Los incumplimientos de la minera Iberpotash provocan el mayor problema ambiental de Cataluña

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  • Imagen del arroyo salinizado
  • Detalle de la escombrera salina en Sallent (Foto: Plataforma Montsalat)
  • Detalle de la escombrera de Súria
  • Escombreras en Súria
  • Escombreras en Súria
  • Escombreras en Súria
  • Escombreras salinas en Sallent (Foto: Plataforma Montsalat)
  • Escombreras en Súria
  • Instalaciones de Iberpotash en Súria (Barcelona)
  • El pasado diciembre tuvo lugar en el Juzgado de lo Penal nº1 de Manresa el juicio contra esta filial de la israelí ICL y tres de sus ex-directivos, acusados de un delito contra el medio ambiente al no paliar los devastadores efectivos provocados por la actividad extractiva de la transnacional.

Sobre el blog

Salvemos Cabana
Plataforma ciudadana de Cabana de Bergantiños (A Coruña, Galicia) que promueve el activismo en términos de conservación y defensa ambiental.

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Según publica la plataforma Montsalat, el caso se remonta al año 1997, cuando el colectivo ecologista L'Alzina, perteneciente a la misma, presentó en la Fiscalía de Medio Ambiente catalana una denuncia por la salinización de aguas provocada por las escombreras de Suria y Sallent, en la comarca del Bages Barcelonés.

La Fiscalía abrió una investigación inculpando por aquel entonces a directivos de la compañía minera Suria-K Potasas del Llobregat, que poco después pasaría a denominarse Iberpotash. La investigación desarrollada entre los años 1999 y 2000 fue llevada a cabo  por una unidad especial de los Mossos de Esquadra, interviniendo también el Instituto Nacional de Toxicología, Aguas de Barcelona y la Agencia Catalana del Agua en el análisis de las muestras. 

La investigación corroboró la presencia de un alto nivel de salinidad en las aguas, presencia de potasio y compuestos orgánicos volátiles. Por eso, en el 2003, la Fiscalía de Medio Ambiente intervino ante las evidencias de delito y solicitó cautelarmente la clausura de los vertidos salinos de las escombreras. Por desgracia, esta medida nunca llegó a cumplirse porque no fue exigida por el juzgado instructor del caso, que tampoco admitió que el colectivo ecologista fuera considerado parte perjudicada. En 2004, L'Alcina interpuso una querella con el objetivo de ejercer la acción popular contra los abusos de Iberpotash y contribuir a la resolución del problema y a la depuración de responsabilidades. Tras un largo proceso de instrucción, el caso llegó a los tribunales en diciembre de 2014.

La falta de control institucional derivó en desastre ambiental

En el transcurso del juicio, vecinos de Santpedor, Callús y Sallent testificaron afirmando que la salinización de pozos, fuentes y arroyos se produjo tras el inicio de la acumulación de residuos salinos. Por su parte, los Mossos d' Esquadra dejaron patente la relación directa entre escombreras y la salinización de las aguas de arroyos y afluentes del río Llobregat, y tanto los peritos del Agbar, Universitat de Barcelona, Institució Catalana d'Historia Natural y otras entidades confirmaron unánimemente el impacto negativo de la actividad minera.

Las pruebas periciales, igualmente, verificaron que la falta de impermeabilización previa de los terrenos en los que se asientan las gigantescas escobreras instaladas por Iberpotash en Súria y Sallent derivó en una intensa salinización de las aguas, con presencia de altos niveles de potasio como elemento residual y de compuestos orgánicos trazadores que forman parte de los aceites de flotación que se utilizan en las plantas de tratamiento de mineral por parte de la filial de ICL.

Una rápida sentencia para un caso inadmisible

Pese a la duración del proceso, el pasado 19 de diciembre, la sentencia 242/14 del Juzgado nº1 de lo Penal de Manresa fue resolutiva, condenando por delito ambiental a los tres ex-directivos de Iberpotash imputados e imponiéndoles pena de multa y dos años de prisión, y obligando a la compañía a indemnizar a los propietarios perjudicados, a detener el vertido de lixiviados contaminantes procedentes de las escombreras de Súria y Sallent y a tomar todas las medidas de restauración en las zonas afectadas hasta retomar a los valores de salinidad previos a la existencia de las escombreras.

Europa también exige responsabilidades a Iberpotash

Pero la acción ciudanana llegó mucho más lejos. Tras la denuncia de un particular efectuada en 2012, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción, con referencia CHAP (2013) 01557, por los reiterados incumplimientos de la normativa ambiental comunitaria por parte de Iberpotash en Súria y Sallent, considerando que la falta de control sobre la actividad extractiva supone "un peligro para la salud de las personas" y tiene un efecto nocivo "sobre aguas subterráneas y superficiales". 

La eficacia en el control administrativo sobre el sector minero, una prioridad

Casos como el de Iberpotash en Cataluña, Cobre las Cruces en Andalucía o la mina de Touro en Galicia recuerdan la importancia de las administraciones en la fiscalización de la actividad de las grandes corporaciones del ámbito extrativo. Las leyes estatales y europeas a nivel de protección del medio ambiente se convierten en papel mojado si no hay un control eficiente por parte de las autoridades a todos los niveles.

La propia normativa europea, a través de la Directiva 2004/35/CE, señala que la prevención y reparación de los daños medioambientales debe llevarse a cabo mediante el principio con arreglo al cual "quien contamina paga" y que  "un operador cuya actividad haya causado daños al medio ambiente" debe de ser "declarado responsable desde el punto de vista financiero a fin de inducir que a los operadores a adoptar medidas y desarrollar prácticas dirigidas a miniminar los riesgos de que se produzcan daños medioambientales".

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