Agua y política

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Sobre el blog

Xavi Duran Ramírez
Periodista y responsable de prensa en la Agencia Catalana del Agua. Licenciado en Periodismo (UAB) y Humanidades (UPF). Máster en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional (UAB) y Máster en Periodismo Ambiental (IIFA).
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El acceso al agua en buenas condiciones, tanto para las diferentes necesidades consumativas (usos domésticos, agrícolas, industriales y ambientales) como para el saneamiento de las aguas residuales, es un derecho que tienen todas las personas de este planeta. Algo tan básico y necesario debería no estar politizado, ya que en muchas ocasiones el agua se utiliza como arma política, alejándose de las necesidades de la población y elevando el tema a un nivel casi inaccesible para la ciudadanía.

Trasvase vs desalinización

En nuestro país hemos asistido de una manera cíclica al enfrentamiento de dos posturas totalmente contrarias y antagónicas en lo que a gestión del agua se refiere. Por un lado, los defensores a los trasvases y, por el otro, a los que consideran que la desalinización es la tecnología más adecuada para resolver el déficit hídrico de España.

La alternancia en el poder cada 4 años hace que las políticas hidrológicas sufran cambios o sean derogadas por completo

Durante el mandato de José María Aznar, la gran solución a los problemas de agua de Valencia, Murcia y el norte de Andalucía era el trasvase del Ebro. Esto generó un gran rechazo por parte del territorio (Aragón y Cataluña) y por los partidos que había en la oposición. En 2004, con la llegada del PSOE al poder, se derogó el Plan Hidrológico Nacional vigente y se produjo un cambio radical de política hidrológica: se pasó de la solución mediante transvases a la gran apuesta por la desalinización.

Es evidente que cada una de estas soluciones tiene sus ventajas e inconvenientes. El trasvase se considera como una solución para aquellos ríos que tienen excedentes de agua y que pueden aportar recurso a las zonas más necesitadas. Parece la opción más fácil de ejecutar, pero no se tienen en cuenta variables como que actualmente hay pocos ríos con exceso de agua, el coste de energía para bombear el agua en función del recorrido de la tubería o el impacto que puede tener el cambio climático, entre otras.

La desalinización, por su parte, es una instalación que no depende del clima, que garantiza una cantidad de agua fija y que no coge recurso de otra cuenca. Sin embargo, sus puntos débiles son el elevado coste energético para producir agua (sobre todo en el proceso de osmosis inversa) y el posible impacto ambiental de la salmuera resultante del proceso y que se vierte al mar unos kilómetros mar adentro.


La desalinizadora de Carboneras, con capacidad máxima de 42 hm3, funciona al 20% de su capacidad. 

Fuente imagen: Acuamed


Los trasvases extraen agua de una cuenca alejada y generan un gran rechazo en el territorio de origen, mientras que la desalinización debe afrontar elevados costes de producción

Agua ligada al programa político

La posible alternancia de fuerzas políticas en un gobierno cada cuatro años hace que las políticas hidrológicas queden interrumpidas o que se modifiquen. Se aplica, en la mayoría de los casos, la política de tierra quemada, aboliendo las medidas vigentes hasta el cambio de fuerza política en el poder. Actualmente, comprobamos que el plan Agua de Zapatero se quedó a medias, con muchas plantas desalinizadoras funcionando a un mínimo rendimiento con el objetivo de no incrementar costes. Sin embargo, tampoco el actual gobierno ha decidido cuál será su política hidrológica en los futuros años, ya que no se ha puesto encima de la mesa la mejor solución para resolver el déficit hídrico en España, sobretodo en el levante español, donde algunas fuentes lo cuantifican en 1.000 hm3/año.

El actual partido del gobierno, el Partido Popular, jamás ha escondido su preferencia por los trasvases (el del Ebro siempre ha sido su proyecto estrella, aunque en los últimos años también ha virado con un creciente interés hacia el trasvase del Ródano), pero este proyecto despierta recelos entre sus votantes en Aragón, por ejemplo. Tampoco el PSOE ha mostrado cual es la mejor solución y cabrá ver si en el proceso de elección del secretario/a general, el tema del agua es uno de las cuestiones a tratar de una manera profunda.


El río Ródano siempre se ha considerado como una fuente alternativa para garantizar demandas. El temor de posible contaminación de sus aguas la sequía sufrida hace unos años en Francia son sus principales inconvenientes. 

