El 11 de marzo de 2011, un terremoto de nivel 7,3 en la escala de Richter sacudió la costa noreste de Japón, provocando un tsunami con olas de hasta 15 metros de altura que llegarían una hora más tarde a la central nuclear de Fukushima Daiichi. Debido a la magnitud del tsunami, las medidas de protección de las que disponía la central no fueron suficientes, lo que dio lugar a una serie de incidentes con consecuencias catastróficas para las que, todavía hoy, se están buscando soluciones.
En el momento del accidente, las unidades 1, 2 y 3 se encontraban en funcionamiento, mientras que las 4, 5 y 6 estaban paradas por mantenimiento periódico. A consecuencia del tsunami, se dañaron la red eléctrica y los generadores de emergencia, impidiendo el funcionamiento de los sistemas de refrigeración, lo que provocó graves consecuencias en las unidades 1, 2 y 3, cuya estructura se calentó hasta los 2300 grados Celsius, y en la unidad 4, en la que se registraron múltiples incendios. Hasta diciembre de 2011, no se pudo instalar un sistema de refrigeración que controlara en su totalidad la temperatura en la central.
Para obtener información más detallada acerca del accidente de Fukushima, se puede consultar el siguiente vídeo, en el que se describe el funcionamiento de las unidades de la central, se presentan los eventos que tuvieron lugar desde el accidente y se explican las acciones tomadas con el objetivo de mitigar las consecuencias.
El principal problema al que hacer frente tras el accidente, es el tratamiento de la corriente resultante de la mezcla del agua del subsuelo con la procedente de las tuberías de refrigeración para enfriar los reactores, que presenta una alta radiactividad consecuencia de las grietas y fugas fruto de las explosiones acaecidas en la central nuclear. Este agua es dirigida a una unidad de descontaminación, proceso que no permite eliminar el tritio, un isótopo radiactivo de hidrógeno, aunque considerado relativamente inofensivo. Por ello, se decidió construir un parque de almacenamiento que cuenta con cerca de un millar de tanques, cada uno con una capacidad para recibir entre 1.000 y 1.200 toneladas y con un tiempo de llenado de entre siete y diez días.
Sin embargo, desde hace unos años, Tepco, compañía propietaria de la central nuclear japonesa de Fukushima, viene anunciando que para el 2022 se habrán quedado sin espacio donde almacenar el agua contaminada. Es por esto que actualmente, Tepco, junto con el gobierno nipón, se encuentra en un proceso de estudio de distintas opciones que permitan dar una solución al problema. Entre las medidas planteadas, parece que la solución que más convence a Japón es verter el agua al Pacífico y diluirla.
Esta medida ha resultado muy controvertida ya que, a pesar de solucionar el problema del almacenaje, no está exenta de numerosas complicaciones que puedan surgir del vertido. En primer lugar, se espera que tenga un efecto devastador en la pesca de la zona. Desde el 2011, la pesca se vio muy reducida y los pescadores han estado ocho años tratando de recuperar la industria. En la actualidad, las ventas de pescado son todavía un 20 % menores que en los años previos al accidente nuclear, por lo que se espera que esta medida acabe por completo con la actividad pesquera de la zona.
Por otro lado, países vecinos como Corea del Sur ya han expresado su desacuerdo e inquietud frente a las posibles consecuencias que puedan causar los vertidos y la reputación que tome el marisco coreano.
Algunos expertos consideran que el riesgo de verter el agua radiactiva al Pacífico es bajo ya que, aunque se liberase gran cantidad, ésta supondría una parte ínfima del volumen del Pacífico, y el tritio es sólo una porción de lo que se arroja. No obstante, la mayoría de expertos coincide en que esta solución es la más barata, pero no la más segura.
Es por esto que se han estudiado otras posibilidades, tales como evaporar o enterrar el agua, opciones que presentan mayor riesgo, o la instalación de nuevos tanques de mayor capacidad y durabilidad. Esta última alternativa implica almacenar el agua durante 300 años, hasta que los niveles de radiactividad no supongan un peligro. Sin embargo, debido al alto coste y a la necesidad de habilitar nuevo espacio de almacenamiento, parece que esta medida será rechazada por las autoridades japonesas.
