La Comisión Europea abre una investigación sobre las ayudas públicas recibidas por Iberpotash

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  • Comisión Europea abre investigación ayudas públicas recibidas Iberpotash

La minera, actualmente denominada ICL Iberia Súria & Sallent, fue denunciada en 2012 ante el Ejecutivo comunitario acusada de beneficiarse de "varias medidas de ayuda estatal" en apoyo a sus actividades industriales. Las pesquisas de las autoridades europeas se centran ahora en dos de ellas.

La primera hace referencia a las garantías financieras ofrecidas por Iberpotash a los organismos públicos autonómicos para cumplir sus obligaciones de protección medioambiental. Estas obligaciones están relacionadas con los residuos generados por las minas de Iberpotash y las garantías que se supone deben cubrir el coste potencial de la rehabilitación de los terrenos.

La Comisión ha anunciado que su investigación "se va a centrar ahora en determinar si el importe de la garantía financiera, fijado originalmente en dos millones de euros, es muy inferior al que exigen las normas medioambientales, en particular la Directiva sobre residuos de las industrias extractivas de la UE y las normas nacionales y autonómicas pertinentes". 

LA FINANCIACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, A EXAMEN

Además, las autoridades españolas financiaron en su totalidad los 7,9 millones de euros de los costes para el recubrimiento físico de una de las escombreras de Iberpotash para reducir su impacto ambiental. Por eso, la Comisión  ha anunciado que "valorará si estos costes deberían haber sido sufragados por Iberpotash, por ser el contaminador". Para la CE, "esto supondría una infracción del principio de quien contamina, paga, ya que sería una autoridad pública la que estaría cubriendo los gastos de limpieza en lugar de la empresa responsable de la contaminación".

Ambas medidas pueden haber concedido a Iberpotash una ventaja selectiva frente a sus competidores, que tienen que asumir estos costes, por lo que supondría ayuda estatal a tenor de la normativa sobre ayudas estatales de la UE y una grave infracción que podría suponer, de confirmarse, el pago de cuantiosas multas por parte de los gobiernos catalán y español.

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Imagen: Instalaciones mineras de ICL / Iberpotash en la localidad barcelonesa de Súria


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