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La Defensora del Pueblo deja en evidencia las carencias de la Xunta por la fiscalización del sector minero en Galicia

  • Soledad Becerril se hace eco en su último informe presentado a las Cortes de la denuncia presentada por la Plataforma Salvemos Cabana al organismo sobre las deficiencias de seguridad y restauración en la mina de cobre y oro de Touro (A Coruña), contradiciendo la versión de la Consellería de Economía e Industria, que hasta el momento no ha aportado la información requerida por vía urgente por el alto comisionado a finales del mes de enero.

Sobre el blog

Salvemos Cabana
Plataforma ciudadana de Cabana de Bergantiños (A Coruña, Galicia) que promueve el activismo en términos de conservación y defensa ambiental.

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La Oficina del Defensor del Pueblo ha solicitado una aclaración a la Xunta, a la vista de las pruebas presentadas en la denuncia, "que aclare las medidas previstas para evitar la contaminación de las aguas por escorrentía así como los vertidos o depósitos irregulares y así mejorar la seguridad en la mina a través de nuevos vallados, canalizaciones o sistemas de depuración".

Esto contradice la versión aportada por la Consellería de Economia e Industria el pasado año al expediente, que no detectaba problema alguno de seguridad, afirmando que "toda la explotación está vallada y sus accesos señalizados con carteles indicadores que alertan del peligro de la explotación minera", algo que en los accesos desde Fonte Díaz, capital municipal de la localidad de Touro no se corresponde con la realidad a día fecha de la queja, al no existir vigilancia, ni avisos de seguridad ni sellado correcto del perímetro.

Por otra parte, la Consellería afirmó igualmente que la presencia de aguas ácidas en el entorno de Touro tiene un origen natural por la presencia de sulfuros en la zona, cuando en realidad es el componente artificial inherente a la actividad extractiva la que ha acentuado el problema de la contaminación provocado por el drenaje ácido de mina (DAM) a gran escala.

En el caso de la mina de Touro, la oxidación de los sulfuros expuestos a la intemperie debido al proceso minero ha provocado una fuerte acidificación del entorno, provocando la elevación de la concentración de elementos indeseados tales como aluminio, metales pesados y otros compuestos, generando un medio en la práctica abiótico -a excepción de especies extremófilas- y la presencia incontrolada de aguas hiperácidas, con niveles de pH cercanos a 3, que son las que en definitiva están provocando importantes afecciones a los cursos fluviales del entorno y provocando graves alteraciones a nivel edafológico.

Deficiente cumplimiento de la normativa minera

Lo sucedido en Touro demuestra en definitiva el escaso compromiso de las actuales autoridades de la Xunta con la fiscalización del sector extractivo a nivel gallego. La Ley 3/2008 de 23 de mayo, de Ordenación de la Minería de Galicia indica en su artículo 46.1 que "corresponde a la Xunta de Galicia, a través de la consejería competente en materia de minas, realizar las comprobaciones necesarias" así como garantizar "el cumplimiento de la normativa minera aplicable" y la adopción de medidas cautelares.

Normativas europeas esenciales, como la Directiva Marco del Agua (20/60/CE) afirman la importancia de "una mayor protección y mejora del medio acuático" mediante "la supresión de vertidos y sustancias peligrosas y un buen estado químico del recurso hídrico". En la misma línea, la Directiva 2004/35/CE, de Responsabilidad Medioambiental, busca la prevención y reparación de los daños causados a los hábitats naturales, la biodiversidad y los recursos hídricos que también supongan un riesgo importante para la salud humana.

A la vista de los hechos, los tan manidos conceptos de "minería sostenible" y "minería responsable" al que reiteradamente se apela desde la actual administración autonómica y la Cámara Oficial Mineira no dejan de convertirse en papel mojado ante la realidad demostrada en Touro y otros enclaves como la Comarca de Valdeorras, a los que también hace referencia el último informe publicado por la Oficina del Defensor del Pueblo.