El interés por conocer la percepción ciudadana acerca de temáticas reconocidas por la complejidad de su gestión, tales como la disponibilidad hídrica, el modelo agrícola europeo y el sistema agroalimentario, la protección y el fomento de la biodiversidad o la mitigación de los efectos del cambio climático, ha motivado la publicación de informes especializados por parte de la Comisión Europea. Desde el año 1973 la Comisión tiene, entre sus objetivos, estudiar la opinión pública de cada uno de los Estados Miembros mediante encuestas que analizan los principales temas de interés para los ciudadanos europeos. Son tres los mecanismos promovidos para conocer las prioridades de la ciudadanía europea. El primero de ellos, el Standard Eurobarometer, se basa en un millar de entrevistas cara a cara que se llevan a cabo dos veces al año y que tratan aspectos relacionados con las instituciones europeas (como la imagen de la Unión Europea, la valoración de la moneda comunitaria o el proceso de votación de la Constitución europea). El segundo, el Special Survey, se basa en los estudios temáticos realizados por los diferentes servicios técnicos de la Comisión resultantes de las entrevistas realizadas por el Standard EB (como la protección de datos, el medio ambiente o la biotecnología). Por último, los Flash Report son resultado de las entrevistas telefónicas realizadas a solicitud de la Comisión, quién prioriza la obtención, con relativa rapidez, de datos sobre grupos específicos de la población en relación a variables como la sociedad de la información, la incorporación de nuevos países miembros o la generación de empleo.
Desde el año 1973 la Comisión tiene, entre sus objetivos, estudiar la opinión pública de cada uno de los Estados Miembros mediante encuestas
Desde los años noventa, y más insistentemente a lo largo de la última década, se han intensificado los informes relativos al binomio sociedad-naturaleza, donde el análisis del uso y gestión de los recursos naturales tales como el agua, el suelo o la biodiversidad no ha dejado de aumentar su protagonismo. En este sentido, en los dos últimos años se han publicado cuatro informes que sintetizan los principales focos de atención que preocupan a la ciudadanía europea: el agua, la biodiversidad, la agricultura y el cambio climático. Los dos primeros han sido analizados mediante informes Flash de los años 2012 y 2013, respectivamente, mientras que los dos restantes han sido objeto de un análisis Special EB realizado a lo largo del pasado año. Bajo el título “Actitudes de los europeos acerca del agua – temas relacionados” (Flash EB 344, 2012), los 1.001 entrevistados respondieron a un total de 11 preguntas organizadas en cuatro bloques:
- Los problemas relacionados con el agua y la gravedad de los mismos;
- Impacto de los distintos factores sobre el estado del agua;
- El precio del agua; y
- Abordar los problemas del agua.
Los resultados de la primera pregunta, “¿Cómo se siente de informado sobre los problemas a los que se enfrentan las aguas subterráneas, los lagos, los ríos y las aguas costeras de España?” ponen de manifiesto como el 79% de la muestra no se considera bien informada, mientras que en la segunda pregunta sobre la (no) gravedad de problemáticas tales como los fenómenos extremos (inundaciones y sequías) o la calidad del agua, las respuestas muestran el predominio de la preocupación por los períodos de sequía (95% de los encuestados lo considera un problema muy grave) frente a la recurrencia de las inundaciones (74%) y la calidad del agua (72%). Las preguntas del bloque 2, centradas en los impactos sobre los recursos hídricos tanto en calidad como en cantidad, manifiestan la preocupación por el uso de pesticidas y fertilizantes en la agricultura (para un 93% de los entrevistados, dicha actividad comporta impactos directos sobre el estado ecológico de las aguas), así como el papel del consumo doméstico del agua y las aguas residuales (87%) y el uso excesivo del agua en la agricultura (81%). El tercer bloque, focalizado en el precio del agua, se interesa por la posibilidad de cobrar a todos los usuarios de agua en función del volumen utilizado, opción ante la cual el 52% de los encuestados se muestra favorable aunque con medidas para contrarrestar posibles efectos sociales adversos. Así mismo, ante la pregunta “¿Está de acuerdo en que el precio del agua debería reflejar el impacto medioambiental del uso del agua, es decir, el agua debería ser más cara si su utilización tiene un mayor impacto sobre el medio ambiente?”, el 67% reconoce la necesidad de condicionar el precio del agua a las externalidades negativas de su uso (seis puntos más que la media europea). El último bloque va más allá y se centra en los mecanismos para reducir los problemas relacionados con la disponibilidad y gestión del agua. Así, del total de siete medidas propuestas, dos reciben una mayoría favorable: multar con mayor dureza a los infractores (59%) y proporcionar más información acerca de las consecuencias medioambientales del uso del agua (55%). Aspectos como la garantía de mayores incentivos financieros para un uso eficiente del agua o una mejor aplicación de la legislación existente sobre el agua no reciben el mismo interés en España (36% y 41%, respectivamente) que en el conjunto europeo (57% y 55%, respectivamente).
