Muchas veces nos preguntamos qué podemos hacer por nuestros ríos. La avalancha de solicitudes de obras de presas o dragados, el inacabado asunto de los vertidos o la importantísima cuestión de la expansión de un regadío sin criterio económico alguno nos lleva a actuar de apafuegos e ir a salto de mata día tras día. Todo esto es necesario, pero a todas luces insuficiente.
Esta vorágine, que no ha cesado durante la crisis, nos ha de permitir conjugar el día a día con una visión más a largo plazo y que se adelante a los acontecimientos. Afortunadamente tenemos ganada una cuestión: nuestra idea de la defensa de los ríos cala en la sociedad y estos ya no se ven en exclusiva como meros canales productores de watios o como cloacas a las que verter nuestros desechos: los ríos son ecosistemas que han de llegar libres y limpios hasta el mar, aportando sus sedimentos, energía y agua, formando un elemento principal de nuestro paisaje y prestando servicios ambientales insustituibles.
En España solo queda un río de más de 100 km que corra libre: el río Almonte
Como ya sabemos, en España solo nos queda un río de más de 100 km que corra libre: Se trata del río Almonte (Cáceres), pues todos los demás han perdido su carácter fluvial, que ya es decir al hablar de un río. Según International Rivers, en el mundo, de los 177 ríos más largos sólo un tercio continúa con sus aguas fluyendo libremente y sólo 21 de los que tienen más de 1.000 km mantienen su conexión directa con el mar. La conversión de un río en una masa de aguas estancada, sin sus componentes naturales, es la principal amenaza que sufren, de ahí que se promuevan estos cuatro fines para conservarlos y recuperarlos:
- En primer lugar, hay que conservar a toda costa los pocos ríos que siguen siendo tales. Por eso promovemos en España la figura de la “reserva demanial”, gracias a la cual es la propia Administración la que se limita a sí misma a la hora de otorgar concesiones, algo mucho más eficaz que la descafeinada figura de la “reserva natural fluvial”. Es mucho más fácil proteger un río intacto o poco modificado que lograr mejoras en los ríos con muchas afecciones. Conservar es más fácil que restaurar y el río Almonte es el primer candidato a protegerse en su totalidad.
- Segundo, hay que insistir en la imposición de un régimen de caudales ambientales en los tramos ya afectados por presas que sea riguroso y eficaz. El problema es que los concesionarios se rebelan y erróneamente, insisten en petrificar sus derechos concesionales como si estuvieran en el siglo XIX, aduciendo que no les afectan el interés general, la preferencia por el uso común del dominio público, las reformas legales y los avances de la Ciencia. De hecho, los caudales ambientales del Tajo han sido la clave para aprobar el infame “Memorandum del Tajo-Segura” acordado bajo cuerda y sin debate.
- En tercer lugar, hay que eliminar las presas y captaciones de agua que sean obsoletas por motivos sociales, de seguridad pública, ambientales y económicos, con el fin de restaurar las pesquerías, el bosque de ribera, el aporte de sedimentos al cauce y al litoral, así como su contribución a la mitigación de avenida, la recarga de acuíferos subterráneos y la lucha contra las especies invasoras. Por cierto, una magnífica fuente de empleo local, obras públicas que de verdad interesan a la sociedad. El tramo beneficiado ha de declararse acto seguido “reserva de dominio público”, un paso decidido y serio para proteger el territorio fluvial. Esta eliminación es obvia, pues se trata de un terreno que no es del concesionario, sino de la Administración, la cual no debe “cargar con el muerto” y el riesgo de obras ruinosas que produjeron antes sus buenos réditos al antiguo concesionario.
Hay que insistir en la imposición de un régimen de caudales ambientales en los tramos ya afectados por presas que sea riguroso y eficaz
Finalmente, en España tenemos el caso gravísimo de la ilegalidad permanente, generalizada y estructural de los usos del agua, junto con el desprecio a la gestión de las aguas subterráneas, claves en el abastecimiento y el regadío. Ya se sabe que “para regar no hacen falta papeles”, siendo paradigmáticos Doñana, La Mancha Húmeda, el Jerte, los Arenales o el olivar andaluz, y que numerosas empresas hidroeléctricas incumplen de modo patente sus propias concesiones, a lo que se suman decenas de miles de vertidos clandestinos o de vertidos legales cuyo efecto acumulativo es inaceptable, la contaminación difusa agraria, la actividad minera y la alcantarillización de ríos gracias al urbanismos desbocado. Este abuso no se cuenta en la gestión oficial del agua y se vive a expensas de una vida de expedientes ciega, sorda, paralela y totalmente insensible a la situación real, con las excepciones que confirman la regla. La conclusión es clara: hay que quitar presión a la olla hidráulica nacional.
Para terminar, recordemos que no podemos pecar de acomodaticios e ingenuos y esperar a que alguien haga lo que podemos hacer nosotros. Sacudámonos la pereza y manos a la obra.