La gestión del agua debería ser independiente de la política, con un organismo independiente formado por expertos contrastados en la materia

Organismo independiente

Lo más adecuado para el bien de un país sería la creación de un órgano independiente encargado de analizar y desarrollar las actuaciones necesarias para garantizar las actuaciones del ciclo integral del agua (sobre todo en los ámbitos del abastecimiento y el saneamiento), pero dejando a un lado los colores políticos y las promesas programáticas de los partidos. Tendría que ser un organismo compuesto por grandes profesionales del sector del agua sin ninguna atadura a la política y que basara sus decisiones en soluciones estructurales viables desde el punto de vista económico, técnico, social y medioambiental.

Este órgano debería tener un marcado carácter participativo con tal de aglutinar las necesidades e inquietudes del territorio, generando un intercambio de ideas que permitiría aclarar conceptos, acercar posturas y resolver las problemáticas con un mayor consenso.

Para asegurarse de su buena gestión, se debería constituir una comisión de control que tenga una revisión periódica de sus actividades, como sería el cumplimiento del calendario de acciones, el control presupuestario, la necesidad de incorporar o cambiar miembros, entre otras cuestiones. Por supuesto que este órgano no debería interferir en el papel de los distintos organismos de cuenca y debería actuar y tomar parte cuando las soluciones estructurales impliquen a dos o más territorios. Por supuesto, el órgano debería plantear propuestas vinculantes a las soluciones que propongan y lleven a cabo los distintos organismos de cuenca y agencias del agua en el ámbito de sus funciones.

Este organismo debería contar con un representante de cada comunidad autónoma, con el objetivo de ofrecer el punto de vista de cada región y sus necesidades hídricas. Esto sería una buena solución para aquellos ríos que tienen las competencias compartidas como el Ebro o el Tajo.

Auditoría de recursos hídricos

El primer paso que debería llevar a cabo este organismo independiente sería hacer un inventario de todos los recursos hídricos disponibles por cada comunidad autonómica (embalses, acuíferos, desalinizadoras, instalaciones de regeneración de agua), junto con las demandas medias por año y cuantificar el déficit hídrico (si hay). En relación con las demandas se tendrían que cuantificar los usos consumativos, además de los usos ambientales y si éstos cumplen con los niveles necesarios para garantizar el buen estado del medio hídrico, ya que tengamos en cuenta que a la larga, sin calidad no hay cantidad. También cabría analizar el estado del saneamiento, cual es la capacidad de dilución de los ríos y también contemplar las necesidades de saneamiento pendientes. El fomento del ahorro también sería uno de los ejes que este organismo tendría que fomentar, ya que seguramente hay muchas variaciones entre zonas.

Una vez analizados los recursos hídricos de cada cuenca, el posible déficit hídrico y las demandas, se tendrían que proponer medidas estructurales viables y adecuadas a cada realidad, aplicando el principio de subsidiariedad de la Directiva marco del agua

Una vez llevada a cabo una primera fase de análisis, cabría cuantificar las necesidades hídricas de cada región y cuáles son las soluciones más viables para llevar a cabo. En esta fase, también se tendría que analizar la posibilidad de incrementar el uso de las plantas desalinizadoras, las estaciones de regeneración de agua (ERA) disponibles, así como otros recursos que están en una situación de funcionamiento bajo y que podrían incorporar nueva agua a los recursos habitualmente disponibles.

Soluciones viables y eficientes

A partir de aquí entrará en juego la tarea de analizar las infraestructuras hídricas necesarias para cada región. Como he comentado con anterioridad en este post, la solución mágica no existe y tanto los trasvases como la desalinización presentan sus pros y sus contras. Yo, sin embargo, me inclino por la segunda opción, aunque ésta no es la panacea y se tendría que combinar con otras alternativas. Para mí, los trasvases no son la solución, porque lo único que hacen es extraer agua de un río y esto supone un impacto. Además, son proyectos que suelen tener un largo periodo para su ejecución y, por último, son soluciones que no están a salvo de cambio climático. Cojamos el ejemplo del Ródano. Siempre se ha dicho que es un río con un excedente suficiente para abastecer a Cataluña, pero lo cierto es que hace unos 3-4 años, este río tuvo problemas a causa de la sequía. Por lo tanto, en el actual escenario incierto del cambio climático, ningún curso fluvial está a salvo.

Sé que este post no deja de ser un desiderátum de cómo tendría que ser la gestión del agua, pero considero que la gestión del recurso debe estar alejada de cualquier politización y de perjudicar un territorio en detrimento del otro.

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