La creación de la Autoridad Nacional del Agua – ANA, el 13 de marzo de 2008, mediante D.L. N° 997, sembró mucha expectativa nacional. Se dio en el segundo gobierno aprista del presidente Alan García, cuando tenía 32% de aprobación, aunque la economía nacional alcanzaba su máximo pico de crecimiento de 9,8 por ciento, la tasa más alta en los últimos 14 años en el Perú.
La Constitución (1993) establece que el recurso hídrico es patrimonio de la Nación y que el Estado es soberano en su aprovechamiento. Con esta base, un año después, el 30 de marzo de 2009, se expidió la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, que regula el uso y la gestión integrada del agua, la actuación del Estado y los particulares, así como de los bienes asociados a esta.
Esta moderna norma adscribe a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), al Ministerio de Agricultura y Riego, y la convierte en el ente rector y máxima autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, el cual es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Un gran avance en el papel, pero que chocaría con la realidad sociopolítica y ambiental nacional. Era un bonito y moderno auto con un potente motor, pero que necesitaba un buen conductor para explotar su potencialidad, velocidad y performance.
El primer problema para la gobernabilidad hídrica, fue el constante cambio de jefes, con un promedio de seis meses, que se mantiene a la fecha. Se sumó la falta de autonomía, politización, visión agrarista, lento avance de la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH), alta presión de intereses extra institucionales, incipiente gerenciamiento, recurso humano desactualizado, carencia de investigación y desarrollo, débiles órganos desconcentrados, limitado presupuesto, falto de posicionamiento, comunicación y promoción de la cultura del agua, entre otros.
Hubo logros importantes: el marco normativo, la organización y el nuevo modelo de gestión por cuencas se ajustaba a la realidad hídrica nacional, bajo 5 ejes: cantidad, calidad, oportunidad, cultura del agua, y adaptación al cambio climático y eventos extremos.
Se crearon importantes instrumentos de gestión y se inició un proyecto de modernización que crearía los primeros 12 Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca y tecnificaría la administración. Se conformó el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas; se actualizó a términos reales la retribución económica por el uso de agua y vertimiento de agua residual tratada; se implementó el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos y se institucionalizó el certificado Azul y el Programa de Huella Hídrica para las empresas privadas. Se crearon 95 órganos desconcentrados y se inauguró el Sistema de Monitoreo y Alerta por Activación de Quebradas (SAMAQ), identificando más de 1,100 puntos críticos con riesgo a inundación, además de la instalación de barreras dinámicas en 9 quebradas de Lima para protegerla de los huaycos. Finalmente, se suscribieron más de 400 convenios de cooperación nacional e internacional, entre otros avances.
Se ha avanzado, pero muy poco (29%) en la gestión integrada de los recursos hídricos, según monitoreo (realizado solo en algunas regiones, las más atendidas por el Estado) de las Naciones Unidas en el 2016, cuando el promedio mundial es de 45%. El gobierno, la empresa privada y la comunidad en general debe poner en valor el agua y gestionarla con eficiencia, sustentabilidad, tecnología y visión de futuro.