El segundo de los informes analizados, “Actitudes acerca de la biodiversidad” (Flash EB 379, 2013), también se organiza en torno a doce preguntas estructuradas en cuatro bloques, el primero de los cuales se centra en la importancia y severidad de la pérdida de biodiversidad en España. Así, una de las cuestiones planteadas hace referencia a los motivos que justifican la protección y mejora de la biodiversidad terrestre y marina: es una obligación moral dado que como sociedad debemos cuidar el entorno (85%); nuestro bienestar y calidad de vida se basa en la calidad del medio ambiente y la biodiversidad que alberga (66%); la biodiversidad es indispensable para la producción de bienes tales como alimento, combustible y medicinas (66%); y la biodiversidad es clave para mitigar los efectos del cambio climático (65%). Dichas argumentaciones se plantean a la par de la preocupación creciente por la extinción de especies, hábitats naturales y ecosistemas tanto a nivel global (60%), como a nivel europeo (40%) o de país (43%). El segundo bloque se interesa por los esfuerzos que a nivel particular se llevan a cabo para mitigar la pérdida de biodiversidad. Así, el 80% de los encuestados se responsabiliza del impulso de medidas individuales para ayudar a conservar los niveles de biodiversidad necesarios para no perjudicar los ecosistemas naturales, si bien buena parte de los mismos considera que puede hacer más por la causa. Es interesante, así mismo, denotar como la práctica totalidad de los entrevistados (98%) se consideran respetuosos con la naturaleza y favorables al consumo de productos orgánicos o ecológicos (65%). El tercer bloque trata las políticas que se han impulsado para maximizar la protección de áreas naturales en beneficio de la conservación y gestión ambiental de la biodiversidad, como la Red Natura 2000. En este sentido, si bien el informe pone de relieve como el 72% de los encuestados reconoce no haber recibido información alguna o haberse interesado por la implementación de la Red Natura 2000, sí consideran imprescindible que el desarrollo económico no malmeta las áreas a proteger de la misma (56%, 11 puntos por encima de la media europea). Por último y referente a la priorización de medidas a impulsar para mantener y acrecentar la protección de la biodiversidad europea, el 85% de las respuestas hacen hincapié en una mayor sensibilización ciudadana que pase por una mejor información acerca de la importancia de la biodiversidad, mientras que el 79% de los encuestados considera oportuno aumentar las áreas protegidas a nivel europeo o el 76% exigen que los subsidios a sectores tales como la agricultura o la pesca tengan en consideración la biodiversidad promovida por dichas actividades.
El tercer documento de aparición reciente es el Special EB dedicado a la Política Agrícola Común (Special EB 410, 2013), basado en 1.013 entrevistas y que consta de un total de 18 preguntas estructuradas en cinco bloques. El primero de ellos se interesa por la valoración social de la agricultura y las áreas rurales, donde el 94% de los encuestados ha reconocido la vitalidad y significancia de la agricultura y el mosaico rural. El segundo promueve el intercambio de puntos de vista sobre la PAC, empezando por el conocimiento de dicha política (54% de los encuestados); los objetivos de la misma (apoyar a los jóvenes agricultores, 74%; o garantizar el suministro de alimentos a los europeos, 68%); o la consideración de dicha política en beneficio del conjunto de los ciudadanos europeos (77% de acuerdo). El tercero analiza el presupuesto de la PAC (40% del presupuesto total de la UE) y pregunta por su justificación: la ayuda económica a los agricultores garantiza el suministro de alimentos en Europa (45%) o dicha ayuda garantiza la alimentación así como la protección ambiental (40%). Los bloques sucesivos se interesan por el papel de la agricultura y los agricultores en la sociedad, de manera que se pregunta a los encuestados por las dos principales responsabilidades de los agricultores (mantener la actividad económica y el empleo en las áreas rurales, 49%; y abastecer a la población con una variedad de productos de calidad, 38%) así como por los motivos que justifican el mantenimiento de la agricultura europea (la agricultura beneficia a la sociedad a través de la producción de alimentos seguros y con normas que garantizan el respeto del medio ambiente y el bienestar animal, 64%; contribuye a la economía de las zonas rurales, 59%; y protege y mejora el medio ambiente, 26%).
La mitad de los ciudadanos europeos consideran que el cambio climático es el tercer problema más serio que debe afrontar la sociedad
El último documento que simboliza el interés por los bienes comunes y la gestión de la complejidad está focalizado en el cambio climático (Special EB 409, 2014). Los principales resultados muestran como la mitad de los ciudadanos europeos consideran que el cambio climático es el tercer problema más serio que debe afrontar la sociedad desde escalas y contextos complementarios (por detrás de la pobreza, el hambre y la calidad del agua; y la situación económica). En cuanto a la responsabilidad de decisión que conlleva la mitigación del y adaptación al cambio climático, el 48% de los encuestados considera primordial la acción gubernamental, mientras que la responsabilidad de acción se distribuye entre las empresas y la industria (41%) y los ciudadanos (39%). En referencia a las medidas reconocidas por los encuestados a la hora de promover acciones a favor de la reducción de emisiones de gases invernadero, domina el reciclaje (69%); la compra y consumo de productos de proximidad (36%); la inversión en energías renovables a favor de la eficiencia energética (34%) o la promoción de medios de transporte sostenibles (28%).
Los cuatro informes sirven de ejemplo de la evolución de las preocupaciones que reconoce la sociedad respecto a su vinculación con el uso y/o consumo de recursos naturales así como de la necesidad de radiografiar el interés y la intensidad de dichas preocupaciones para motivar y/o exigir la gestión holística del binomio sociedad−recursos naturales, ya sea desde la interconexión entre variables dinámicas (agua, suelo, medio ambiente), el modelo de toma de decisiones (público−privado; individual−colectivo) o su legitimación a largo plazo (bottom−up, top−down; gobernanza). En este sentido, conocer la repercusión social de las políticas impulsadas, su trascendencia para con la consecución de los objetivos propuestos y su adaptación a retos cambiantes en tiempo y escala es una tarea que requiere de un conocimiento transversal y multisectorial desde enfoques complementarios como la experimentación, la gestión, la política y la validación.
Referencias:
Attitudes of Europeans towards Water – related Issues (Flash Eurobarometer 344, 2012)
Attitudes towards Biodiversity (Flash Eurobarometer 379, 2013)
Europeans, Agriculture and the Common Agricultural Policy (CAP) (Special Eurobarometer 410, 2013)
Climate Change (Special Eurobarometer 409, 2014)