¿Hay que "regular" todavía más los ríos españoles... o gestionar las demandas y ordenar los espacios inundables?

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Sobre el blog

Néstor Torrecilla
Geológo con postgrado en hidrogeología. Educador ambiental en ebroNAUTAS.
  • Presa del Val-Los Fayos

La política de aguas española durante el S. XX colocó a nuestro país como el de mayor número de grandes presas por habitante. Una revisión crítica de este proceso, desde sus logros y contribución al desarrollo socioeconómico hasta sus errores, limitaciones e impactos ambientales permite extraer aprendizajes de gran interés en un momento en el que algunos países iberoamericanos se están dotando de importantes infraestructuras hidráulicas.

No se trata de elegir entre infraestructuras y tecnologías para cubrir las demandas, es necesaria la gestión de estas últimas dentro de una adecuada planificación territorial

El primer párrafo del artículo “La regulación de nuestros ríos” sitúa a su autor fuera de "las posturas monolíticas a la hora de defender un determinado tipo de obra hidráulica", pero dentro de la política hidrológica tradicional de la gestión de la "oferta". Antes de plantearse "las posibilidades de obtener, distribuir y almacenar el agua" hay que valorar la necesidad y sostenibilidad económica, social y ambiental de la demanda (o “apetencia”, si los usuarios no van a amortizar adecuadamente los costes de las infraestructuras) que se pretende satisfacer. El cambio conceptual de más trascendencia no es que ahora podamos elegir entre diferentes tecnologías o infraestructuras para cubrir las demandas, sino que de la experiencia española resulta evidente la necesidad de una planificación territorial y de una "gestión de las demandas” que tenga en cuenta la conveniencia real de su satisfacción para el interés general, así como las afecciones para los otros usos, funciones y valores de nuestros ríos. La garantía de abastecimiento de agua de boca a las poblaciones es una prioridad indiscutible, mientras que el desarrollo de una economía agrícola en un territorio a costa de impactar negativamente el desarrollo turístico basado en la navegación de aguas bravas en otro, requiere un debate en profundidad.

El turismo de aguas bravas, motor económico de la comarca de la Galliguera, se vería afectado por la ejecución del embalse proyectado en Biscarrués. La oposición durante más de dos décadas de los empresarios turísticos, movimientos ecologistas, economistas y científicos universitarios, así como de la población potencialmente expropiada se ha traducido en varias modificaciones del proyecto inicial. Éste ha quedado reducido de facto a una "presa de agujero" cuya construcción parece improbable dada la irrelevante incidencia de los daños por inundaciones aguas abajo de su teórica ubicación.

El modelo de gestión de inundaciones basado en el "control" de las avenidas mediante infraestructuras está absolutamente superado

Considero que el modelo de gestión de inundaciones basado principalmente en el "control" de las avenidas mediante infraestructuras de regulación y contención está, en nuestro entorno europeo y sobre el terreno, absolutamente superado. La reflexión y debate internacional tras las inundaciones del Mississippi en 1993 y del Rhin en 1995 marcaron un hito trascendental en la evolución de los planteamientos estratégicos antes las avenidas. Todas las personas que de alguna forma estamos implicados en buscar soluciones para este problema sabemos que el factor fundamental es de nuevo la ordenación del territorio: La regulación por parte de los poderes públicos de los usos en los espacios inundables, reduciendo la exposición de nuestros bienes y actividades vulnerables debe ser prioritaria, especialmente en países con un gran crecimiento urbanístico.

La experiencia española no justifica en modo alguno que se siga planteando un modelo de gestión de inundaciones que ponga su acento en la clásica "laminación de avenidas", que reduce la recurrencia del problema pero que a medio plazo puede incluso incrementar los daños debido a la generación de una "falsa sensación de seguridad", que en muchos lugares desplazó a la sabiduría popular de que “el río siempre reclama sus escrituras”. ¿La solución para que no se inunden las urbanizaciones ilegales que invaden los cauces torrenciales de algunos ríos es construir una nueva presa? No es eso lo que opina la Directiva Europea de Inundaciones, en todo caso. La estrategia de gestión de las inundaciones del pasado siglo debe ser revisada en profundidad, y en el caso concreto del Ebro (desde donde escribo) pasa por un rediseño del sistema de motas y una adaptación de los usos agrícolas en las zonas inundables que priorice la protección de los municipios: Nadie plantea aquí la necesidad de construir nuevos embalses, pese a que el riesgo es acuciante para varios cascos urbanos. 

