La gestión del agua en España: Un repaso a la historia

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Sobre el blog

Laura F. Zarza
Licenciada en Ciencias Ambientales. Comunicación y Marketing en iAgua. Escritora de ficción en el tiempo libre.
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El sistema español de gestión del agua es una pieza fundamental de la política de desarrollo económico del siglo XXI. Sin embargo, la titularidad del agua no siempre ha sido la misma y ha pasado de unas manos a otras según convenía. Repasemos su historia.

La hispania romana: el descubrimiento de un nuevo mundo hídrico

Vista aérea del acueducto de Segovia (Wikipedia/CC)

La civilización romana desarrolló complejos sistemas de captación, transporte y utilización del agua y mejoró la urbanización de las ciudades teniendo como pilar base el impulso de los servicios públicos utilitarios. Así, obras civiles relacionadas con el agua se convirtieron en vitales para el normal funcionamiento de las mismas (a destacar aquí por su estado de conservación el acueducto de Segovia).

El derecho a la utilización del agua en la época romana era una concesión a título personal e intransferible

La gestión del agua en la época romana era propiedad estatal; en la práctica la concesión dependía del emperador, pero era la figura del curator aquarum quien se encargaba de procesar las solicitudes de concesión y de vigilar que los particulares no utilizaran el agua que no les correspondía sin el permiso del emperador. Una característica particular en esta época era que el derecho de utilización de las aguas no pasaba a los herederos, ni a los arrendatarios, ni a un nuevo propietario, es decir, era una concesión a título personal e intransferible.

Como apunte, la primera querella jurídica documentada en Hispania, el bronce de Contrebia Belaisca, hace referencia al pleito entre las poblaciones de Salduie y Alaun a causa de unas canalizaciones. Utilizar más agua de la concedida, estropearla o regar los campos con agua pública, eran acciones sancionados por la ley.

Al-andalus: la transformación hacia una gestión territorial sostenible

Casa de compuertas de la Acequia Real del Júcar (Fuente)

El aprovechamiento de las aguas en Al-Andalus se basaba en la regla general de que nadie podía apropiarse del agua y excluir a los demás: Los pozos y fuentes tenían carácter público si eran naturales o fueron excavados para cumplir alguna finalidad pública; si el alumbramiento era consecuencia de una iniciativa particular, el agua era privada y el propietario también tenía el derecho de construir las canalizaciones precisas por terrenos ajenos; y si las aguas procedían de canales artificiales, eran propiedad del grupo que los construyó y su distribución estaba sometida a regulaciones específicas propias de cada colectivo.

El aprovechamiento de las aguas en Al-Andalus se basaba en la regla general de que nadie podía apropiarse del agua y excluir a los demás

Pero si algo caracterizó a la civilización árabe en temas hídricos fue el regadío, del que nos quedan grandes marcas como la Acequia Real del Júcar. Sin ser un precepto general, el agua para el riego podía ser de propiedad privada y, en consecuencia, era posible su venta, alquiler o cesión, incluso de forma independiente de la tierra. Así, existía una gestión individual de los regantes en cuanto al mantenimiento de los canales y una responsabilidad civil por los posibles daños ocasionados a otros.

De la cultura islámica heredamos también sus leyes y pactos. Prueba de ello es la constatación del Tribunal de Aguas de Valencia, uno de los más singulares y característicos exponentes del influjo de la cultura islámica. Si bien su origen es todavía incierto (pudiendo existir un antecedente en la época romana), diversos autores sitúan su fundación tal y como funciona hoy en día en esta época. Designado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2008, ha sido el encargado de resolver los conflictos derivados del aprovechamiento del agua de riego entre los agricultores de las Comunidades de Regantes de las acequias que forman parte de él hasta a actualidad.

La Reconquista: el poder del agua

Río Manzanares a su paso por Getafe (Wikipedia/CC)

Tanto la importancia del agua en la sociedad como la necesidad de su buena gestión se acrecientan durante esta parte de la Edad Media, una época llena de conflictos bélicos en la que el agua es considerada como un bien estratégico y de poder.

