El último Censo Poblacional del INEI[1], debe poner las barbas en remojo al gobierno peruano que deberá atender las necesidades de servicio público a 31.24 millones de habitantes[2]. Sin seguridad hídrica no lograremos vencer la pobreza y lograr el desarrollo del país, amén de cumplir al 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas‒ y pertenecer a la OCDE.
Uno. La progresiva migración de población altoandina y de ceja de selva hacia las ciudades de la costa, debido al fracaso de la descentralización, demandará mayores servicios de transporte, alimentación, salud, energía, viviendas, infraestructura, empleo y, en especial agua potable y alcantarillado; además, de una adecuada política de prevención de inundaciones y resiliencia al cambio climático, y fomento de cultura del agua. La ANA, SUNASS y OTASS deberán duplicar presupuestos y reorientar sus políticas, planes y estrategias; tema que debió hacerse después del desastre del 2017 que dejó sin agua a Lima ‒hoy con 9.48 millones de habitantes‒, y paralizó el norte del país.
Dos. La otra migración de la sierra a la selva, agravará la deforestación producto de la ampliación de la frontera agrícola y fortalecerá la minería e industria maderera informal y el narcotráfico, alterando peligrosamente el ecosistema amazónico, nuestra mayor reserva de agua. Además, esta región es la que menos servicios básicos cuenta debido a la ya histórica ausencia del Estado.
Tres. Mayor población, igual mayor demanda de agua. Por ende, mayor protección, cuidado y preservación de las fuentes naturales hídricas, fundamentalmente en las cabeceras de cuenca. Aquí, es necesaria una estrecha coordinación entre ANA y SUNASS. La primera, tiene obligación por ley la responsabilidad del funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos; la segunda, la óptima prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, y el cuidado de las fuentes y el ciclo integral del agua, a través de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos.
Cuatro. INEI contabilizó 31 millones de personas, y RENIEC, 36 millones. ¿Qué pasó? Esta grave incongruencia amerita una total reorganización del INEI, incluyendo sus cuestionadas metodologías, especialmente de medición de la pobreza, que señalan optimistas el descenso de la pobreza cuando miles emigran hacia las ciudades invadiendo la periferia, donde subsisten en precarias condiciones sociales. Si no sabemos exactamente cuántos somos, cómo gestionar sostenidamente los recursos hídricos y elaborar política públicas.
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[1] Que se realizó después de diez años, cuando lo ideal es cada cinco años, para la actualización de las políticas públicas y mejor toma de decisión del empresariado privado.
[2] Somos el 5to. país con más habitantes en Latinoamérica; y dentro de 10 años podríamos convertirnos en el 4to.
