Gonzalo Delacámara, asesor senior y miembro de la iniciativa de Gobernanza del Agua de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estuvo en Lima, conversamos con el y fue uno de los principales exponentes en el exitoso Foro Nacional sobre Infraestructura Natural, organizado por Forest Trends.
Allí sostuvo la importancia de una hoja de ruta en la gestión del agua, porque “una de las características fundamentales de los países que han avanzado en gobernanza del agua es que se ha definido una hoja de ruta, que por supuesto, va más allá de un ciclo de legislatura. Esto pone al agua como una política de Estado, donde todos los actores civil, público y privado, definirán cuáles son los tipos de acciones a desarrollar para la gobernanza”.
Al preguntarle si nuestro país con un 29% de avance en gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH), según informe de Naciones Unidas, posee las condiciones necesarias para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS – 6) e ingresar al exclusivo club de la OCDE, respondió: “en el Perú existe el potencial para su ingreso a OCDE, pues es una economía emergente, que está en proceso de modernización del Estado no menor, que sirve para la mejora de la gobernanza del agua, pero todavía hay bastantes desafíos que atender”.
Y precisamente, esos desafíos demandan un acuerdo nacional y una hoja de ruta del agua, cuya Plataforma debería ser tripartito Estado-Empresa-Usuarios –como lo he planteado en artículos anteriores— y establezca una hoja de ruta al 2030, que considere:
- La unificación de las entidades del sector, porque la gestión de las fuentes naturales de agua y el saneamiento y agua potable es una sola y complementaria
- La reforma y actualización de la Ley de Recursos Hídricos;
- Mayores fuentes de financiamiento, asistencia técnica, tecnología e investigación para el desarrollo.
- Participación del sector empresarial y norma que promueva incentivos tributarios para el acceso al Certificado Azul a través del Programa de Huella Hídrica;
- Fortalecimiento y autonomía de los Consejos de Recursos Hídricos;
- Normas que promuevan la economía circular, la resiliencia climática y la infraestructura natural;
- Plan integral y multisectorial de gestión de conflictos sociales y promoción de buenas prácticas hídricas y medioambientales;
- Financiamiento para la recuperación del río Rímac;
- Plan B de abastecimiento de agua potable para Lima, en caso de desastres, recurriendo a las reservas subterráneas; entre otras importantes medidas para la seguridad hídrica y el desarrollo sostenido del país.
Orden, planificación, tecnología, investigación y visión prospectiva son temas poco cultivados en la gobernanza peruana. Y el tema del agua no escapa a ello, donde distintas instituciones públicas tienen competencia y políticas institucionales que se cruzan, superponen, replican o contraponen, producto de un marco normativo enredado, confuso y desactualizado, que no contribuye en nada –más bien dificulta— la implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos, la construcción de gobernanza para la seguridad hídrica, el cumplimiento de los ODS 6 (agua limpia y saneamiento) y el proceso de ingreso en la OCDE.
