La DMA es la ley europea que rige la política de aguas desde el 2004 y que tendrá que cumplirse en su totalidad antes del 2015. Esta Directiva trata de recuperar la calidad de las aguas continentales en toda Europa abandonando la política de infraestructuras hidráulicas que se ha demostrado ineficaz y obsoleta. La Unión Europea apuesta así por una visión ambientalista del medio hídrico que permita su protección y garantice el agua a futuras generaciones.

Greenpeace hace esta investigación en un momento crucial: la entrada en vigor de la DMA. El estudio “Agua” es el primero que analiza todos los datos oficiales existentes sobre la totalidad de las aguas continentales españolas (ríos, acuíferos, lagos, humedales, estuarios, rías...) desde una perspectiva nueva en España, pero que es la base ya de la legislación europea a la que tendremos que adaptarnos: la calidad.

El término calidad incluye la contaminación (grado de toxicidad de los diferentes vertidos), el estado ecológico de las aguas superficiales (la buena salud del ecosistema y su capacidad de regeneración) y el estado químico de las subterráneas.

“La lucha contra la contaminación no sólo permitiría aumentar más la disponibilidad de recursos hídricos que la construcción de desaladoras, embalses y trasvases, sino que es la única forma de asegurar agua para las futuras generaciones”, ha declarado Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace.

"La lamentable situación de nuestras masas de agua hace necesario un cambio radical en la gestión del medio hídrico por parte de Confederaciones y Comunidades Autónomas. Este cambio es obligatorio para cumplir la Directiva Marco del Agua, pero como en otras ocasiones España pretende cumplir la ley mediante parches y soluciones adaptadas a intereses creados en torno al agua”, ha declarado Julio Barea, responsable de la campaña de aguas de Greenpeace.

El informe “Agua” concluye que:

• El agua en España está sirviendo como elemento catalizador de la especulación económica (agricultura intensiva, urbanismo y turismo). Y la política de aguas está al servicio de un modelo de desarrollo insostenible que conducirá a medio plazo al agotamiento de los recursos.

• Es necesario cambiar la visión que la Administración y la ciudadanía tienen del agua. Más aún cuando fenómenos como el cambio climático prevén una disminución significativa en los recursos hídricos de la Península Ibérica.

• La contaminación del agua es el factor que más influye en la pérdida de recursos hídricos. La lucha contra la contaminación permitiría aumentar en mayor medida la disponibilidad de recursos que la construcción de embalses, canalizaciones o trasvases.

• Los vertidos industriales y urbanos son los principales causantes de la pérdida de calidad del medio hídrico.

• Buena parte de nuestros acuíferos (los depósitos naturales de agua) están afectados por contaminación difusa procedente de las malas prácticas agrícolas y ganaderas.

• Las infraestructuras hidráulicas suponen una merma importante en la calidad del agua. La mitad de las aguas embalsadas presentan problemas de eutrofización (contaminación por nitrógeno y/o fósforo). Los embalses provocan también que no se respete el caudal ecológico mínimo aguas abajo.

• El uso abusivo que se está haciendo de los recursos hídricos supone un grave inconveniente para lograr alcanzar un buen estado ecológico de nuestras masas de agua continentales. La cada vez mayor demanda de recursos (regadíos, crecimiento demográfico, segundas residencias, complejos turísticos, campos de golf...) ha provocado que ríos tan importantes como el Júcar o el Segura no lleven caudal varios kilómetros antes de su desembocadura en el Mediterráneo (incluso en algunos tramos altos de los mismos).

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