El modo en el que se percibe el abastecimiento de agua no parece sufrir grandes alteraciones respecto a la administración musulmana y su transición al dominio cristiano. Pero sí se detiene en el estudio de cómo guardar el agua de lluvia; en la importancia de todas las fuentes de agua; y, por supuesto, en su consideración jurídica. De este modo, el mantenimiento de las redes de abastecimiento y saneamiento genera la aparición de funcionarios encargados de su gestión.

En la Edad Media se tiene la firme convicción del legislador sobre la relevancia y necesidad del agua como recurso vital

Se tiene la firme convicción del legislador sobre la relevancia y necesidad del agua como recurso vital. Entre los siglos XIII y XV, las aguas tienen la consideración de bienes personales o patrimoniales, sujetas al dominio del soberano y, por tanto, sujetas a su derecho a disponer de las mismas. Este derecho señorial de disponer de agua era compatible con el derecho de terceros a usarla, coexistiendo así la propiedad eminente de los señores con la propiedad útil de otros, que podían gozar del agua. Así, el sistema comportaba una estructura con cuatro tipos de propiedad jerárquicamente relacionados: los derechos del soberano, los de los señores, los de los pueblos, y los de los particulares, convirtiendo al agua en una utilidad económica.

En cuanto a la financiación de las infraestructuras hídricas, cada ciudad se adapta de acuerdo a sus posibilidades económicas y sus relaciones político-sociales, siendo el concejo el encargado de establecer cómo se afrontan los costes. En general se dispone que la obra pública sea financiada por el ayuntamiento y, de no tener medios económicos suficientes, se pueden solicitar una licencia a los monarcas para imponer sisas o impuestos con el fin de obtener la liquidez necesaria. De aquí nacen diversas fórmulas como repartimientos, derramas y tasas como el acequiaje, el portazgo y el pontaje, que se heredan en siglos posteriores.

La Edad Moderna: la cara y la cruz del avance hidráulico

Viajes de agua en el Parque Dehesa de la Villa, Madrid (Wikipedia/CC)

Época caracterizada por la existencia de dos tipos de estatutos del agua basados en dos realidades socioeconómicas distintas: la de los territorios donde la posesión de la tierra y el uso del agua van unidos y aquellos otros en que se disocian, dando lugar a la posibilidad de vender el agua.

El siglo XVII se considera el punto de partida del proceso constructivo de los nuevos viajes del agua en España

El siglo XVII se considera el punto de partida del proceso constructivo de los nuevos viajes del agua en España. Con el regreso de la Corte a Madrid, comienza una nueva política para el abastecimiento de agua, destacando la construcción de dos grandes infraestructuras: los viajes de aguas de Madrid en todo su conjunto y el viaje de aguas de Argales en Valladolid, declarado Bien de Interés Cultural en 1982.

Durante esta etapa primó el esfuerzo de mejorar el abastecimiento de las ciudades y aumentar el caudal del agua disponible, ampliando la extensión de la red de distribución y satisfaciendo al menos las necesidades mínimas del pueblo. Sin embargo, en la práctica su construcción resultó ser el reflejo de una sociedad jerarquizada: junto al agua para la gente común que suministraban las fuentes, coexistían sistemas de acceso privilegiado a la misma para las instituciones y determinadas personas con cierta condición social. Así, la disponibilidad de agua en el hogar estaba solo al alcance de una minoría que o bien la compraba, o bien obtenía de gracia por merced de la Corona o del Ayuntamiento. Los habitantes que no tenían este privilegio, o iban directamente a las fuentes públicas o acudían a los servicios del gremio de aguadores.

El movimiento regeneracionista: el liberalismo hídrico

Canalización de agua de la avenida de Gaudí (Fuente: Aigües de Barcelona)

El crecimiento de la población y la escasez hídrica, especialmente en el área mediterránea, que provocaron el aumento de la demanda de agua durante el siglo XVIII, y el nacimiento de la modernidad hidráulica bajo la influencia de los franceses, son los antecedentes de la intervención del movimiento regeneracionista en materia de aguas promovido por Joaquín Costa, que pide la nacionalización del agua.

