Remunicipalización: la difícil recuperación pública de la gestión del agua

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  • Remunicipalización: difícil recuperación pública gestión agua

El debate entre la gestión pública y la privada del agua no sólo se centra en la batalla ideológica de las distintas opciones políticas, sino que también tiene un componente técnico. Según el informe de fiscalización del Sector Público Local de 2011[1], realizado por el Tribunal de Cuentas, en los municipios de menos de 20.000 habitantes –el 95% del total de municipios españoles– la gestión pública directa de servicios básicos como el abastecimiento domiciliario de agua potable, la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos tienen un coste menor que con la externalización de dichos servicios.

Los resultados del informe del Tribunal de Cuentas están en línea con los obtenidos en otro estudio realizado por la Universidad de Granada[2]. Su conclusión, tras comparar empresas públicas y privadas de agua en Andalucía, es que las empresas públicas son más eficientes que las privadas en la prestación del servicio, y considera que uno de los motivos es la laxitud en el control de la actividad del operador privado por parte de la Administración.

A la vista de estos resultados, cabría preguntarse a qué otros intereses, que no sea la eficiencia en la gestión, obedece el proceso privatizador del servicio de agua vivido en el Estado español en los últimos años. La privatización –y la falta de control público– se ve favorecida por la falta de recursos municipales, por los programas de austeridad y de reforma de la administración local impuestos por el gobierno central y por la debilidad de la regulación. Por otro lado, se puede decir sin temor a equivocarse que detrás de cada proceso de privatización hay una necesidad de financiación por parte de la entidad privatizadora[3].

Así, se ha privatizado la gestión del agua en una parte considerable del territorio. Actualmente, la gestión privada, a través de empresas mixtas o privadas, abastece ya al 55% del total de la población española4. A su vez, esa gestión privada está controlada en un 87% por dos empresas: Aguas de Barcelona (AGBAR) –perteneciente al grupo Suez Environnement– y Aqualia –perteneciente al grupo Fomento de Construcciones y Contratas–. Así pues, en la práctica, se puede decir que se está gestionando un derecho humano en un régimen de auténtico oligopolio donde no hay competencia. Tras varias décadas de importante actividad del sector privado en la prestación del servicio de agua es posible constatar algunas de sus consecuencias como, por ejemplo, que las empresas privadas acuden a donde hay oportunidad de negocio y los criterios sociales pasan a un tercer plano, se introducen nuevos costes, la gestión del agua se concentra en pocas empresas privadas, se precarizan las condiciones laborales del personal contratado, etc.

Los efectos no deseados de la privatización han hecho que en muchas ciudades europeas como Grenoble, París o Berlín se haya remunicipalizado recientemente el servicio. En el Estado español, la remunicipalización es también un hecho. Se pueden citar, en este sentido, casos como los del Torrelavega (segundo núcleo más importante de Cantabria), Ermua (Bizkaia), Arteixo (Coruña), Manacor (Mallorca), Medina Sidonia (Cádiz), Arenys de Munt (Barcelona), Lucena (Córdoba), Teo (Compostela) o los 22 pueblos de la provincia de Sevilla agrupados en Aguas del Huesna, siempre con un servicio mejor y con la prioridad de la accesibilidad del agua a toda la ciudadanía.

Algunos ejemplos de tendencia

En la sociedad Aguas del Huesna se encuentra quizá el origen del movimiento remunicipalizador en España. Son 22 municipios sevillanos, con unos 300.000 habitantes en su conjunto, que decidieron dar marcha atrás en el proceso privatizador que se les había planteado para asegurarse el suministro del agua en 1994. Aquella privatización acabó en un mejunje de sobrecostes en las inversiones proyectadas y de incumplimientos que en 2007 derivó en un expediente de rescate de la concesión y en la puesta en marcha de una empresa pública que se encarga de abastecer agua a esos municipios. El mayor tiene 50.000 habitantes; el menor, apenas 300.

La burbuja hídrica es causa y efecto, a veces, de la corrupción. En Torrelavega (con 54.827 habitantes), el llamado ‘escándalo del agua’ surgió al detectar los técnicos municipales irregularidades en la gestión de la empresa mixta, concretamente durante los ejercicios de 1999 y 2000. En 2011 quedó resuelto el proceso administrativo, con el respaldo judiciala la decisión del pleno de la Corporación de rescindir el contrato entre el Ayuntamiento y Aqualia (FCC), la empresa privada que tenía entonces el 51% de las acciones de la sociedad responsable de la gestión del agua en el municipio (Aquator). Las acusaciones tienen que ver con la presunta manipulación de caudalímetros, la contratación irregular de empresas filiales para distintos trabajos y el desvío de compras de carbón activo para otros municipios, principalmente. En la actualidad la empresa pública de Torrelavega ha acometido importantes obras de agua y presenta beneficios.

Otro caso muy conocido es el de Medina Sidonia (11.781 habitantes), Cádiz, municipio que en 2003 decidió crear su propia empresa pública — hoy denominada Medina Global— para gestionar el abastecimiento del agua, el factor precio fue importante. Pero desde que se recuperó la gestión pública, en el municipio no ha habido cortes de agua, ni siquiera con la irrupción de la crisis económica. La decisión de remunicipalizar fue tomada con una firme voluntad de mejora del servicio en todos sus aspectos, así como de repercutir directamente los beneficios generados en el municipio. En la actualidad Medina está intentando remunicipalizar también los servicios de recogida de residuos.

