La práctica totalidad de los ríos españoles son de dominio público, entendidos como unos bienes que nos pertenecen a todos y cuyo uso común y general es el prioritario, como por pura rutina se enseña a los futuros juristas y se transmite por los medios de comunicación. Escarbando un poco más aflora un magma en plena ebullición, que nos muestra la realidad a golpe de sentencia y con la entrada en vigor en el año 2000 de la Directiva Marco del Agua de la UE (DMA). Trece años han pasado ya y todavía hay gente que no se da por enterada.
Por un lado, en nuestro Derecho una cosa son los ríos y otra cosa muy diferente es el agua, pero los ecosistemas no se pueden trocear, como si un cuadro de Velázquez fuera unos pigmentos resecos y un lienzo o si La Alhambra, un montón de ladrillos y estuco. Un ejemplo claro es la falta de definición de “río” en nuestro tradicional Derecho de Aguas. Si la Ley española no sabe qué es un ecosistema fluvial, sí que sabe qué es el “agua”, la más rentable y eficiente de la cual, la subterránea, permanece casi toda bajo el régimen de propiedad privada y estando la superficial tras el espejismo del dominio público, ya que están casi todas otorgadas en concesión y cuentan con un rígido sistema concesional que convierte el interés general y su uso común general en un espectral y sórdido retrúecano.
Lo que no se ha hecho con La Alhambra o con “Las Meninas” se hace todo el día con el fluviocidio nacional: los ríos se quitan, se ponen, se dragan, se entuban, se trasvasan, se contaminan, se turbinan sin piedad, riegan cultivos subsidiados a demanda de la PAC… la ingeniería y la subvención a fondo perdido han logrado separar el pigmento del lienzo y han desfigurado la totalidad del sistema fluvial de nuestro país. Un simple vistazo a un mapa del Ebro, el Júcar, el Segura, el Duero, el Guadalquivir, el Miño o el Tajo nos hará ver la realidad. A esto se le suman las decenas de miles de vertidos, captaciones y construcciones clandestinas que existen en el territorio fluvial.
La DMA intenta poner las cosas en su sitio y considera los ecosistemas fluviales como tales, no como canales de agua ofrecidos en bandeja a los concesionarios, sobre todo si hablamos de los grandes “aguatenientes”: los regantes e hidroeléctricos. Pero frente a la DMA se alza imponente un grueso muro incompatible con ella: Casi todas las concesiones se otorgaron bajo la Ley de 1879 y las concedidas bajo la actual normativa siguen el paso, la letra y la música de la captura del regulador y de rentas, el monopolio, el pork barrel, los bendecidos obstáculos a la competencia empresarial a pesar de la burla de los “proyectos en competencia”, el estructuralismo hidráulico, la opacidad, el uso perverso de la figura del interés general, la ruinosa subvención pública y el caos territorial.
Eléctricas y regantes dictan a la Administración hidráulica qué tiene que hacer, en unas relaciones más que íntimas y de puertas giratorias
Es decir, eléctricas y regantes dictan a la Administración hidráulica qué tiene que hacer, en unas relaciones más que íntimas y de puertas giratorias. Son las consecuencias, perfectamente teorizadas y expuestas por Acemoglu y Robinson junto con César Molinas, de una institución económica y jurídica extractiva en beneficio de una élite extractiva política y de los llamados “empresarios del BOE”, que daña el interés general per se, cuyos fracasos se manifiestan en la imposibilidad legal y técnica de cumplir la DMA y en las multimillonarias multas que ya pagamos, patente subvención encubierta concedida a los responsables de la situación. Está claro que al final habrá que reformar el sistema concesional español, al igual que el reparto de hidrowatios particulares amparado por el Convenio de Albufeira, y esto no hay quien lo pongo en duda: Hay que reducir el regadío y las explotaciones hidroeléctricas y de áridos en los ríos, quitando presión a la olla hidráulica nacional. No nos queda otra si tenemos que cumplir la DMA, como ya hacen en los EE.UU. para hacer sostenible el sistema con la Hydropower Reform .
