El Tajo es irrenunciable

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Sobre el blog

Miguel Ángel Sánchez
Portavoz de la Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina.
  • La fotografía.

El miércoles 11 de diciembre, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy Brey recibe en el palacio de la Moncloa a los presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia. El motivo: escenificar el acuerdo logrado para repartir el Tajo entre las cinco Comunidades Autónomas, dar continuidad, consolidar y aumentar los excedentes del trasvase Tajo-Segura; y, por último, lanzar el mensaje de que el Partido Popular está en el camino de materializar un nuevo Plan Hidrológico Nacional, donde las regiones consideradas históricamente deficitarias (sureste español), vean satisfechas todas sus demandas.

Desde la Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina queremos lanzar un mensaje, que compartimos con todos los colectivos de la Red del Tajo, tanto en España como en Portugal: el río Tajo es irrenunciable. El Partido Popular escenifica el reparto del Tajo, rompiendo aquello que consagra la legislación de aguas española y que hasta este capítulo tanto defendió el propio Partido Popular: la unidad de gestión de cuenca. En los últimos años, pero especialmente en los últimos meses, hemos asistido a uno de los espectáculos más esperpénticos en la historia de la planificación hidrológica nacional. Se ha cocinado un Plan de cuenca del Tajo ex profeso para mantener e incrementar el trasvase Tajo-Segura, donde –caso único en los planes españoles y europeos– no se han establecido caudales ecológicos en el propio Tajo, en el tramo comprendido entre los embases de la cabecera del Tajo –Entrepeñas, Buendía y Bolarque – y los macroembalses del tramo inferior del río ya en Extremadura. De esta manera, por ejemplo, no se han fijado caudales ecológicos en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, siendo sustituidos por unos denominados caudales “legales” [sic] que consagran para Aranjuez los fijados en la ley del trasvase Tajo-Segura de 1971, los escasísimos 6 m3/s; y para Toledo y Talavera, igualmente los “legales” 10 m3/s, que serán servidos exclusivamente por las aguas residuales del Jarama –parapetándose en el Plan Nacional de Reutilización –, para lo que el propio Plan de cuenca del Tajo destina 150 millones de euros para bombear hasta el embalse de Finisterre, sobre el río Algodor, al sureste de Toledo.

El Partido Popular escenifica el reparto del Tajo, rompiendo aquello que consagra la legislación de aguas española

De esta manera, y habilitando los mercados del agua según recogía el memorándum del Tajo-Segura, blanqueado de urgencia por la Ley de Evaluación Ambiental publicada ayer por el BOE, se cierra –en la filosofía del Ministerio de Cañete – la mordaza sobre el Tajo. Sólo queda dar el visto bueno al Plan del Tajo– rechazado, no se olvide, en el Consejo del Agua de la Demarcación del Tajo por los votos de los representantes sociales, sindicatos, regantes y buena parte de los explotadores hidroeléctricos; es decir: aprobado exclusivamente con los votos oficialistas de las administraciones, pero sin el más mínimo atisbo de consenso –, y así perpetuar tanto la sobreexplotación del Tajo en sus tramos alto y medio, como la degradación –impropia de un río Europeo del siglo XXI – a su paso por la mayor ciudad de la cuenca hidrográfica, Talavera de la Reina, y por dos ciudades Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Aranjuez y Toledo.

La escenificación en La Moncloa demuestra dos cosas: en primer lugar, el fracaso de la política de planificación hidrológica del Partido Popular; y en segundo, el intento de perpetuación de unos esquemas de gestión de los ríos al margen de las Directivas europeas, e incluso de la legislación española de aguas, algo que tarde o temprano España –que no el Partido Popular – acabará pagando.

El Tajo está agotado, pero en el propio Segura hay recursos para las demandas que ahora satisface el Tajo-Segura. Aguas subterráneas no contabilizadas en su Plan de cuenca, cuya explotación sostenible satisfaría buena parte del teórico déficit de la “burbuja” del regadío del sureste –otro asunto es plantearse por qué sebe ser el Estado el que sufrague esa “burbuja”; y por qué específicamente la cuenca del Tajo –; y ahí están lasdesaladoras, infrautilizadas pero que hay –entre todos, eso sí – que pagar. Pero, claro: es preferible el agua “política” del trasvase Tajo-Segura, hipersubvencionada, y que siempre, convenientemente agitada y en su punto justo de efervescencia, proporciona los réditos electorales consabidos. Porque no se trata de satisfacer demandas de una “región” o unas Comunidades sedientas que se come el desierto –no olvidemos que en la cuenca del Segura no se cumple la prioridad de los usos delimitada en la Ley de Aguas, pues se anteponen los usos de los regadíos denominados “tradicionales” frente a los usos para abastecimiento con recursos del propio río Segura, caso único en todo el Estado –; sino ante lo que estamos es ante el poder que ejerce un determinado colectivo empresarial con unos intereses muy concretos, en este caso el sindicato de regantes del Tajo-Segura, frente a la teórica ecuanimidad del Estado y sus órganos, en este caso, ambientales y de planificación hidrológica; pero que no duda en plegarse y retorcerse al dictado trasvasista. Que no se olvide esto.

