Los conflictos sociales son una constante desde el siglo pasado en el Perú. Es un síntoma crónico que parece no preocuparle a nadie en las últimas décadas, pese a que es un grave problema social, que expresa inoperancia del Estado, falta de atención a las demandas sociales y el ensanchamiento de las brechas sociales y la pobreza. Esta crisis afecta la gobernabilidad, vulnera los derechos humanos, obstruye la construcción de gobernanza, altera el estado de derecho y vulnera el bienestar de todos.
Conflictos por el agua
La gestión del agua no escapa a esta problemática. “Desde el 2012 al 2017 se ha registrado un promedio mensual de aproximadamente 141 conflictos al mes; 96 de éstos están relacionados con las actividades mineras y a temas hídricos”[1], según la Defensoría del Pueblo. En el 2019 los conflictos aumentaron a 180, y en el 2021 fueron 252. El 70% de estas controversias tuvieron un carácter socioambiental, y la mayoría estuvieron relacionados con el agua y los sectores mineros e hidrocarburíferos[2]; y, se produjeron principalmente en los departamentos de Loreto, Áncash, Cusco, Pasco, Cajamarca y Puno.
Las demandas socioambientales están relacionadas principalmente a: indemnización o compensación; atención a la salud por presunta contaminación; remediación ambiental; protección de ecosistemas frágiles, áreas naturales protegidas, recursos naturales y otros; evaluación, monitoreo y participación ciudadana; fiscalización ambiental; cese de presunta contaminación ambiental; adecuada utilización de recursos hídricos; elaboración, evaluación, aprobación, modificación de instrumentos de gestión ambiental y participación ciudadana.
Según el diario El Comercio refiriéndose a los conflictos sociales en el Perú, informó que casi la tercera parte son por el agua. “De 539 conflictos registrados en los últimos años, 153 están relacionados con el manejo de los recursos hídricos”[3]. Y la Defensoría del Pueblo sostiene en el documento Conflictos sociales y recursos Hídricos[4] (2015), que “los conflictos sociales vinculados a los recursos hídricos tienen entre sus causas el temor o la supuesta afectación a sus atributos principales: la calidad, la cantidad y la oportunidad. Pero las demandas que se plantean en relación con el agua no se manifiestan aisladamente sino que, en la mayoría de los casos, forman parte de una problemática más amplia, y se ubican mayormente en los conflictos socioambientales por actividades mineras, pero también en los conflictos por asuntos de gobierno regional o por demarcación territorial, entre otros”.
Las causas principales fueron: ausencia y/o ineficacia del Estado, las desigualdades sociales, marco legal contrario al bien común, desinformación, falta de comunicación, incumplimiento de acuerdos, ausencia de responsabilidad social, débil promoción de la educación y la cultura hidroecológica y el gran problema de la centralización del poder público.
Los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca
¿Cuál fue el papel del Ministerio de Agricultura y de la Autoridad Nacional del Agua, en estos últimos quince años?. La ANA se fundó en el 2008, tres años después y cumpliendo la Ley 29338 Ley de Recursos Hídricos, en el 2011, mediante Decreto Supremo Nº 006-2011-AG, se creó el primer Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC), en la cuenca de Chira-Piura, en la costa norte del país.
Según la norma, los CRHC son órganos de naturaleza permanente integrantes de la ANA, creados a iniciativa de los gobiernos regionales, con el objetivo de participar en la gestión del agua, a través de espacios de diálogo entre los actores políticos, económicos y sociales (integrantes o no del Sistema Nacional de Gestión de los recursos Hídricos), de una o varias cuencas, consensuando el Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca.
En 15 años, la ANA ha creado gracias al Proyecto Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos (PMGRH) 14 Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca: Tumbes, Chira-Piura, Chancay – Lambayeque, Chancay-Huaral, Quilca-Chili, Caplina-Locumba, Jequetepeque-Zaña, Chillón-Rímac-Lurín, Tambo-Santiago-Ica, Vilcanota-Urubamba, Mantaro, Pampas y Urubamba, Subcuenca Mayo. En conformación hay tres: Tambo-Moquegua, Titicaca, y Mala-Omas-Cañete, y se tiene previsto crear cuatro nuevas cuencas hidrográficas piloto en la vertiente Atlántica: Cuenca Mayo, Mantaro, Pampas-Apurímac, y Urubamba-Vilcanota. El objetivo es crear 29 Consejos en el territorio nacional, según información en la página web de la ANA.