Las concesiones, las cuales estrangulan los ríos, los desecan, los trocean o han inundado quinientos pueblos en España, forman parte de los derechos patrimoniales del concesionario. Sin embargo, en la práctica no queda atisbo alguno de ese dominio público en el que ingenuamente cree la opinión pública y con demacrada pomposidad se proclama en la Ley, aparte del hecho de que el territorio fluvial es objetivamente mucho más extenso que una escuálida franja de dominio público hidráulico. Como muestra paradigmática tenemos los “aprovechamientos integrales” de ríos enteros y como ejemplo reciente mostramos la retorsión esperpéntica a lo Valle-Inclán de los principios jurídicos más elementales a la hora de apuntalar el trasvase Tajo-Segura y todo trasvase al modificar sin debate la Ley de Impacto Ambiental, ejemplo donde los haya de opacidad y desprecio a las reglas más elementales.
La parte del león de las concesiones vigentes, que por regla general caducarán en el 2061, sigue los esquemas de las instituciones económicas y legales extractivas de mediados del siglo XIX, bajo el caciquismo político, gracias a las cuales estaremos dos siglos (dos siglos, dos, sea dicho de forma castiza) bajo la batuta de la dejación de funciones públicas, la privatización de hecho de bienes públicos y la entrega de poder que significa la práctica diaria de la gestión de nuestros ríos. La erupción volcánica surge cuando sale a escena la DMA y sus principios del buen estado ecológico, el de no deterioro adicional y de que, por fin, el agua y los sedimentos no “se pierden” en el mar, sino que obviamente ha de completarse el ciclo hidrológico. Es evidente que la DMA prima sobre toda la legislación nacional y exclama a viva voz que el emperador hidráulico se pasea desnudo, sin importarle que los concesionarios aburran al público desde hace tiempo con la salmodia de que su permiso comprende incluso la desecación total del cauce, como muestra este vídeo, o la inundación de un pueblo y la expulsión de sus habitantes.
Para reconducir la situación, se hace imprescindible reconvertir nuestro obsoleto sistema concesional y hacer de él una institución abierta e inclusiva, gestionar la demanda de agua y energía, internalizar todos los costes, pues por ejemplo según la prensa nacional las hidroeléctricas sólo pagan la patética canonjía hidráulica del uno al dos por ciento del beneficio obtenido. Ante el generalizado incumplimiento de la Ley hay que implantar la concesión por puntos, declarando caduca la concesión sin titubeos ni conmiseraciones y eliminando a costa del infractor toda obra hidráulica social, económica y ambientalmente insostenible, poniendo también fin a cuestiones como el bochorno de encontrarnos con aprovechamientos con el plazo agotado hace años pero sin embargo en explotación, lo que ha de contar con la responsabilidad personal oportuna de cualquier orden jurisdiccional.
Afortunadamente, como recordamos en nuestro trabajo La revisión ambiental de concesiones y autorizaciones de aguas, la Ley no ampara el abuso del derecho y existen cláusulas ambientales pioneras olvidadas adrede, como los caudales mínimos y escalas ícticas de las leyes de pesca fluvial desde principios del siglo XX y que afectan a la práctica totalidad de las concesiones. Así dice la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia, cuya doctrina afirma que una concesión no es un “todo vale”, que hay límites ambientales rigurosos que no conllevan indemnización alguna y que no hay tacha legal alguna respecto de buenos ejemplos como las limitaciones a los exagerados plazos concesionales y la previsión de eliminación de obras hidráulicas tras la extinción de sus títulos, junto con los loables intentos de recuperar los ríos como el Plan de Caudales de Mantenimiento de Cataluña, que ha sido torpedeado desde dentro de la Administración sin miramientos.
Esperamos que los ríos representen de nuevo el interés general y, en palabras de Unamuno, el alma del paisaje.
