Esta semana se cumple un año de la declaración del primer Estado de Alarma ¡Y cuánto hemos sufrido! ¿Verdad? Como ciudadanos, por nuestras familias y amistades, y como empresas, por lo servicios que prestamos, las personas que trabajan con nosotros y por todas aquellas a las que ofrecemos algo tan esencial como el agua. Esencial siempre, pero mucho más durante este último año, en el que ha sido la principal medida de prevención y lucha contra el covid-19.
Después de la angustia, del esfuerzo, un año después puedo asegurar que en Gestagua y Emalsa estamos especialmente satisfechos del trabajo realizado, por nuestra capacidad de anticipación, eficacia y profesionalidad.
La Covid-19 ha puesto a prueba de forma súbita y extrema la resiliencia de nuestros servicios, que durante este año hemos sabido gestionar de forma óptima, pese a todas las dificultades, gracias a tres pilares fundamentales:
- El espíritu de servicio público, la competencia y versatilidad de nuestros más de 1.100 profesionales, entre España y Colombia.
- La anticipación, que nos ha permitido tomar las decisiones más adecuadas en el menor tiempo posible, reduciendo riesgos e impactos negativos.
- La transformación digital, gracias a la que hemos podido controlar de forma remota y autónoma nuestros sistemas, infraestructuras y operaciones.
Satisfechos, pero también muy preocupados. Vivimos tiempos de suma dificultad que están provocando un grave deterioro. Ante la crisis socio-económica lo tenemos igual de claro que lo tuvimos ante la sanitaria cuando estalló. Volveremos a anticiparnos (llevamos meses haciéndolo) para no dejar a nadie atrás. Con la ayuda de los ayuntamientos, que son los titulares de los servicios, estamos estableciendo mecanismos y fórmulas ligadas a nuestro sector que permitan reactivar la economía y auxiliar a los que se han visto más afectados por esta crisis. En Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, con un Plan de Infraestructuras Hidráulicas que prevé una inversión de más de 600 millones de euros, pero también con un Plan de Modernización del Ciclo Integral del Agua que habilita e impulsa fondos, tarifas y otras medidas de flexibilización del pago para colectivos vulnerables para garantizar el derecho al agua, pero también para ayudar es esta crisis tanto a empresas y autónomos como a las familias en general.
El agua es mi vida. La profesional, pero también la personal. Me encanta navegar, por ejemplo. Y por eso sé que ningún mar en calma hizo nunca experto a un marinero, así que esta tormenta perfecta que atravesamos tiene que servirnos de algo. De mucho, en realidad.
Habitamos un mundo en el que todo va demasiado rápido y todo puede cambiar demasiado pronto, como estamos viendo. En solo un año ha cambiado todo. Y nuestro sector no puede ser ajeno a esos cambios, empezando por nuestra relación con las administraciones, con nuestros clientes.
Esta crisis ha puesto de manifiesto que no hay mejor forma de gestión de lo público que la colaboración público-privada. Las empresas, especialmente las concesionarias, pero también otras muchas, estamos haciendo piña con las administraciones para sacar a flote al país en una situación de máxima dificultad. Lo hemos hecho a base de cooperación, entendimiento, solidaridad y fraternidad, cada uno desde su posición, sumando siempre desde la lealtad. Y a partir de ahora, además, las inversiones hidráulicas serán una de las principales palancas para la recuperación, especialmente con los fondos que llegarán de Europa.
Allí donde operamos, hemos demostrado que con la colaboración público-privada hemos podido ofrecer un servicio más eficiente y transparente para los clientes, pero a la vez también más ágil y eficaz, que es la principal aportación de un buen aliado privado. Hemos unido lo mejor de la gestión pública con lo mejor de la gestión privada, rigiéndonos de acuerdo a unas normas preestablecidas, públicas y transparentes.
Y aquí está la clave, en la transparencia, un terreno en el que sin duda tenemos que avanzar para mejorar, máxime en los tiempos que se avecinan, en los que, como decía, nuestro sector será palanca de recuperación para salir de la crisis. Y voy a lo concreto: Nos gustaría, como empresa eficiente y competitiva que somos, que los concursos de concesiones fuesen cada vez más transparentes y que las valoraciones económicas más objetivas, sin mecanismos para topar los valores máximos o mínimos de las ofertas.
Lo que he visto en los últimos tiempos no me gusta: demasiada subjetividad en la valoración de las ofertas. No voy a entrar en detalle, pero basta con leer los pliegos de algunos concursos públicos para observar que hay licitaciones que dan ventajas a una u otra empresa del sector, que generalmente es la que está operando en ese momento. Y esas ventajas no son de carácter técnico, ya que actualmente la mayoría de las empresas que operamos en este sector somos líderes mundiales, sino de carácter económico, topando las propuestas de inversión o las bajas que se pueden hacer. Esto lo único que consigue es reducir la competencia y encarecer el coste del agua para el ciudadano.
Pero voy más allá. ¿De verdad alguien puede creerse que en tiempos líquidos como los actuales, como los definió Bauman, en los que todo cambia en muy poco tiempo tienen sentido los viejos contratos de concesión a 4 o 5 lustros? Yo, desde luego, no. Es más, creo que una limitación a un número menor de años mejoraría notablemente la competencia en el sector.
Actualmente las concesiones son a 25 años, pero sabemos que las nuevas inversiones necesarias en las infraestructuras municipales son de carácter tecnológico, donde las amortizaciones son como máximo de 10 años.
Deberíamos aprender de los concursos de prestación de servicios de algunas compañías de agua públicas, en los que su duración es de 5 años, la valoración es mayoritariamente por bajas económicas y en los que existe, como mínimo, el doble de competidores que en una licitación de concesión.
Este tipo de concursos, mucho más cortos en su tramitación, tienen además una ventaja adicional, pues reducen al mínimo la judicialización, ya que los criterios de valoración son muy claros: la eficiencia de la prestación del servicio.
Me pregunto por qué no podemos copiar este modelo, en el que el más beneficiado es siempre el cliente final, que acaba pagando un recibo de agua más bajo.
Y si no lo hacemos (espero que sí), al menos pongámonos de acuerdo en que es imprescindible que se dicten unas normas claras de redacción de pliegos con el fin de impedir, en primer lugar, que se pueda favorecer a nadie y, en segundo lugar, para fomentar el uso de parámetros objetivos y fácilmente comparables, minimizando al máximo la subjetividad.
Honestamente, creo que con ello ganaríamos todos, pero sobre todo ganarían los ciudadanos. Por eso no quiero planteármelo como un reto, sino como una obligación: hacerlo mejor, más ágil y transparente, especialmente en un momento en el que estas licitaciones pueden funcionar como mecanismo catalizador de inversiones en los municipios, necesitados como nunca de reactivación económica.