrastradas con las aguas se oxidaron a sulfatos solubles, por lo que el contenido en sales solubles se incrementó notablemente, a la vez que el pH bajó drásticamente. Así, las partículas de sulfuros que daban un color verdeazulado a las aguas, se volvieron de colores rojizos al oxidarse.
(Imagen: Universidad de Granada)
La catástrofe fue, hasta cierto punto, previsible. Las múltiples denuncias acerca del estado de la mina, tanto de particulares como de asociaciones ecologistas, alertaban de lo que podía pasar, pero la propia empresa y las autoridades competentes lo ignoraron.
Las primeras medidas de emergencia ante la catástrofe fueron la construcción de tres presas o muros de contención para impedir que los vertidos tóxicos llegasen a los espacios protegidos de Doñana. El Plan de Medidas Urgentes activado por una Comisión Mixta de Coordinación, formada por la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía, para controlar y minimizar los impactos sociales, económicos y ambientales generados por el vertido. Los dos principales problemas a los que debía dar solución la Comisión era la retirada del lodo y dar solución al elevado volumen de agua tóxica retenido en Entremuros (WWF). Los lodos fueron depositados en la corta de Aznalcóllar; para lo segundo, se construyó una depuradora junto al dique de Entremuros para que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sometiera a tratamiento químico y físico a las aguas para neutralizar su pH, eliminar lo hidróxidos de metales pesados y separar las sustancias sólidas. Tras ello, las aguas fueron vertidas al Estuario del Guadalquivir. También se llevaron a cabo una serie de actuaciones complementarias y se estableció un control de calidad ambiental de las aguas subterráneas, las aguas superficiales, el estuario, el aire y los seres vivos. Por último, la Comisión puso en marcha dos proyectos: “Doñana 2005”, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, y “El Corredor Verde del Guadiamar” liderado por la Junta de Andalucía, finalizado en 2003.
(Imagen: Universidad de Granada)
Pasados los años, la mina de Aznalcóllar no ha estado exenta de polémica. En 2014, la Junta de Andalucía convocó el concurso público para reabrir el yacimiento, y que ganaron la compañía andaluza Magtel y Grupo México. Sin embargo, durante 2015 se investigó que dicha adjudicación se hubiera hecho de forma irregular, resultado de una batalla judicial iniciada por la otra empresa finalista de la adjudicación, y cuyo caso fue cerrado tras no apreciarse indicios de prevaricación. Pero en 2016, la Audiencia provincial de Sevilla decidió reabrir el caso Aznalcóllar por ver “ilegalidades” severas en el concurso de la mina, lo que se tradujo en una auténtica oleada de imputaciones. Tras ello, y mientras la investigación seguía en curso, en marzo de 2017 Emerita Resources (la empresa que perdió), abrió un nuevo frente judicial en el que acusa a Magtel y Grupo México de apropiarse ilegalmente de la mina de Aznalcóllar.
A día de hoy, y con el caso judicial aún pendiente, Minera Los Frailes, controlada por Minorbis y Grupo México, y que es causante del mayor desastre ambiental en México de las últimas décadas (vertió 40.000 metros cúbicos a dos ríos y a la presa que surte de agua la capital de Sonora), se encuentra en fase de exploración y de puesta a punto de las instalaciones mineras, situación un tanto polémica dados los antecedentes. Pese a todo, la Junta de Andalucia defiende la reapertura de la mina para recuperar la industria en la zona, que supondría una inversión de más de 350 millones de euros y la creación de más de mil puestos de trabajo.
Con reapertura o no de la mina, el desastre de Aznalcóllar es un suceso ambiental que debemos recordar y no olvidar. ¿Habremos aprendido la lección?
