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La acreditación de los daños al dominio público hidráulico en las sanciones de Derecho de Aguas

Sobre el blog

Fernando López Alonso
Abogado. Profesor Asociado de Derecho Civil en la Universidad de Murcia. Doctor en Derecho. Master en Derecho de la Empresa (ICADE).
Molecor
  • La CHD sancionó a una sociedad anónima por realizar un depósito no autorizado de residuos en un arroyo.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) sancionó con una multa de 8.820 € a una sociedad anónima por realizar un depósito no autorizado de residuos en zona de policía de un arroyo en la provincia de Soria. La CHD consideró que, "por los perjuicios que se derivan para el buen orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico y el entorno, dado el gran volumen de materiales depositados", tal comportamiento resultaba constitutivo de la infracción menos grave prevista en el art. 116.3, apartado g) del Texto Refundido de la Ley de Aguas , aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (TRLA) en conexión con el art. 316 g) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado mediante Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (RDPH):

  • Art. 116.3. Se considerarán infracciones administrativas: g) El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o la omisión de los actos a que obliga.
  • Art. 316: Tendrán la consideración de infracciones administrativas menos graves: g) Los vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del cauce receptor, efectuados sin contar con la autorización. correspondiente y siempre que los daños derivados para el dominio público no fueran superiores a 4.507,59 euros (750.000 pesetas). Ésta era la versión vigente del art. 316 g) en el momento de la comisión de la infracción el 2 de octubre de 2008 (posteriormente se ha modificado).

Una incorrecta valoración de los daños al DPH puede dar lugar a que la sanción inicialmente impuesta pueda ser rebajada o, incluso, anulada

En este supuesto, la sociedad anónima sancionada recurrió la sanción impuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que resolvió tal recurso en sentencia de 25 de febrero de 2013. La empresa sancionada alegó un argumento muy utilizado cuando se impugna una sanción en la que se considera que han existido daños al dominio público hidráulico (DPH): que no existía prueba de que su conducta hubiera producido daños al DPH, circunstancia que debía provocar un castigo menos severo.

En este supuesto el tribunal considera que “ni en el expediente ni en la resolución sancionadora se indican los daños que el depósito no autorizado ha podido ocasionar al dominio público hidráulico”; dicha falta de prueba de que se produjeron tales daños hace concluir al tribunal que la calificación de la infracción realizada por la CHD resulta errónea:

Según se ha indicado, la CHD había considerado que, por existir daños al DPH, debía entenderse la conducta realizada por la sancionada como una infracción menos grave al incluirse en el supuesto previsto en el art. 316 g) del RDPH, si bien, tal y como afirma el citado tribunal “para que un vertido no autorizado tenga esa calificación es preciso que se produzcan daños al dominio público hidráulico cuya valoración no sea superior a 4507,59 €”; la falta de acreditación de daños al DPH determinó que el Tribunal Superior calificará la conducta como una infracción leve a incluir en el art. 315.j) del RDPH (j) El incumplimiento de cualquier prohibición establecida en la Ley de Aguas y en el presente reglamento o la omisión de los actos a que obligan, siempre que no estén consideradas como infracciones menos graves, graves o muy graves) reduciéndose la sanción a imponer de los 8.820 € de multa previstos a los 240,40 euros.

Cuando se sanciona una conducta en materia de Derecho de Aguas, y para la calificación de la infracción se atiende al valor de los daños al DPH provocados, resulta fundamental acreditar debidamente la cuantía de los daños producidos, dado que, una incorrecta valoración de los mismos, puede dar lugar a que la sanción inicialmente impuesta pueda ser rebajada o, incluso, anulada.