Hace unos días se celebró en Perú la Semana de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. Aquafondo, desde el sector privado, meritoriamente organizó un evento de conmemoración, en el que participaron los principales actores hídricos públicos y privados del país.
Tal como se ha hecho costumbre en los líderes nacionales de las diferentes esferas del acontecer nacional, se reiteró la problemática de los ríos, y no hubo propuestas de solución al respecto, excepto del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chillón, Rímac, Lurín, cuyo secretario técnico Abner Zavala dijo estar evaluando un programa de inversiones para reactivar el Plan Maestro del Proyecto de Restauración del río Rímac, presentado en el 2015 (!) con ayuda de la República de Corea del Sur y el Consorcio Kwater y Molit, con una inversión de US$ 1,000 millones en 10 años.
Lima sobrevive en el desierto gracias a esos tres afluentes. Con once millones de habitantes, soporta una creciente y preocupante: demanda industrial y urbana; inmigración interna (rural y amazónica) y externa (principalmente venezolana y colombiana); expansión urbana, eventos extremos (El Niño y La Niña) agravados por el cambio climático.
Lo grave es que el río Rímac soporta 2,466 vertientes de aguas residuales y 809 botaderos de residuos sólidos, según la Autoridad Nacional del Agua. Sus aguas desde la cuenca alta hasta la costa van cambiando de calidad, empezando como regular, pasando a mala y terminando como pésima, según manifestó la representante del Ministerio del Ambiente.
Los contaminantes cada vez son mayores y más complejos afirmó la vocera de Sedapal, especialmente por los relaves mineros arrastrados por las lluvias y la falta de reforestación. Y “los planes no tienen metas ni financiamiento, la información es incompleta y desactualizada y no hay gestión municipal de las riberas de los ríos”, criticó la representante de la Superintendencia Nacional SUNASS.
Honestamente pensé que esta reunión iba a ser diferente, dado que gran parte de las autoridades del agua son nuevas y la situación apremia cada vez más en el sector. Pensé que anunciarían una Ley de protección integral de los ríos y sus ecosistemas, que proteja su valor natural, económico y sociocultural, como en Chile; o, una partida gubernamental especial para iniciar e implementar a mediano plazo el Plan Maestro de Restauración del río Rímac; o, una ordenanza municipal que prohíba tajantemente y fiscalice la contaminación antrópica en las riberas; o, un agresivo plan de fajas marginales y fiscalización; o, una política verde para evitar la contaminación minera; o, un programa de incentivos tributarios para que las empresas no arrojen desechos industriales; o, un agresivo programa de conciencia ecológica y cultura de agua en las poblaciones ribereñas.
Estamos olvidando ―o muchos desconocen― la Declaración Universal de los Derechos de los Ríos que establece que todos los ríos, “son entidades vivas que poseen personalidad jurídica en un tribunal de justicia” y que deben “tener como mínimo los siguientes derechos: derecho al flujo; derecho a ejercer sus funciones esenciales con el ecosistema; derecho a estar libre de toda contaminación; derecho a alimentar y ser alimentado por sus afluentes; derecho a la biodiversidad nativa; y, el derecho a la regeneración y restauración”.
En 1968, el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, luego de promulgar la Ley de Ríos Salvajes y Escénicos dijo: "Nuestros propios hijos y nietos visitarán y llegarán a amar los grandes bosques y los ríos salvajes que hemos protegido y les hemos dejado”. Hay que aprender de la historia universal.
