Uno de los principales efectos del actual calentamiento global y con mayor riesgo para la población son las inundaciones. Durante los últimos años, las inundaciones han causado mucho daño a las personas y la economía de España. Si observamos las estadísticas, vemos que en los últimos 36 años las inundaciones han supuesto 450.000 millones de euros a España, lo que significa unos 12,5 millones de euros anuales.
En la Región de Murcia, las inundaciones además han afectado al deterioro del Mar Menor. Este deterioro tiene su base en la entrada masiva y acumulada de nutrientes (nitratos y fosfatos), que ha conducido a repetidos episodios de crisis eutróficas. Estos nutrientes provienen principalmente de la contaminación difusa de la agricultura intensiva y del crecimiento masivo de los asentamientos humanos de su entorno. El impacto acumulado de ambas actividades de alto valor económico, intensificadas en los últimos cincuenta años, nos indica que las soluciones no son fáciles ni rápidas. Al respecto de esto acabamos de presentar (M.F. Fernández, E. Custodio y M.R. Llamas) una comunicación en el Congreso Internacional: 1st Geoethics & Groundwater Management Congress (GEOETH&GWM’20), con el título: “Ethical Aspects of Water Use in the Campo de Cartagena and the Associated Impacts on the Mar Menor”, analizando en detalle la casuística y tratando el tema desde el punto de vista ético.
Se está estudiando y focalizando en la entrada de nitratos al acuífero a través de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena, pero se está dejando de lado la contaminación por fosfatos provenientes principalmente de las áreas urbanas. Es importante reflejar que los dos últimos colapsos ecológicos fueron en el año 2016 y en el año 2019. Ambos colapsos se hicieron visibles tras un evento extraordinario de lluvias e inundaciones. Y es que buena parte del entorno del Mar Menor se encuentra en zona inundable. Por lo tanto, la apropiada gestión de las inundaciones y la toma de medidas para mitigar sus efectos han de ser una prioridad a tener en cuenta en las acciones que se lleven a cabo para la recuperación del Mar Menor.
La legislación vigente incide de manera directa en los riesgos de inundación. La implantación de la Directiva Marco del Agua (DMA) ha asentado la base para afrontar la gestión desde una perspectiva multidisciplinar. Brinda la oportunidad de mejorar la coordinación de todas las administraciones y la sociedad a la hora de reducir daños, centrándose en las llamadas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). En el primer ciclo de planificación hidrológica (2011-2015), se vio la necesidad de elaborar los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRIs), que incluyen entre las medidas de prevención, la elaboración de guías técnicas para reducir la vulnerabilidad y promover la adaptación, a la que di apoyo técnico. Entre los casos para la realización de la guía, estudié Los Alcázares, población situada a orillas del Mar Menor y la más afectada por las sucesivas inundaciones, estando en zona de alta peligrosidad (T-10). Durante el confinamiento por el virus SARS-CoV-2, Los Alcázares ha vuelto a sufrir inundaciones, sumando un total de cinco inundaciones desde la DANA de septiembre de 2019.
El daño ecológico al Mar Menor por la entrada masiva de fosfatos y otras sustancias tras episodios de inundación debe estudiarse y valorarse mejor, ya que, con el cambio climático, las inundaciones son y serán cada vez más recurrentes y peligrosas. Es por ello que, junto con otro compañero, hemos propuesto un proyecto de modelización de inundaciones para ayudar a los gestores en la prevención y mitigación de las mismas. Sin embargo, la problemática es compleja y, por lo tanto, requiere de muy diversas medidas bien coordinadas, teniendo en cuenta que los resultados de las acciones que se tomen para su mejora ecológica tardarán décadas en hacerse visibles.
