Perú es uno de los diez países más vulnerable al cambio climático dada su ubicación geopolítica; y Lima, con diez millones de habitantes, y cuya actividad económica representa el 50% del Producto Bruto Interno (PBI), está poniendo en riesgo la estabilidad política y social nacional si no fortalece y acelera su política de gestión de riesgos de desastres, y de adaptación y mitigación de los efectos de la variabilidad climática[1].
En el 2017, la capital de la República fue impactada terriblemente por el Niño Costero, falleciendo más de cien personas debido a las inundaciones y deslizamientos, colapsando el servicio de agua potable durante una semana, paralizando las actividades y desnudando la profunda debilidad del gobierno ante un evento climático extremo; y que poco o nada ha hecho en política de prevención y resiliencia.
El crecimiento de la economía, el consumismo, el aumento de la población, la mayor demanda de energía, y nuestras malas prácticas medioambientales, están superando a las políticas climáticas, dado que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron en el 2018 y continuará esa tendencia el 2019, alejándonos de las metas del Acuerdo de París.
El gobierno alemán, a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), suscribió en el 2014 un convenio de cooperación con el gobierno peruano, para promover y fortalecer la gestión del cambio climático; tema poco atendido, estudiado, comprendido y practicado por las autoridades en el tema del agua; recurso que abunda en el país de los Andes, y que requiere mayor gobernanza y gobernabilidad, si deseamos cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los acuerdos medioambientales internacionales.
Perú es uno de los diez países más vulnerable al cambio climático dada su ubicación geopolítica
Es así, que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con la cooperación alemana puso en marcha en la circunscripción de Lima, el Proyecto Adaptación de la Gestión de los Recursos Hídricos en Zonas Urbanas al Cambio Climático con la Participación del Sector Privado (PROACC), que ad portas de finalizar este año, ha logrado resultados promisorios: 1. creó el Observatorio del Agua para las cuencas Chillón Rímac y Lurín, primero en su tipo en el país; 2. impulsó proyectos públicos privados multisectoriales de gestión de recursos hídricos con enfoque de adaptación al cambio climático, otorgándose el Certificado Azul para empresas hídricamente responsables.
Y, 3. ha promovido y concienciado en las autoridades municipales sobre la importancia del reúso de aguas residuales tratadas, iniciándose en algunos distritos el riego de parques y jardines con aguas tratadas, apuntando a cubrir la brecha de 9m²/ha de áreas verdes, sugerido por la Organización Mundial de la Salud para ciudades sustentables.
Este Proyecto Piloto peruano-alemán debería ser mejorado y replicado especialmente en los departamentos que sufren estrés hídrico como Tacna, Ica y Chiclayo; y paralelamente es urgente y necesario aprobar el reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático, para promover políticas, planes y estrategias verdes, sustentables, resilientes al clima, bajas en carbono, con infraestructura verde, energías limpias, economía circular, igualdad de género, rescate del conocimiento ancestral, nuevas tecnologías y adecuado financiamiento, y educación y cultura medioambiental. Caso contrario estaremos a merced no solo del cambio climático y su secuela de destrucción y muerte, sino del deterioro de los ecosistemas, el desabastecimiento de servicios básicos, el incremento de la pobreza, el irrespeto de los derechos humanos, la injusticia social, el subdesarrollo, el debilitamiento de la gobernabilidad y la democracia, y el descrédito internacional.
[1] Producida principalmente por la emisión de dióxido de carbono que en un 85% emiten preocupantemente los países industrializados de China, India, Estados Unidos, Rusia y Japón. Perú ocupa el puesto 102 con apenas 0.1% de emisión; pero es uno de los principales perjudicados.