Paradójicamente, el mejor argumento contra las afirmaciones contenidas en “La regulación de nuestros ríos” lo constituye el ingente número de presas ya construidas en España. Los caudales de los ríos ya están regulados, o "desregulados" desde un punto de vista de su régimen natural de caudales (que por cierto suele incluir en nuestro contexto tanto crecidas como fuertes estiajes, igualmente necesarios para la preservación del ecosistema original). Y, sin embargo, las demandas y/o apetencias de agua no han sido satisfechas: Paradigmático es el caso en el que el anuncio de un “segundo trasvase” del Tajo-Segura generó tantos nuevos usos agrícolas y turísticos, que cuando se ejecutó los caudales transferidos no fueron suficientes para satisfacer el aumento de la demanda, y se procedió a solicitar un tercer aumento de las dotaciones. Tampoco el riesgo de inundación ha sido mitigado, y los daños por inundaciones no han hecho sino aumentar debido a la ocupación urbana o agrícola de las llanuras de inundación, supuestamente seguras gracias a costosas obras de regulación y contención. Además, algunos de los retos ambientales más importantes (p.ej. el caso de la subsidencia y salinización del Delta del Ebro por la ausencia de aportes de sedimentos, que afecta al uso agrícola y a urbanizaciones enteras que podrían tener que ser desalojadas) tienen que ver con las alteraciones generadas por la presencia de los numerosísimos embalses en nuestros ríos.

En estos momentos es pertinente gestionar mejor nuestros embalses

Visto que los ríos españoles ya están notoriamente "regulados" sin que se hayan cumplido los objetivos que justificaron la enorme inversión en infraestructuras hidráulicas, seguir en la misma línea de gestión no parece que vaya a solucionar nuestros problemas. El que suscribe es, como Eduardo Echeverría, enemigo de las posturas monolíticas. No soy de la opinión de que la construcción de todo embalse sea perniciosa, ni abogo por la demolición indiscriminada de todas las obras hidráulicas y la restitución de los ríos a su estado primigenio, ni niego el importantísimo papel de los pantanos en el desarrollo socioeconómico de España en su conjunto durante la segunda mitad del S XX. Pero desde luego disiento en la percepción de que en nuestro país los problemas hidrológicos tengan mayoritariamente que ver con la necesidad de nuevos embalses: Estamos extraordinariamente bien surtidos de los mismos, y no son tan escasos los ejemplos de pantanos ya construidos y absolutamente infrautilizados: El Embalse del Val, llenado en el 2003 en Aragón, es un ejemplo muy ilustrativo de un embalse sobredimensionado cuya inversión jamás se amortizará, lo que junto a su riesgo potencial para las poblaciones cercanas ha motivado ya opiniones favorables a su desmantelamiento que, dicho sea de paso, yo no comparto por motivos puramente pragmáticos.

Embalse de El Val, obra emblemática del "Pacto del Agua" de Aragón con capacidad útil de 24 Hm3 y tan solo 4 Hm3 servidos anualmente, cuyo coste triplicó el inicialmente previsto y no puede ser asumido por los regantes del valle del Queiles. Su cercanía a la localidad de Los Fayos obliga a continuos controles que garanticen la seguridad de sus habitantes.

En estos momentos es pertinente gestionar mejor nuestros embalses, cierto, incrementando por ejemplo su uso recreativo, sacándoles el máximo provecho al mejorar la eficiencia de los polígonos de regadío, modulando las descargas hidroeléctricas desde un punto de vista multiobjetivo, y aplicando todos los avances tecnológicos sobre seguridad a nuestro alcance... Pero conviene, sobre todo, renovar nuestro concepto de qué es un río y cuáles son los beneficios que aporta a la sociedad (que son muchos más que una cantidad de m3 de H2O), y gestionarlos con la participación del público y todas las partes interesadas para ponderar los distintos usos e impactos sobre estos ecosistemas. Partes interesadas que incluyen a las comunidades afectadas directamente por la construcción de un embalse en su territorio, y cuyos sacrificios en el pasado conviene siempre recordar: La construcción del Embalse de Búbal, que ilustra el artículo al que el presente texto intenta responder, supuso por ejemplo el desalojo de 3 municipios (cuyo patrimonio cultural fue destruido) y de 170 personas que jamás disfrutarán de la bonanza económica de la que actualmente goza su comarca gracias al turismo de nieve y naturaleza.

Debemos aprovechar todos los aprendizajes que se derivan del vastísimo “estudio de caso” que supone la gestión hídrica española para proponer y exportar un modelo mejorado, que favorezca el desarrollo de políticas y en su caso de obras hidráulicas que minimicen los riesgos geotécnicos (véanse los problemas del recrecimiento de Yesa en estos mismos momentos), optimicen los beneficios sociales y prevean impactos ambientales asumibles o reversibles. Y deshacernos de paso del mito de que "en España hacen falta más embalses", una afirmación en proceso de desmoronamiento y que las opiniones de Eduardo Echeverría (OFITECO) y otras voces de las partes interesadas en la construcción de obras hidráulicas intentan de alguna forma apuntalar.

(Una revisión más extensa de la política hídrica española y una propuesta de renovación puede encontrase en el artículo “La Nueva Cultura del Agua: Hacia una gestión hídrica sostenible” ) 

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