Paradójicamente, en una de las regiones del mundo más ricas en agua, 34 millones de personas aún no tienen acceso a fuentes mejoradas de este preciado insumo, vital para el desarrollo socioeconómico y la productividad de los países. A pesar de que América Latina cuenta con un tercio de los recursos hídricos del planeta, éstos están distribuidos de forma desigual, hecho que dificulta la provisión de servicios de agua y saneamiento para todos los latinoamericanos.
En pocas palabras, las fuentes de agua no suelen estar ubicadas donde más se necesitan para abastecer a la población y los usos productivos como agricultura, industria o energía. Y los más perjudicados por esta situación son aquellos que viven en zonas rurales, que representan el 20% de los latinoamericanos -o 127 millones de personas.
El acceso a servicios de agua y saneamiento en estas zonas es preocupante: 21 millones de personas carecen de acceso a fuentes de agua potable y 46 millones aún no disponen de instalaciones de saneamiento mejorado. La evidencia empírica muestra que las poblaciones rurales sin acceso a servicios adecuados de agua y saneamiento son las más vulnerables, debido a su nivel de pobreza, su grado de dispersión y las precarias vías de acceso a las comunidades. Este escenario acentúa las profundas desigualdades existentes entre las zonas urbanas y rurales de la región.
Ante este escenario, para que América Latina logre ofrecer servicios de agua y saneamiento eficientes y seguros a todos sus habitantes será imprescindible redefinir el concepto de lo rural, ya que podría ser mucho más amplio de lo que se considera habitualmente.
Una reciente publicación de CAF –Banco de Desarrollo de América Latina-, asegura que una redefinición de lo rural que actualice el concepto e incorpore dimensiones socio-económicas, demográficas, de acceso a servicios y conectividad contribuiría a mejorar la eficiencia de las políticas públicas que se implementan en las zonas rurales.
Si usamos definiciones más amplias del concepto de ruralidad, la población rural podría sobrepasar el 40% del total de América Latina, si se entiende como tal a aquella que vive en territorios con baja densidad y con tiempos de viaje a centros urbanos, que tienen un determinado nivel de servicios, inferiores a hora y media.
Para que estos habitantes rurales puedan ejercer su derecho al agua y saneamiento es necesario, además de aumentar significativamente las inversiones, que los gobiernos implementen proyectos de desarrollo incorporando los conceptos, tecnologías y modelos de gestión que aseguren la sostenibilidad de los servicios. Si el servicio no es sostenible, la solución al problema solo será temporal y será necesaria una reinversión en rehabilitación o nueva infraestructura en pocos años, derivando en gastos superiores para los gobiernos.
De cara al futuro, las estrategias y la planificación de las inversiones en agua y saneamiento deberán tener más en cuenta las particularidades de los territorios rurales y las poblaciones que los habitan. Esto implica ofrecer una calidad aceptable en el servicio a la comunidad, adoptando los modelos que tengan en cuenta a la población dispersa y más vulnerable, especialmente las comunidades nativas y los hogares más pobres. En ese contexto, es necesario diseñar proyectos eficientes, considerando las economías de escala, que respondan a las demandas y posibilidades reales de las familias.
Por otra parte, las inversiones realizadas por los gobiernos y complementadas con recursos de financiamiento de las agencias de cooperación multilateral y bilateral, deben realizarse bajo una óptica integral del desarrollo rural, con un marco de políticas públicas que se adapte a este enfoque y con la capacidad institucional suficiente para desarrollarlas dentro de una política de gestión integrada de las recursos hídricos. De esta forma se garantiza la eficiencia en el uso de los recursos fiscales invertidos.
Dentro de la meta que se han fijado los países latinoamericanos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, proveer de servicios de agua y saneamiento a todos los habitantes rurales sería un impulso tremendo: no solo contribuiría en los objetivos relacionados al agua sino también ayudaría a disminuir las brechas de exclusión social que actualmente existen y que inhiben el crecimiento económico de la región.
Este artículo se publicó originalmente en América Economía.
