Lima –después de El Cairo (Egipto)— es la segunda megaciudad del mundo enclavada en un desierto, con diez millones de habitantes, alta vulnerabilidad al cambio climático, acelerada y caótica urbanización, crecientes actividades económicas e industrialización, multiplicidad de razas, estrés hídrico, escasa educación ambiental y donde los pobres pagan más por el agua que los ricos.
Quizás estos retos y grandes desafíos llamaron la atención de los alemanes, por lo que decidieron volcar todo su expertise en gestión del agua y los efectos del calentamiento global en una de las ciudades más complejas socialmente de América Latina. En el 2014, el gobierno de la República Federal de Alemania suscribió un convenio de cooperación internacional con el gobierno de Perú, para el fortalecimiento de la gestión integrada de los recursos hídricos y la adaptación y resiliencia climática de Lima (un año después el gobierno aprobó la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático).
Nadie imaginaba –ni siquiera los prospectivos alemanes— que tres años después de iniciarse el Proyecto de Adaptación a la Gestión de los Recursos Hídricos en zonas urbanas con la participación del sector privado (ProACC), el primero en su tipo en Perú, se presentaría sorpresivamente a fines del 2016 y primeros meses del 2017, el trágico fenómeno denominado Niño Costero, variante inusual del Fenómeno El Niño, que focalizó y calentó las aguas del Pacífico especialmente en las costas de Ecuador y, principalmente, de Perú.
La sequía, luego las lluvias, los desbordes de los ríos, inundaciones y huaicos, paralizaron Lima y las principales ciudades del norte peruano, y algunas en los Andes y la Amazonía. Durante más de una semana, diez millones de limeños quedaron desabastecidos de agua potable, debido al colapso de la infraestructura hídrica y vial, y la falta de un plan de prevención gubernamental ante desastres climáticos de gran magnitud.
El Niño Costero fue letal: murieron más de cien personas y casi un millón resultaron damnificadas. Fueron afectadas 153.329 viviendas, 7.500 kilómetros de vías terrestres, 509 puentes, 1.250 escuelas y un centenar de centros de salud, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). La consultora Macroconsult, informó que los daños superaron los US$3.100 millones, equivalente al 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB) peruano. El cambio climático asestó un duro golpe a Perú interrumpiendo su crecimiento sostenido de 4% por 2,5% en el 2017 (según Memoria del Banco Central de Reserva de Perú) por la inoperancia gubernamental, que hasta hoy no culmina la reparación de los daños ni cuenta con un plan de prevención hídrica para Lima.
Aún más, importantes documentos nacionales de gestión quedaron solo en el papel, como por ejemplo, el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático (2010), el Plan de Gestión de Riesgos y adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario 2012-2021 (2012), Plan de Acción para la Adaptación de Pequeñas Comunidades Altoandinas en el Perú (2014) y la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (2015).
Ahora, la esperanza de los peruanos quedaba cifrada en la cooperación técnica alemana y su importante proyecto en Lima, que debía culminar en el 2019, y que serviría –de resultar exitoso— como modelo para su réplica en ciudades mucho más pequeñas en el interior del país, y mucho más vulnerables y nada resilientes ante los efectos del cambio climático.
(continuará)
