En las zonas urbanas de México, según cifras oficiales, 95 de cada 100 mexicanos contamos con acceso al agua potable; 96% disponemos de drenaje y hay capacidad para tratar aproximadamente la mitad de las aguas residuales que se generan. Cuantiosos recursos han sido invertidos para lograr estas altas metas de cobertura –sólo en 2014, se invirtieron en total más de 34 mil millones de pesos. Sin embargo, la calidad de los servicios a la población presenta todavía retos importantes. La falta de estabilidad y continuidad en políticas, programas y acciones que priva en México, afecta más gravemente a los servicios municipales, que dependen del desarrollo de capacidades y activos de largo plazo para ser sostenibles.
Parte importante del problema reside en una falta de alineación entre las metas que se encargan al operador y los recursos que se ponen a su disposición para lograrlas. Algunas de dichas metas están claramente estipuladas en normas oficiales (como la calidad del agua o las características de la infraestructura o los equipos), mientras que otras son imprecisas o no han sido incorporadas a un mecanismo legalmente exigible. No sólo los recursos financieros o la infraestructura son limitados e impiden llegar a resultados satisfactorios de manera estable en el tiempo. También suele faltar claridad en la delimitación de los roles, que afecta la operación y manejo de los recursos humanos, financieros y materiales de los organismos, sus prácticas y métodos de trabajo.
Hasta hoy, los operadores han podido sortear las limitaciones financieras y lidiar con esquemas de decisión no siempre ágiles. El costo se ha transferido al futuro, hacia otras áreas geográficas o sectores, o incluso a los propios usuarios del sistema –que a veces, por no aceptar tarifas más altas, pagan más caro un mal servicio cuando enferman o tienen que comprar agua en pipas y garrafones. Sin embargo, el entorno es cada vez más demandante, cambiante y volátil. Aumentan las demandas de servicio, para cumplir un derecho de acceso al agua y el saneamiento que ya es constitucional; se incrementan los costos por el abatimiento y deterioro en la calidad de las aguas subterráneas, así como por la variabilidad climática y en la disponibilidad y calidad de las aguas superficiales; son más impredecibles los impactos locales de fenómenos demográficos y económicos globales; y en fin, una sociedad más informada y actuante ejerce mayor presión política y social sobre los gobiernos.
¿Cómo deberíamos enfrentar esta creciente complejidad? Es cierto que la reducción e inestabilidad en el acceso a los recursos de inversión afecta gravemente nuestras capacidades, pero también lo es que tenemos que transformar, profesionalizar y afinar nuestras prácticas y procedimientos de trabajo, para lidiar mejor con la complejidad. De la misma manera que no es posible ganar una carrera “de tres pies” (donde dos personas corren con el pie derecho de uno atado al izquierdo de otro) si no se establece un “ritmo” y una coordinación correcta, en un mundo complejo se requiere desarrollar capacidades operativas profesionales, aprender de los mejores y documentar los progresos y los obstáculos para avanzar en forma sostenible.
El manejo de un sistema de agua y saneamiento “no es ciencia nuclear”, pero sí es una actividad especializada en la que participan muchas disciplinas. Ha habido numerosas iniciativas de capacitación, manuales, guías y estándares para orientar el funcionamiento de los distintos departamentos que componen a un organismo operador, pero hasta ahora había hecho falta un modelo que permitiera valorar de manera integral tanto las prácticas como los resultados de un sistema de agua y saneamiento, de forma que pueda vincularse dicha valoración a la instrumentación de incentivos y soportes.
En este contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo ha impulsado la creación e implementación de una herramienta, denominada “AquaRating”, un sistema de calificación para la evaluación integral del desempeño de operadores de agua y saneamiento. Una entidad auspiciada por el Banco, la Entidad AquaRating, se constituye como calificadora de los servicios y promotora del estándar del mismo nombre. De manera voluntaria y confidencial, el proveedor de servicios captura en línea información organizada en 112 elementos de evaluación (indicadores y prácticas) agrupados en ocho áreas, sustentados en documentación de soporte y correspondientes al año inmediato anterior a la fecha de evaluación. Con ello se obtiene una calificación numérica global, pero, más importante, se genera una visión completa de su “línea base” y sus áreas de mejora potencial. A la fase de autoevaluación sigue la validación de consistencia de la información, para dar lugar a la verificación o auditoría completa de la misma, servicio proporcionado por profesionales independientes, debidamente capacitados y acreditados por la entidad AquaRating.
El estándar AquaRating ha sido probado en 13 sistemas de agua y saneamiento de América Latina y España; actualmente se implementa en organismos operadores de Colombia, Perú, Ecuador, así como en Beijing, Fiji y Sierra Leona. Al ser un modelo universal, es exhaustivo, es decir, comprende un gran número de prácticas e indicadores que pueden permitir a cualquier operador, en primer lugar, ubicar su nivel actual de desempeño y sus necesidades de mejora, no sólo en el ejercicio de sus operaciones sino en la documentación de sus prácticas. Con apoyo experto, esta visión general puede dar paso al trazado de una “hoja de ruta” para lograr mejoras específicas, según el contexto económico y social de cada operador, así como, en su caso, a acudir al auxilio de otros operadores o especialistas para mejorar procesos específicos. Eventualmente, una valoración integral a través de AquaRating, auditada por terceros independientes, podrá permitir al operador acceder a recursos financieros y de capacitación, así como a negociar con las autoridades políticas locales la gestión de los recursos técnicos y económicos asociados a metas específicas de mejora.
Es cierto que una buena dirección no puede ser sustituida por una lista de verificación: se requiere de otras habilidades de gestión, comunicación e iniciativa. Pero un estándar integral genera grandes ventajas. En principio, permite al operador documentar y evidenciar, con apoyo de expertos independientes, el estado del sistema en momentos distintos, transparentando el impacto de las decisiones de política, planeación y operación aplicadas. Además, en el caso particular de México, su implementación ocurre en el marco del programa para el desarrollo integral de los organismos operadores, PRODI, de la CONAGUA, por lo que estará vinculado a iniciativas prioritarias para el país. Con ello, los operadores mexicanos se estarán sumando a una tendencia internacional que les permitirá comunicarse en términos similares con otros operadores del mundo, para aprender e impulsar juntos una forma distinta de hacer visible el valor de los servicios de agua y saneamiento.
La salud, la economía y el bienestar de la gente en nuestras ciudades dependen en parte de la profesionalización y el buen manejo de los servicios de agua y saneamiento. AquaRating es una herramienta que puede apoyar y complementar de manera fundamental las iniciativas que se están desplegando para lograrlo, creando una masa crítica de organismos operando bajo un esquema profesionalizado y verificable, que impulse la transformación institucional del sector desde las ciudades.
