En un mundo en constante evolución, los desafíos a los que se enfrenta el sector para mantener la sostenibilidad ambiental, económica y social de todos los elementos que conforman el ciclo urbano del agua, son cada vez mayores.
Tenemos por delante importantes retos en el corto plazo, pero no podemos perder de vista aquellos que debemos afrontar en el medio y largo plazo.
En ese sentido, debemos continuar reclamando que resulta imprescindible realizar un mayor esfuerzo inversor sostenido para acometer tanto la renovación de las infraestructuras como la construcción de otras nuevas, si queremos alcanzar los objetivos medioambientales, mantener la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua, así como avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en la lucha contra el cambio climático. Cabe recordar que, actualmente, en España la media anual de inversión real no alcanza el 50% de lo necesario.
Asimismo, debemos progresar en el cumplimiento de los preceptos recogidos en la Directiva Marco del Agua, que establece los principios de «recuperación de costes», una «adecuada contribución del usuario» y de que «quien contamina paga».
El sector continúa reclamando una armonización regulatoria en materia de gobernanza y administración de los servicios urbanos del agua
Sin duda, la sostenibilidad económica es un importante desafío que debemos afrontar en el corto plazo. La coyuntura económica actual, donde los sobrecostes han sido y serán muy importantes, ha arrastrado al incremento de precios de suministros y servicios que conforman el coste del agua.
Se trata de un reto inmediato, urgente y coyuntural. Por regla general, el sector no ha repercutido suficientemente en las tarifas estos incrementos de costes y, sin la sostenibilidad económica de los operadores, será muy difícil mantener la necesaria sostenibilidad social y la ambiental.
Quiero recordar que España tiene una de las tarifas de agua urbana más bajas de Europa, situándonos un 45% por debajo de la media europea. La tarifa actual solo cubre, y no siempre, los gastos operativos del servicio, pero no los relativos a las infraestructuras: amortización, renovación y nuevas actuaciones para la mejora de prestaciones o calidad del agua y servicio. Consideramos que debería establecerse una estructura de costes y tarifaria clara y transparente para el usuario, de manera que el precio del agua refleje su valor real y asegure la gestión sostenible a largo plazo y las inversiones necesarias.
Por otro lado, el sector continúa reclamando una armonización regulatoria en materia de gobernanza y administración de los servicios urbanos del agua, orientada a la eficiencia y la adecuada transparencia, así como un mayor impulso a la innovación, coyunturalmente, como vemos en los últimos meses, muy centrada en la transición digital.
Precisamente, uno de los retos más decisivos en los que actualmente está inmerso el sector es el relacionado con el PERTE de Digitalización del ciclo del agua, impulsado, en 2022, por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El PERTE del agua, cuya segunda convocatoria ya está en marcha, supone una gran oportunidad para los operadores de los servicios urbanos del agua y una inyección de energía y motivación para el sector, ya que le permitirá llevar a cabo proyectos clave para mejorar su eficiencia.
La digitalización en el sector del agua urbana tiene un inmenso potencial para optimizar los procesos de tratamiento de agua, mejorar el rendimiento del sistema y la satisfacción del cliente, y permite a las empresas de servicios públicos pasar de una gestión reactiva a una gestión proactiva, lo que conduce a un suministro de agua y a un tratamiento de las aguas residuales urbanas más eficiente y sostenible.
Para lograr avances, pensamos que es necesario lograr un pacto social y político, y que el agua recupere su posición en la agenda pública
Asimismo, a través de la digitalización se pueden tomar decisiones más informadas, reducir costes y mejorar la seguridad hídrica y el servicio al cliente. Cabe destacar que la digitalización puede tener un impacto significativo en áreas clave de la prestación de los servicios de agua urbana como son el monitoreo y control remoto; el mantenimiento predictivo; la optimización energética; la recuperación de recursos; los sistemas de apoyo y toma de decisiones; el compromiso con el cliente; la gestión de pérdida de agua; la gestión de calidad del agua; y la medición y facturación inteligente.
Al igual que sucedió con la primera convocatoria del PERTE de Digitalización del ciclo del agua, que ya ha aprobado la concesión de doscientos millones de euros a treinta de los proyectos presentados, las empresas del sector del agua urbana están trabajando para presentar proyectos emblemáticos y tractores que cumplan con cada uno de los exigentes requisitos de la segunda convocatoria. Y deberemos continuar trabajando en nuevos proyectos para las futuras convocatorias, ya que está prevista una inversión total de 3.060 millones de euros —1.940 M€ de inversión directa y 1.120 M€ de fondos complementarios público-privados— mediante varios instrumentos de financiación.
Pero hay otro importantísimo desafío que el sector debe afrontar y que, en esta ocasión, llega desde Europa. Se trata de la nueva propuesta de Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, que actualmente se encuentra en fase de tramitación, y cuya aprobación es probable que se produzca antes de las elecciones europeas, previstas para el mes de junio de 2024.
Desde el sector de agua urbana, hemos aportado nuestra experiencia y conocimiento para intentar que la normativa resultante sea lo más adecuada posible. Pensamos que esta nueva Directiva es necesaria y que supondrá un avance significativo, ya que la nueva propuesta pretende conseguir una mayor protección de los ciudadanos y los ecosistemas, así como mejorar la transparencia y gobernanza en el marco de la transformación digital. El texto incluye importantes novedades sobre eficiencia energética, economía circular, control de la contaminación de microcontaminantes o la vigilancia sanitaria a través de las aguas residuales.
No obstante, esta exigente y ambiciosa Directiva supondrá un gran impacto económico y unos importantes sobrecostes de los servicios de saneamiento, por lo que debe venir acompañada de una sólida estrategia de financiación, garantizando tanto la asequibilidad de las tarifas como la estricta aplicación del principio de «quien contamina paga». Asimismo, desde el sector del agua urbana creemos que es necesaria una extensión de plazos para poder dar cumplimiento real a muchos de sus requerimientos.
Otro importante desafío legislativo es afrontar los requisitos recogidos en el Real Decreto, aprobado el pasado 11 de enero de este año, que actualiza los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, norma que traspone la Directiva de aguas de consumo.
Esta normativa supone un enorme reto, puesto que afecta a las aguas de consumo que llegan al usuario a través del grifo, así como al control de su calidad, garantizando y mejorando su acceso, disponibilidad, salubridad y limpieza.
Además, exige una adaptación de formas y procedimientos en la actividad de los operadores y las administraciones públicas concernidas y también tendrá un fuerte impacto económico en los costes del servicio de abastecimiento.
Desde el sector estamos preocupados por cómo poder gestionar estos grandes desafíos que tenemos por delante, en condiciones de sostenibilidad, eficiencia, garantía y resiliencia.
Para lograr avances, pensamos que es necesario lograr un pacto social y político, y que el agua recupere su posición en la agenda pública.
Es imprescindible conseguir el compromiso tanto de los responsables políticos —a nivel estatal, autonómico y local— como de los ciudadanos, para afrontar con éxito todos estos retos, que son necesarios para garantizar esa sostenibilidad medioambiental, económica y social de unos servicios tan esenciales y vitales como son los del agua urbana.