El modelo de Medina Sidonia también ha inspirado a ciudades como Lucena (42.560 habitantes) o Córdoba, que recientemente ha remunicipalizado el servicio y aplica los valores del derecho humano al agua siguiendo las recomendaciones de la ONU. Un modelo de gestión público que en un solo año ha acometido obras que eran vitales para garantizar el acceso al agua a la ciudadanía y que a día de hoy presenta superávit.

El caso de Arteixo

El 4 de abril del 2013 el pleno de Arteixo decidió la rescisión del contrato con Aqualia, la parte privada empresa mixta Augarsa. El alcalde popular de Arteixo, Carlos Calvelo, relató una serie de incumplimientos de la parte privada como justificación de las rescisión de dicho contrato. El acuerdo contó con la abstención del PSOE y del BNG.

El conflicto se judicializó y recientemente el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dio la razón al Ayuntamiento y culpabiliza a Aqualia. El tribunal considera probado que la compañía incumplió sus compromisos de mejorar la red de aguas de Arteixo. En total tenía que haber gastado 8,8 millones de euros en seis años. El Superior da por válido un informe de una auditoría técnica de los sistemas de abastecimiento y saneamiento de 2012, en el que se señala que la red presentaba un "deficiente estado de mantenimiento y conservación" en 2013, cuando se rescindió el contrato. "Hay evidencias gráficas al respecto que no han sido desmentidas", señala el tribunal. El Superior destaca que el Ayuntamiento cuenta con un "sólido y lógico soporte documental" que justifica la decisión de municipalizar el servicio de aguas y que Aqualia estaba "desprovista" de argumentos que permitiesen rechazar la decisión de rescindir el contrato.

La sentencia además asegura que se aprecian pautas de contratación empresarial por parte de Augarsa "con precios sensiblemente superiores a los de mercado" con terceras entidades vinculadas al mismo grupo que Aqualia. Un informe de la Secretaría Municipal de 2013 incidía en que el 92% de los contratos se hacían a empresas vinculadas al grupo FCC con sobreprecios del 25% al 245%. La empresa entonces había alegado que estos contratos se aprobaron por unanimidad del consejo de administración de Augarsa, por lo que el Concello "era perfectamente consciente de a quién y cómo se estaban adjudicando las obras".

Ahora será otro juzgado el encargado de cuantificar la indemnización que recibirá el Concello. El gobierno local le pide 26 millones y Aqualia ya tuvo que depositar 14 millones en el juzgado como aval.

Barreras para la remunicipalización

Muchos ayuntamientos, a pesar de tener un deseo de poder volver a lo público, se encuentran con escasas posibilidades para hacerlo. Hasta ahora, las privatizaciones han tenido un claro objetivo: la financiación extraordinaria que consiguen con ello las administraciones y restar gasto corriente a sus partidas presupuestarias. En esos mismos argumentos se encuentran ahora los problemas para desprivatizar la gestión del agua, con las arcas municipales padeciendo la crisis con una reducción de ingresos. El rescate se puede pedir, pero implica, en la mayoría de las ocasiones, devolver la cantidad no amortizada del canon concesional e incluso a veces a pagar una indemnización por lucro cesante. Y eso lo hace muy difícil.

Además, las concesiones se hacen a 20 o 30 años vista, lo que encarece todavía más cualquier proceso. Muchos ayuntamientos son tan conscientes de la imposibilidad de rescatar concesiones de agua que lo único que reclaman es una guía para controlar a la empresa concesionaria, ya que a veces se hereda una importante laxitud en el control del servicio. Sin embargo, la mayoría de los ayuntamientos no cuentan con personal cualificado para auditar a estas empresas, el primer paso en la hoja de ruta de la remunicipalización. El intento de incrementar una plantilla municipal dedicada al control de esta serie de servicios también se imposibilita por el marco restrictivo impulsado por el Gobierno central, que te impide contratar personal dentro del ayuntamiento.

Por estas cuestiones (y por otras muchas razones) no creemos que el actual modelo privado en España esté en peligro pero si creemos que perderá su actual hegemonía. En breve podemos asistir a algunos cambios favorables a la deprivatización de la gestión del recurso ya que caducan importantes contratos en ciudades como Santiago de Compostela o Valladolid. Paralelamente también se han judicializado muchos de los grandes concursos de privatización. En este proceso hay sentencias judiciales - como la reciente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pidiendo la anulación de la adjudicación del servicio del área de Barcelona a AGBAR sin licitación abierta o las sentencias sobre la anulación del proceso de privatización de la empresa pública Aigües Ter Llobregat- que pueden invalidar importantes contratos de privatización y favorecer la tendencia hacia la desprivatización. Estas ciudades tienen la oportunidad de optar por un modelo como el que tienen la mayoría de grandes ciudades europeas. Hoy la gestión pública abastece aproximadamente el 90% de las principales ciudades del mundo y son centenares los municipios que han apostado por la remunicipalización.

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