El conocimiento y la información del servicio que gestionamos es fundamental para la correcta toma de decisiones. En este contexto, la Ley 9/2019, orientada a garantizar el abastecimiento en épocas de sequía, establece la obligación de realizar auditorías en las redes de suministro para cuantificar pérdidas de agua. Esta obligación deberá acompañarse con un plan de acción para reducir estas pérdidas, trazando un camino hacia la sostenibilidad.
La norma establece plazos concretos desde su aprobación. Un año para instalar contadores en las captaciones, dos años para llevar a cabo las auditorías y establecer planes de actuación, y tres años para adoptar las medidas necesarias para garantizar que las pérdidas de agua se sitúen como máximo en el veinte por ciento. Estos plazos, ya cumplidos, adquieren mayor peso con la Ley 1/2022, de mejora de la gestión del ciclo integral del agua, que introduce cargas fiscales cuando las pérdidas excedan dicho límite.
Este marco normativo materializa una política de gestión de la demanda, en perfecta consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6. Esta reglamentación se erige como un estímulo para reducir la demanda y mejorar la eficiencia en el sistema, ambicionando un uso responsable del recurso.
Los municipios, responsables del abastecimiento, enfrentan un doble desafío: cumplir con el mandato legal y abrazar una transformación imperativa. La creciente escasez de este recurso vital, debida a la emergencia climática, exige una adaptación rápida y contundente. Las sequías, ahora más frecuentes y devastadoras, nos instan a tomar acción sin demora.
Sin embargo, este camino hacia la sostenibilidad no puede recorrerse en solitario. Requiere una cooperación y coordinación entre distintos niveles de gobierno. En Galicia, donde pequeños municipios carecen de los recursos técnicos y económicos necesarios, la colaboración se convierte en un eslabón esencial para el éxito de estas políticas.
En conclusión, la reducción de las pérdidas de agua se alza como un imperativo ineludible en nuestra búsqueda de la sostenibilidad del servicio de abastecimiento. El cumplimiento de regulaciones y la implementación de las soluciones propuestas no solo aseguran el futuro de nuestros recursos, sino que también modelan una respuesta colectiva ante la urgencia climática que se cierne sobre nosotros.
