Se suele atribuir al Canciller alemán Von Bismarck el dicho "con las leyes pasa como con las salchichas: es mejor no ver cómo se hacen" y quizás, por aquello de los ojos que no ven, sea mejor desconocer cómo se dedican con denuedo en el Ministerio de Agricultura y en algunas Comunidades Autónomas a deshacer lo poco de valor que se ha conseguido con muchísimo esfuerzo en las tres últimas décadas. Pero quien no ve no siente, aunque siempre hay alguien que recuerde los supuestos beneficios de la pueril felix ignorantia de los clásicos.
Tanta y tanta planificación para que a su margen se arme y trabe un régimen de contratos privados con aguas públicas
A la elaboración de las leyes cual embutidos de baja calidad se le suman la inejecución de sentencias, la comisión por omisión, la omisión a secas, las leyes de convalidación, las leyes de caso único, algunas resoluciones para morirse risa llorando, el empleo torticero y abusivo del decreto-ley sin ton ni son, la falta de aprecio de conclusiones científicas, variados estudios de viabilidad hechos por la lechera del famoso cántaro, las leyes de tasas que vulneran el acceso a la tutela judicial, la condena en costas en primera instancia... vamos, por citar algo y sin la acritud del famoso sevillano. Sin embargo, una sociedad madura quiere ver, saber y sentir, y por eso trabaja nuestra Asociación desde 1979. Veamos algunos ejemplos.
La palma se la lleva el Memorandum del Tajo, suscrito con total secretismo entre este Ministerio y las Comunidades Autónomas receptoras del trasvase Tajo-Segura, por el que se le da la vuelta del calcetín a la gestión de este río, cuya cabecera pasa de facto a formar parte de la cuenca del Segura, toda una muestra de respeto del principio de unidad de cuenca. Para más inri, la prioridad del abastecimiento cede ante el regadío y los regantes ven cómo el Estado les otorga concesiones en contra de una reiteradísima jurisprudencia, pues no existe el "derecho al trasvase", sino una mera posibilidad de vaciar el Tajo para llevar agua al Segura, dando siempre prioridad al uso urbano, incluso en los ciclos de sequía, por lo que habrá que ver en qué situación quedarán miles de ciudadanos y las arcas públicas cuando escasee el agua superficial en un nuevo e inevitable período de sequía.
De paso, claro está, queda de manifiesto el trampantojo del cumplimiento de la Directiva Marco del Agua de la UE, el principio de unidad de cuenca y toda la planificación, así como la mofa a cualquier atisbo de buena técnica legislativa. Tanta y tanta planificación para que a su margen se arme y trabe un régimen de contratos privados con aguas públicas gracias a la titulización de los derechos concesionales, todo un alarde de maquiavelismo de cabezas que no cejan en su empeño de privatizar el Tajo y, por ende, los ríos de nuestra nación.
Esta maniobra ha convertido el Estado de Derecho en una indigerible salchicha compuesta de todo lo que no ha de llevar, como las loas que nadie se cree a la inefable "solidaridad", cuando algunas de las claves en la gestión del agua en el Mediterráneo residen en la buena gestión de las aguas subterráneas y, entre otros, en el fin de las subvenciones perversas al agua y al regadío. Hablando de aguas subterráneas, de paso y ante el retablo de las maravillas hidrológico, nos entretienen con discusiones bizantinas y simulacros de participación acerca del plan hidrológico de tal y cual demarcación, mientras se legalizan cientos pozos clandestinos que debieran precintarse de inmediato, viendo cómo el mal ejemplo del acuífero de Daimiel se repite en los Arenales y en Doñana.
Siguiendo la metáfora de la fabricación de salchichas, el Ministerio presenta como carne de primera calidad con denominación de origen la demolición de la evaluación de impacto ambiental, eso sí, que vista ante el retablo de las maravillas se queda en una "flexibilización de los obstáculos". Es decir, en pleno ejercicio de amnesia selectiva, olvidan que esta herramienta ahorra mucho dinero al desechar proyectos irrealizables y se da cumplimiento al Derecho europeo y a los convenios internacionales que hemos suscrito. Una cosa es la parálisis administrativa y el empleo político de las declaraciones de impacto y otra muy distinta echar por tierra una normativa que si bien es muy mejorable, en bastantes ocasiones ha servido para desechar proyectos que amenazaban nuestra biodiversidad, como embalses inútiles y ruinosos.
Como sociedad civil organizada, demandamos transparencia, rendición de cuentas, respeto a las sentencias y buena fe en la gestión de la cosa pública. Lo dicho nos lleva a rechazar los restos picados que se sirven como “bocatto di cardinale” en los salones del poder público. A estos niveles ha llegado la captura de la Administración por parte de una élite extractiva irresponsable.