Pero la creación de estos 14 Consejos de Recursos Hídricos no ha detenido el incremento de los conflictos sociales por el agua. En el 2013 el documento Identificación y Priorización de Ámbitos para la Creación de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (2013)[5], recomendó “Elaborar un estudio más detallado para determinar los tipos de CRHC, en función de los problemas y conflictos relacionados con la gestión de los recursos hídricos en sus ámbitos”. Más no hubo cambios significativos y el proceso continuó con la creación de estas organizaciones en la costa peruana, en la cuenca del Pacífico, mientras los conflictos se reproducían mayormente en la sierra y la selva, en las cuencas del Titicaca y del Atlántico.
Descentralizando la gestión del agua
Pese a que los CRHC nacieron sin mayor fortaleza y autonomía, es una política pública interesante para la descentralización de la gestión de las fuentes naturales de agua y la construcción de gobernanza, pero el mayor desafío que enfrentan es su precaria institucionalidad, organización, economía y falta de recurso humano especializado y con voluntad de cambio.
La Defensoría del Pueblo subrayó que además de los CRHC “en los últimos años se ha venido implementando una serie de órganos al interior de la Autoridad Nacional del Agua, tales como las Autoridades Administrativas del Agua, el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, e incluso, recientemente, la Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos”[6], que complementan la labor de diálogo y consenso ante las controversias por el agua.
Mayor poder y fortaleza a los CRHC
Más, el gran papel lo deben realizar los Consejos de Recursos Hídricos. Se debe dinamizar estas importantes organizaciones reformando y actualizando el marco legal, reactivando y fortaleciendo el Sistema Nacional de Recursos Hídricos, delegándole mayores funciones y poder de decisión, ampliando su autonomía política, administrativa, económica y financiera, otorgándole mayor resolución ante la problemática hídrica local. Es imperativo que los CRHC promuevan y ejecuten proyectos y convenios nacionales e internacionales de inversión especialmente en infraestructura natural, digitalización, calidad del agua, gestión de los conflictos sociales, investigación, control y fiscalización, adaptación y resiliencia ante los efectos del cambio climático, cultura del agua y sentar bases para el tránsito a una economía verde.
La Defensoría del Pueblo recomendó en el 2015 a la Autoridad Nacional del Agua “intensificar la coordinación con los gobiernos regionales a fin de concluir los procesos de conformación y creación de consejos de cuenca, teniendo en consideración aquellas regiones donde se identifique un mayor número de conflictos sociales vinculados a los recursos hídricos y las problemáticas locales identificadas. Además, sugirió “diseñar e implementar un plan de fortalecimiento de capacidades de sus profesionales”.
Además debe crearse conciencia hídrica y ecológica que motive a cada consejero, autoridades y demás actores decisorios empoderarse en su rol y funciones dentro del Consejo, los gobiernos regionales, locales y el sector privado, en el marco de la gestión integrada de los recursos hídricos. Deben generar espacios, tiempos y oportunidades necesarios para lograr una participación activa colectiva, que coadyuve a la institucionalidad y posicionamiento del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, hecho que dará legitimidad al proceso de la gestión integrada de los recursos hídricos en armonía con la naturaleza.
La consolidación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca debe tener prioridad en la agenda nacional, regional y local, más aún en los tiempos difíciles que enfrentamos de escasez, contaminación, uso indiscriminado del agua y la alteración de los ecosistemas debido a actividades industriales, productivas, extractivas y de servicios poco regulados por el Estado, desde el punto de vista hídrico y ecológico.
Los CRHC son espacios públicos estratégicos para la toma de decisiones consensuadas y concertadas en la gestión de los recursos hídricos. Promueven la participación activa de todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil. Por lo tanto, deben transformar los conflictos sociales en oportunidades de desarrollo sostenible con justicia socioambiental. Son pilares importantes para crear conciencia sobre el valor del agua y la seguridad hídrica, la gobernabilidad, la paz social, el equilibrio sociedad-naturaleza, la democracia y el bienestar de todos.
[1]VILLAR VÁSQUEZ, MERCEDES DEL PILAR (2018). “El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca como espacio para el diálogo frente a los conflictos sociales relacionados con la actividad minera".