La Ley de Aguas de 1879 sentó los principios básicos de la utilización racional del agua

Se da así la despatrimonialización del agua mediante una serie de leyes que tratan de eliminar las dificultades del régimen tradicional. Destacan dos importantes decretos de las Cortes de Cádiz que suprimen el dominio eminente de los señores sobre las aguas cuyo dominio útil era de particulares, haciendo que pasasen a ser objeto de una propiedad plena en su beneficio, y se extienda también a las aguas sujetas al Real Patrimonio, de forma que los titulares del dominio útil del agua recibían automáticamente el dominio directo.

La reforma liberal de la segunda mitad del siglo XIX, que liquidó el Antiguo Régimen y modernizó el Estado, unificó y aclaró la legislación del agua. Nace la Ley de Aguas de 1879, que aunque no llegó a materializarse del todo, sentó los principios básicos de la utilización racional del agua basada en el dominio público en el aprovechamiento de las fuentes de agua naturales y las obras hidráulicas, fundamentalmente en el ámbito del regadío.

La legislación liberal otorgó mayores competencias a los ayuntamientos, surgiendo las primeras fórmulas concesionales mediante las que se autoriza el uso privativo del agua para promover el desarrollo del país. Ejemplo de ello, es el nacimiento en 1867 de la empresa Aigües de Barcelona (hoy una de las principales empresas de servicios del agua del país), que tomó la iniciativa de aprovechar todos los recursos hídricos de Barcelona y crear una extensa red de suministro para hacer llegar el agua potable a todos los hogares.

Siglos XX y XXI: La fiebre del agua

Infraestructura perteneciente al trasvase Tajo-Segura (Wikipedia/CC)

La necesidad de garantizar con el cumplimiento de los preceptos legislativos anteriores llevó al Estado a establecer una organización administrativa adecuada. Así, nacen las Confederaciones Hidrográficas en 1926, algo pionero en el mundo. Aunque no fue hasta la nueva Ley de Aguas de 1985 que instituyó definitivamente al organismo de cuenca como el competente sobre la adecuada gestión de los recursos hídricos; en ese periodo, fue la Comisaría de Aguas quien tenía la competencia.

Las nuevas políticas reguladoras implementadas por parte del Estado dejaron atrás el modelo de gestión territorial y dieron más protagonismo a los ayuntamientos en la gestión directa del servicio de agua en detrimento de las privadas. Esta tendencia municipalista se agudizó durante la época franquista, que continuaba la visión regeneracionista y donde se dio el auge de las construcciones hidráulicas. Se da aquí el Plan General de Obras Públicas y los trasvases se convierten en una realidad, destacando la aprobación del Trasvase Tajo-Segura en 1979.

La actual normativa española permite que la gestión del ciclo urbano del agua no sea exclusiva de una entidad local

No fue hasta 1985, con la nueva Ley de Aguas, que se reconoció la unicidad del ciclo hidrológico y se estableció el Dominio Público Hidráulico tanto en las aguas superficiales como en las subterráneas. Con los Planes de Cuenca y el Plan Hidrológico Nacional, la titularidad del agua es ejercida siempre por la Administración Pública, cuyo acceso está regulado por ley y determina qué usos son de libre acceso y qué utilización debe ser obtenida mediante algún tipo de autorización o licencia.

La actual normativa española permite que la gestión del ciclo urbano del agua no sea exclusiva de una entidad local, sino que pueda llevarse a cabo de manera mancomunada o delegada a una empresa privada o mixta. Así, durante los últimos años España ha venido constatando una diversidad de modelos de gestión del agua. Según datos de AEAS de 2016, la prestación de los servicios del agua se divide en cuatro figuras: el 34% de la población es abastecido por entidades públicas, el 34% por empresas privadas, el 22% por empresas mixtas y el 10% por servicios municipales.

Este modelo de gestión está siendo cuestionado por motivos político-administrativos: Por un lado, la falta de coincidencia entre los límites de las cuencas y los de las CCAA está generando problemas en la gestión de la unidad de cuenca; por otro, la burocratización de la gestión de los servicios del agua y la interacción entres agentes de carácter público y privado en las competencias, que abre el debate sobre la necesidad de una coordinación y asunción de responsabilidades y riesgos entre las instituciones, de la aparición de un regulador único y de la elaboración de un nuevo Plan Hidrológico Nacional.

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