Aunque el Partido Popular no lo quiera reconocer, lo que se escenifica en La Moncloa es el último capítulo de aquella decisión del anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando recién llegado al poder derogó, no el Plan Hidrológico Nacional, sino el proyectado trasvase del Ebro, cargando sobre la paupérrima cabecera del Tajo en exclusiva la misión de mantener las aportaciones al Levante. En aquel momento, Zapatero y Narbona no marcaron un nuevo rumbo en la política de Aguas –con mayúscula – de España. Al contrario: salvaron al Ebro y condenaron un poco más al Tajo, río más silencioso y silenciado, menos organizado socialmente, castellano, condenado ya por los tecnócratas franquistas, y que no desemboca en Cataluña. Con el gobierno de Zapatero se vivieron los mayores episodios de agotamiento en el Tajo en su tramo medio, llegándose a secar el río en grandes zonas entre las ciudades de Toledo y Talavera de la Reina, pese a tener una cuenca vertiente en ese tramo de más de 35.000 km2 y estarse trasvasando a la vez más de 20 m3/s consagrados por la esquizofrénica ley del trasvase Tajo-Segura como excedentes.

Ahora, nada nuevo bajo el sol. Rajoy y los presidentes autonómicos, una vez conseguida la unanimidad política en las cinco regiones, consagran la España asimétrica en política de aguas. No importa que los cientos de informes elaborados durante estos años para la resolución del Plan de cuenca del Tajo sostengan que la cabecera del río ha perdido el 50% de las aportaciones naturales, o que es necesario aumentar y mucho los caudales circulantes por el Eje del Tajo –entre Entrepeñas y Buendía y Talavera de la Reina – para que el río pueda recuperarse. De nada ha servido la conclusión que arrojan más de tres décadas de trasvase Tajo-Segura, que han llevado a los tramos alto y medio del Tajo a un coma ambiental, social y económico. No ha sido suficiente, porque no importa el río, sino sólo una cosa: mantener a ultranza el Tajo-Segura como paradigma de una política de aguas de trasvases y transferencias, al precio y coste que sea. Y lo que se ha buscado ahora con urgencia y alevosía, es dar un escarmiento: una vez desechado el trasvase de la desembocadura del Ebro – Aragón, con el propio Partido Popular a la cabeza, y especialmente Cataluña en su conjunto, entre otros, no lo permitirán jamás – lo que se hace, como Zapatero en 2004, es hacer depositario al Tajo de la incapacidad de articular una política seria, equilibrada, nacional y moderna de aguas. Hay dos Españas: la del Tajo, y las otras. Ríos de primera, que no se pueden tocar ni siquiera en su desembocadura; y vertederos como el Tajo. Una escenificación en ríos de lo que es la España actual: regiones de primera, y otras –como sostuvo el expresidente Felipe González refiriéndose hace unos días a Castilla-La Mancha – que están en un nivel inferior. 

El Tajo está agotado, pero en el propio Segura hay recursos para las demandas que ahora satisface el Tajo-Segura 

Este doble rasero, esta hipocresía hidrológica, es lo que se escenifica en La Moncloa. No es otra cosa. Un Plan del Tajo rechazado y amañado, y una profunda modificación de la ley de Aguas colada por la puerta de atrás y a última hora en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. Estos son los mimbres de la política de aguas –con minúscula –de Rajoy y su ministro Cañete. No son los cimientos del tan cacareado Plan Hidrológico Nacional, sino su epílogo, antes de que en unos años Bruselas –como en tantas cosas – acuda a poner orden.

Capítulo aparte merece en esta historia el Gobierno de Castilla-La Mancha. Ha dejado el Tajo y el Júcar a merced de los intereses trasvasistas, sin considerar las necesidades y demandas de los propios ríos en esta región, ni las consecuencias que tanto el Plan del Tajo como el memorándum del Tajo-Segura acarrearán para ambos ríos y los territorios por los que discurren. Y perpetúa la decisión de Barreda en 2005: el Alberche es un río de Madrid que no tiene por qué desembocar en el Tajo. Y el Alberche, no se olvide, es el río que abastece a las dos mayores ciudades de la provincia de Toledo y a su comarca más poblada, la Sagra…

Una absoluta miopía política por parte de María Dolores de Cospedal, que no ha dudado un segundo en anteponer los intereses económicos de los regantes del Tajo-Segura a los de la región que gobierna. El Tajo es irrenunciable para quienes vivimos en sus orillas, para quienes conocemos su sobreexplotación. Que no se olvide. Hoy no se cierra nada. Sólo se escribe un capítulo más de la historia bastarda y oscura que desde hace décadas rige los destinos del Tajo. Pero como ciudadanos nuestra obligación es seguir trabajando por el Tajo. Que nadie dude que lo haremos.

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