Según informa ABC, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha destacado, en su balance de 2005, el cambio «importante» de mentalidad tanto en la planificación hidrológica nacional como en la manera de entender la cultura del agua y puso como ejemplo de este cambio el paso de los trasvases a la desalación o del agua como bien gratuito a querer poner un precio a este recurso.
Para Fenacore, el Gobierno actual ha adoptado una planificación hidrológica rupturista con respecto a lo realizado por el anterior Ejecutivo, y esta política «no es aconsejable para ningún país, porque ocasiona una pérdida de los recursos económicos ya utilizados en las infraestructura inconclusas, paralizando las obras previstas y generando desconcierto entre los usuarios».
Según la Federación, las políticas de planificación hidrológica «deben de llevarse a cabo a muy largo plazo, dejando a un lado los criterios partidistas de los distintos gobiernos y con el único objetivo de continuar desarrollando las infraestructuras y obras de transformación de regadíos ya iniciadas, con el criterio de aprovechar el camino ya recorrido, mejorando todo lo que sea posible, pero sin ocasionar rupturas sobre lo avanzado anteriormente.
Por ello, Fenacore consideró necesario que se agilicen las obras contempladas inicialmente en el Plan Hidrológico Nacional (PHN), así como que se acometa la construcción racional y discriminada de obras de regulación y trasvases intercuencas, una vez realizados los estudios económicos, técnicos y ambientales que aseguren su viabilidad, y otras medidas de gestión de la demanda que incluyen la mejora técnica de los regadíos, la recarga de acuíferos, depuración, desalación o reutilización de aguas.
De igual forma, Fenacore acusa al Gobierno actual de estar adoptando las decisiones en materia de política de aguas en solitario y sin consultar con la federación. «Necesitamos la colaboración de la Administración para trabajar juntos y sentirnos corresponsables de las decisiones que se tomen, como hemos venido haciendo desde hace cincuenta años», señaló.
En este sentido, Fenacore lamentó su exclusión del Consejo Asesor de Medio Ambiente, del que fue cofundador en 1994 y en el que ha participado ininterrumpidamente desde su creación.
Igualmente, los regantes consideran que poner un precio al agua o penalizarla con un canon medioambiental, no es un mandato de la Directiva Marco de Aguas, «sino un nuevo impuesto que crearía indefensión a los usuarios y pérdida de competitividad para la agricultura española, que ha de competir con otros países de Europa, donde sin necesidad de agua tienen iguales e incluso superiores producciones».
Así, la aplicación de la recuperación de los costes del agua sobre las tarifas de los usuarios supondría, según Fenacore, la desaparición de más del 30 por ciento del regadío español por falta de competitividad.
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