Los cerca de 150 países firmantes de la declaración final del IV Foro Mundial del Agua, clausurado el pasado jueves en México, han evitado incluir el agua como uno de los derechos fundamentales del ser humano, según proponían Venezuela, Cuba, Uruguay y Bolivia. Con criterio pragmático, la mayoría ha preferido avanzar propuestas que permitan alcanzar el objetivo de reducir a la mitad el porcentaje de la población mundial que no tiene acceso al agua potable y el saneamiento, y que es actualmente el 21,8% de los 6.420 millones de habitantes del planeta.
Hay acuerdo en considerar que a este reto global, común a todos los continentes, se le hace frente con más eficacia mediante acciones locales, promovidas por las administraciones e instituciones públicas. La vieja confrontación entre partidarios y adversarios de la privatización del agua ha quedado obsoleta. El propio Banco Mundial ha abandonado la defensa a ultranza de la privatización al revelar en sus estudios que los subsidios a las tarifas sólo benefician a las clases medias y altas que disponen de contadores. Hoy el debate se centra en una nueva cultura del agua orientada hacia la gestión más eficiente, la adecuación de las inversiones en infraestructuras a las necesidades locales, la preservación en cantidad y calidad de los recursos hídricos, su sostenibilidad y la reducción del consumo.
La delegación española, encabezada por la ministra Cristina Narbona, ha intentado tender puentes entre la Unión Europea y Latinoamérica para resolver litigios fronterizos y facilitar el intercambio de experiencias. Narbona lamentó que el marco preelectoral mexicano evitara un compromiso mayor en la declaración final. En España tiene que hacer frente a las campañas de las comunidades autónomas gobernadas por el PP contra su política del agua. La Comunidad Valenciana se gasta estos días más de un millón de euros en publicidad contra el vertido al mar del agua "sobrante" del Ebro. Un estudio de próxima aparición encargado por los propios regantes demuestra que no hubieran podido pagar el agua del trasvase. Tampoco están dispuestos a aportar su cuota a las desaladoras proyectadas en la costa. El derecho al agua termina en la cobertura de las necesidades básicas.
¿Hasta qué punto el conjunto de los contribuyentes debe pagar por una materia prima destinada a negocios privados?
