Para seguir avanzando, en el 2017 es imprescindible que la ANA pase del Ministerio de Agricultura y Riego a la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de fortalecer su institucionalidad y autoridad, con visión multidimensional, multisectorial, transversal y humana, dado su aporte al desarrollo nacional y responsabilidad global.
Es cierto que un galardón internacional reconoce y estimula el trabajo realizado por la ANA, pero también significa cambio y perspectiva, en el que su accionar público y posicionamiento debe ser reforzado, sin duplicar y/o superponer esfuerzos y/o funciones con los ministerios del Ambiente y de Agricultura, y otros organismos estatales.
El próximo año -vaticinan especialistas del sector- se presentarán grandes retos y desafíos: la sequía de este año podría solo atenuarse e impactar negativamente en la economía nacional; los conflictos sociales se reactivarán intimidando la inversión privada en un entorno político preelectoral debido a las elecciones regionales y municipales; los nuevos proyectos de agua y saneamiento demandarán más volúmenes de agua y cuidado de las cuencas; y debemos cumplir con el sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible ‘Agua limpia y saneamiento’, porque somos parte de un piloto mundial de seguimiento de metas, en el que nuestra línea base parte de una gestión integrada del agua que está aún en un 29%.
La ANA es la máxima autoridad en el agua e, incluso -opino-, debe ser una entidad ejecutora de obras de infraestructura hidráulica con visión a largo plazo, adecuando toda su política a la democratización del agua, la seguridad hídrica, la promoción de la inversión, la paz social, la modernización del Estado, el cambio climático y el equilibrio entre economía y medioambiente.
En ese sentido, el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos y los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (actualmente existen ocho, casi todos en la cuenca del Pacífico) son la clave para hacer realidad una gestión social y sostenida del agua en el país, bajo el liderazgo de la ANA, como lo establece la Ley 29338 de Recursos Hídricos.
El Perú camina hacia la gobernanza hídrica gracias a la voluntad de sus actores decisorios que han hecho posible: la política de Estado 33 producto del Acuerdo Nacional, la Ley de Recursos Hídricos (necesita algunas reformas), la puesta en marcha de la Política, Plan y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, y hace unas semanas la aprobación del proyecto de ley de reforma constitucional que incorpora el derecho al agua potable y el saneamiento.
