Hace unas semanas tuve ocasión de asistir a una conferencia que impartió en Terrassa el profesor Enrique Cabrera Marcet, Catedrático de Mecánica de Fluidos de la Universidad Politécnica de Valencia. La conferencia llevaba por título “Agua, Sociedad y Sostenibilidad” y el acto había sido programado por la Fundación Mina de Terrassa. Durante casi una hora, el profesor Cabrera fue desgranando todos y cada uno de los retos que la gestión del agua tiene ante sí en España. El guión de dicha conferencia debería ser hoja de ruta para los dirigentes políticos del mundo del agua y sus contenidos deberían convertirse en las ideas motrices que sirvieran para resolver los principales temas que el sector, especialmente desde su vertiente pública, tiene pendientes.
No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época y no hay alternativa
La crisis, cómo no, ocupó parte de la charla. Pero no la crisis en sí misma, en abstracto, sino como dificultad añadida para cumplir uno de los retos más importantes que ante sí tiene el país: el de cumplir con la Directiva 91/271 de depuración de aguas residuales y con la Directiva Marco de la Unión Europea, según la cual las masas de agua de los países miembros deben tener un buen estado ecológico. Ya a primeros de 2012 apareció en la prensa una noticia según la cual el ministro Arias Cañete reconocía que se preveían sanciones por parte de la UE de entre 20 y 50 millones de euros al año debido a que que aún existían casi 1.000 localidades que vertían sus aguas residuales sin el adecuado tratamiento. Año y medio más tarde, en agosto de 2013, iAgua recogía unas palabras de Jesús Morales, consejero de Aguas del Cabildo de Tenerife, quien afirmó que “ (…) este tipo de multas funciona como un taxímetro, es decir que hasta que no se solucione el problema, la cuantía de la misma sigue corriendo y aumentando” y que “actualmente, el total para el Estado asciende a 900.000 euros/día”.
Así pues, la situación a fecha de hoy, lejos de estar resuelta, conlleva unos importantes gastos adicionales que erosionan a unos ya debilitados presupuestos públicos. Pero las malas noticias no terminan ahí, sino que el profesor Cabrera nos anunció la próxima pesadilla: el envejecimiento de las infraestructuras y las nuevas necesidades de mantenimiento, al alza, que van a ir apareciendo progresivamente en los próximos años. En su charla proyectó un gráfico que mostraba la variable tiempo (entre los años 1900 y 2040) en el eje de las X y dos parámetros (mediana de la edad de la población de Estados Unidos y mediana de la edad de sus infraestructuras de abastecimiento de agua) en el eje de las Y. Es un gráfico impactante por la pendiente con la que crece la mediana de la edad de las infraestructuras (se pasa de 5 años en 1900 a 100 años en 2040), que contrasta con la evolución más pausada, aunque al alza también, de la población, que pasa de una edad mediana de unos 23 años en 1900 a unos 40 años en 2040. En las fechas actuales, dichos valores se sitúan en unos 70 años de mediana de edad para las infraestructuras de abastecimiento y en unos 37 años de mediana de edad para la población.
El tiempo pasa muy rápido y que las pequeñas inacciones de hoy pueden dar lugar a los grandes quebraderos de cabeza del mañana
Si ello es así para las infraestructuras de abastecimiento, algo parecido, aunque con retraso, deberá de ocurrir con las de saneamiento, que sin embargo están expuestas a unos ambientes mucho más agresivos. Es cierto que en España muchas infraestructuras son relativamente nuevas y que posiblemente aún no estemos en esos valores. Pero también es cierto que el tiempo pasa muy rápido y que las pequeñas inacciones de hoy pueden dar lugar a los grandes quebraderos de cabeza del mañana.
Con todo ello, el panorama que se nos dibuja en el horizonte es preocupante: ¿cuánto costará no sólo construir las infraestructuras necesarias para evitar la sangría de las multas, sino mantener todo el parque de instalaciones de tratamiento de agua ya actualmente existente? Si en Estados Unidos ya se empiezan a plantear seriamente el tema y a valorar cómo les puede afectar, quizás aquí deberíamos también empezar a pensar en horizontes que fueran más allá de las legislaturas y que partieran de unas bases de trabajo consensuadas a largo plazo y que no se resintieran de los previsibles cambios parlamentarios que se puedan producir. Al fin y al cabo la corrosión no entiende de colores políticos.
Y termino con las conclusiones del profesor Cabrera: No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época y no hay alternativa. Habrá que construir las instalaciones que nos faltan, mantener las que ya tenemos y procurar que funcionen como deben. Y dado que ello significará tener que pagar más, habrá que hacer de la eficiencia el reto principal, para pagar lo menos posible. Y añado: y ponernos al día, para que lo que pagamos en multas lo podamos dedicar a invertir en dar el servicio adecuado a la ciudadanía y, de paso, a evitar las multas del futuro.
