No hay duda que las sociedades modernas se vuelven cada vez más complejas y difíciles de gobernar, más aún si consideramos que debemos respetar el equilibrio socio ambiental. En ese sentido la gobernabilidad política influye sobremanera en la gestión del agua.
Perú ha sufrido serios reveses políticos en los últimos cinco años, período en se han sucedido seis presidentes de la República, lo que indudablemente ha mermado la calidad del servicio público de todas las instituciones del Estado. Desde la asunción del expresidente Pedro Castillo, en julio del año pasado, hasta diciembre del presente año 2022, cuando fue destituido por tentativa de un golpe de Estado, registró cinco gabinetes ministeriales, rotando 78 ministros. La nueva presidenta Dina Boluarte, asumió la presidencia el 7 diciembre y hoy estrena segundo gabinete ministerial, con el premier Alberto Otárola.
Obviamente, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y de Riego, también ha sufrido las consecuencias: solo en los dos últimos años ha tenido cuatro jefes, con diferentes ópticas, métodos, intereses y políticas de trabajo.
Quizás pensando en esta alta rotación de autoridades públicas y abogando por la estabilidad institucional y buen desempeño y funciones, algunas instituciones del Estado, como el Banco Central de Reserva, Contraloría General de la República, Fiscalía de la Nación y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento ―por poner unos ejemplos―, sus altos funcionarios y/o directivos gozan de una estabilidad laboral de entre tres a cinco años, por ley.
¿Por qué la ANA no goza de esta prerrogativa constitucional? ¿Acaso, no es suficiente importante la gobernabilidad del agua en sus fuentes naturales? Medio país sufre de estrés hídrico y una tercera parte de la población no cuenta con agua y saneamiento; más del 50% de nuestros nevados tropicales han desaparecido y los desastres naturales (inundaciones, sequías, olas de calor, etc.) se incrementan por efecto del cambio climático; casi todos los ríos están contaminados por acción natural y antrópica; la infraestructura hidráulica nacional necesita fortalecerse y renovarse; las cabeceras de cuenca están abandonadas a su suerte; y el marco normativo demanda actualización urgente.
Estos cambios de autoridad y altos funcionarios ―que en promedio se producen cada seis meses― afectan seriamente la gestión de los recursos hídricos, alterando la política hídrica nacional, alienando la misión y la visión institucional, incrementando la burocracia, perjudicando la ejecución presupuestal, transparencia y consecución de objetivos y metas. Hay desconfianza, poca credibilidad, escaso posicionamiento, serios problemas que la actual administración, cuyo actual jefe Dr. Hugo Jara Facundo ―el único que permaneció en el puesto tres años y medio, en anterior gestión― hace denodados esfuerzos desde hace tres meses para recuperar el máximo ente técnico-normativo del agua.
Gestionar eficientemente los recursos hídricos provenientes de 159 cuencas hidrográficas (62 en la vertiente del Pacífico, 84 del Amazonas y 13 del lago Titicaca), 3,044 glaciares, 12,201 lagunas y 1,007 ríos, en un entorno sociopolítico y ambiental inestable, es cosa seria y de especialistas, por lo que se necesita tiempo prudencial para cumplir con la Política 33 de Recursos Hídricos, la Ley de Recursos Hídricos y demás normas del sector.
Todos los que hemos dirigido alguna vez alguna organización lo sabemos. Démosle estabilidad, continuidad y eficacia a la administración pública y pongamos en la agenda gubernamental prioritaria el tema del agua. Los nuevos tiempos así lo exigen.
