Los actores políticos decisorios del Perú deberían priorizar ya una agenda gubernamental que considere un nuevo marco normativo que construya resiliencia, mitigación y adaptación respecto a la desglaciación en los Andes, especialmente en la Cordillera Blanca, que dentro de 150 años probablemente desaparezca. Aquí, algunas propuestas:
- Una adecuada gestión multisectorial y sostenida del agua superficial y subterránea que discurre desde las alturas, que bien debe ser almacenada para su disponibilidad en época de estiaje y sequías. En los últimos 30 años, han aparecido en las cuencas media y alta casi 1000 nuevas lagunas, con superficies de entre 5.000 y 10.000 metros cuadrados, debido al retroceso del hielo en los nevados;
- La creación de una entidad gubernamental especializada en gestión, prevención e investigación de desastres producto del cambio climático. La inmensa cantidad de agua está colmando la capacidad de las lagunas, aumentando el caudal de los ríos, provocando mayores desastres por inundaciones. La situación amerita políticas con prospectiva, gestión del conocimiento y la información, y alta rigurosidad científica.
- Intangibilidad de las fuentes naturales de agua ubicadas en cabeceras de cuenca, imprescindibles para los ecosistemas, la biodiversidad y el desarrollo humano, dado que la extinción de los nevados ocasionará la escasez de agua dulce durante varios siglos, agravando el estrés hídrico en la costa,
- Ley que promueva drásticamente la responsabilidad medioambiental (contaminas-paga) para la prevención y reparación de los daños ambientales provocados por acción antrópica;
- Leyes que promuevan economía verde y circular con nuevos patrones económicos, agrarios, ganaderos, mineros, energéticos, industriales, turísticos, viales y comerciales, con menos huella ecológica e hídrica, evitando las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los causantes del calentamiento global,
- Que nos adapte a un nuevo escenario altoandino de desglaciación y mayor temperatura.
- Legislación que promueva e incentive bajo la modalidad público-privada la construcción de una vasta red de infraestructura hidráulica verde y/o natural, y promueva la agricultura ancestral (andenes, cosecha de agua, amunas, etc.) con inversión privada e incentivos tributarios.
- Promoción a través de los medios de comunicación –vía ley— de la educación y la cultura ecológica, nuevos hábitos de alimentación, consumo de productos y servicios.
El gobierno, la empresa privada, la academia, los partidos políticos y la ciencia tienen la palabra para sus propuestas.
