En el Perú existen muchos poderes invisibles: transnacionales que controlan la venta de medicinas; grupos religiosos con fines non sanctos que manejan poderosos medios de información; club de empresarios de la construcción que se reparten obras públicas del Estado; partidos políticos que controlan instituciones públicas para usufructuar de sus servicios; y así, corrupción en la sombra que el actual gobierno está empecinado en derrotar.
Yendo al plano del agua, existe una investigación de Adam French (2016), de la Universidad de California, Berkeley (EE.UU.) muy interesante y poco difundida que se llama ¿Una nueva cultura de agua?: inercia institucional y gestión tecnocrática de los recursos hídricos en el Perú[1], publicada en la revista Antropológica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en la que sostiene que el agua en el Perú desde tiempos preincas hasta la actual sociedad neoliberal peruana ha sido dominio de intereses particulares.
French afirma que “Este poder tiene raíz, en parte, en la hidrografía de la zona y en la aridez resultante: menos del 2 % de toda el agua del Perú se escurre hacia la vertiente del Pacífico, donde se desarrolla la mayoría de la población y de la actividad económica del país. Sin embargo, la creciente escasez hídrica en esta región es fundamentalmente social y está ligada a las visiones y modelos de desarrollo y las políticas de la distribución del agua.”
El investigador norteamericano agrega que “las políticas hídricas actuales del Estado representan la continuación y reforzamiento de una gestión tecnocrática del agua que tiene su raíz en la misión –y visión, diría yo— hidráulica y la burocracia hídrica del siglo anterior, pero que ha asumido y adaptado elementos del paradigma de la GIRH (Gestión Integrada de los Recursos Hídricos), difundido en las últimas décadas en el mundo por actores como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, y materializado –en el Perú— por la Ley 29338 (Ley de Recursos Hídricos)”, en vigencia desde el 2009.
Más aún French plantea la tesis que “la burocracia hídrica del Estado peruano ha asimilado el modelo de la GIRH para promover reformas legales e institucionales que han consolidado su poder en el sector hídrico”, pero subraya que este modelo “ha sido criticado tanto por su ambigüedad como por las dificultades de su implementación”.
Argumenta que “la institucionalidad del agua contemporánea refleja la persistencia de una cultura tecnocrática basada en la ingeniería y la misión hidráulica predominante durante el siglo XX”, donde el poder estaría compartido con grupos empresariales agrícolas, círculos tecnócratas y algunas organizaciones agrarias.
Y concluye expresando que “surge la duda de si las políticas actuales del agua, con su enfoque conceptual en la gestión integrada y sus raíces en la tecnocracia, pueden fomentar una gobernanza del agua más participativa y equilibrada”.
Un estudio interesante para debate de los científicos sociales y que abre y promueve investigaciones mayores sobre un tema polémico, cuyas respuestas pueden contribuir a la gobernanza del agua en un país que soporta estrés hídrico, pese a contar con reservas de agua que lo ubican en el octavo lugar en el mundo.
