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Cambio climático en tiempos de pandemia: el caso venezolano

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Sobre el blog

Mixzaida Peña Zerpa
Doctora en Gerencia (UNY). Magíster Scientiarum en en Ingeniería Sanitaria (UCV). Ingeniera Industrial (UCAB). Especialista en Dirección y Producción de Cine, Vídeo y Televisión. (UEMC). Certificación OSHA. Curso más reciente NASA.

Uno de las problemáticas mundiales es el calentamiento global. Junto al crecimiento desproporcionado de las grandes ciudades, patrones de consumo y producción no eficientes ni sostenibles han provocado una serie de eventos de impactos negativos sobre el ambiente a nivel global, regional, nacional y local.

No es un asunto pasajero que surgió en los últimos años. Todo lo contrario, ha evolucionado a través de décadas con la generación de nuevas emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico más que natural.

Las consecuencias podrían atenuarse mediante la intervención de profesionales especializados que buscan frenar las grandes olas de calor, subida del nivel del mar, periodos intensos de sequías e inundaciones en diferentes zonas del planeta.

No es una tarea fácil ralentizar el proceso de las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6) o buscar las alternativas de adecuación a los fenómenos provocados por el cambio climático. 

Caso venezolano y el cambio climático

Venezuela también es vulnerable al cambio climático. Esta situación ha impacto negativamente en los suelos, aguas, bosques y algunas especies (flora y fauna) de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Entre los efectos se pueden mencionar:

  • La baja producción agrícola (verduras, hortalizas, granos).
  • La baja producción ganadera y sus productos (leche).
  • El repunte de una sola cosecha (caso del arroz).
  • Las fuertes olas de calor en periodos lluviosos.
  • El desplazamiento de comunidades indígenas en búsquedas de mejores condiciones de vida.
  • La escasez de agua en las viviendas, centros de trabajos y educativos.
  • Las inundaciones de ciertos ríos que arrastran siembras, viviendas y objetos de espacios públicos (Caso del Rio Limón ubicado en Maracay).
  • El derretimiento del hielo en el Pico Bolívar.
  • La frecuencia de ondas tropicales en Caracas.
  • El cambio en el oleaje de playas de Vargas.
  • Los bajos caudales de cuerpos de agua y embalses en Miranda.

Una situación que coincide con el índice de cumplimiento global de los ODS, que ubica al país en el puesto 108/162, con una puntuación de 63,1, comparado con el resto de los países (Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible, 2018). Con ello, nos impulsa a revisar las prácticas en tiempos de pandemia:

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  1. El avance de la deforestación en las principales cuencas hidrográficas.
  2. El avance de la minería en Guayana.
  3. El incremento de la quema de leña en los hogares venezolanos (andinos, orientales) debido a las constantes fallas en el suministro de gas y electricidad.
  4. El aumento de la quema de basura dentro de las comunidades.
  5. El aumento de desechos sólidos de diversos orígenes. Con ello, la implementación de una logística no adecuada para su uso o traslado dentro de las grandes ciudades.
  6. El funcionamiento de las presas que no controlan las inundaciones, suministro de energía hidroeléctrica (limpia y renovable) ni el agua para uso agrícola, doméstico e industrial.

Lo anterior representa el modelo energético de un país. Un sistema inestable basado en la mala gestión de prácticas ambientales que apunta al uso irracional de los recursos. Un consumo masivo que dirige la mirada hacia el gas natural, petróleo y otras fuentes de energía económicas, de fácil obtención que generan impactos en la contaminación, cambio climático y economía de un país. Ejemplo de ello, el tiempo promedio de 4-6 horas en el abastecimiento de combustible de un vehículo particular (90 -120 litros/mes por usuario). Un panorama desalentador para un país petrolero como Venezuela.

No solo es suficiente firmar un tratado internacional en la lucha contra el Cambio Climático. Al contrario, entran en juego el compromiso, la responsabilidad ambiental y la credibilidad de una nación ante los ojos del mundo.

El llamado global mediante la Convención de Río (Convención Marco sobre el Cambio Climático, 1992), y el Protocolo de Kioto (1997) nos impulsan a reflexionar sobre los avances ambientales contemplados no solo en los informes entregados ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sino en las vivencias de sus habitantes.

¿Qué medidas ofrece el Estado?

En tiempos de pandemia, no se ha aprobado ningún paquete de medidas energético y/o cambio climático. Las tarifas de electricidad subieron y el servicio sigue con fallas caracterizadas por bajas y apagones en algunos estados y zonas de la capital. El racionamiento eléctrico se hace sentir más en algunos lugares que otros con impacto en los diferentes servicios:  agua, internet, telefonía, movilidad (ascensores, trolebús) y comercios (puntos de ventas).

Tampoco, se han identificado avances en proyectos de captura y almacenamiento del carbono. Todo lo contrario, a pesar de la escasez de gasolina, el transporte terrestre sigue activo en las principales ciudades, pero en menor cantidad si lo comparamos con otros tiempos donde el humo se apoderaba de los cielos caraqueños.

El llamado es unir esfuerzos mediante el trabajo colaborativo entre los diferentes actores, reactivar la economía desde la sostenibilidad y no desperdiciar los recursos (renovables y no renovables) que tenemos.

No podemos levantar una nación mediante el sacrificio ambiental. Pensemos no solo en el presente sino también en las futuras generaciones que buscarán satisfacer necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda). 

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