El Ministerio de Medio Ambiente ha confirmado que tramita el decreto por el que se crean las nuevas demarcaciones hidrográficas -entre ellas la prevista del Miño-Sil-Limia-, que ha sido recientemente informado por el Consejo Nacional del Agua, al parecer, el último paso. La ministra Cristina Narbona había anunciado el pasado mayo en el Senado la intención de que la nueva demarcación fuese operativa este otoño, como condición previa a crear la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que tendrá sede en Galicia, tal como se aprobó en la Cámara alta en diciembre del 2005.
Según Medio Ambiente, la demarcación incluirá «tanto las aguas superficiales como las costeras correspondientes a la cuenca Miño-Sil, y también otras dos normas, como son la relativa al comité de autoridades y al consejo de cuenca de la demarcación, donde lógicamente el peso de la Xunta será determinante en las decisiones que allí se adopten».
Para el Gobierno gallego, la nueva demarcación trae cambios importantes, pues pasará a tener 11 de los 15 representantes (Castilla y León, que posee la cabecera del Sil, tendrá tres, y Asturias, uno), puesto que ahora sólo dispone de tres de los 13 votos en la Confederación Hidrográfica del Norte, a pesar de que Miño y Sil aportan a esta el 80% de los recursos hídricos y el 86% de los hidráulicos.
Asturias
Al mismo tiempo que Asturias activa la comisión mixta de transferencias con el Ministerio de Administraciones Públicas para lograr el traspaso de gestión de ríos intracomunitarios como el Nalón -un proceso parecido al que se hizo en su día en Galicia con las cuencas de Galicia Costa-, Castilla y León trata también de concretar sus competencias sobre el Duero, y Cantabria ha presentado su oficina de participación hidrográfica.
También han trascendido las negociaciones de la Xunta con la Junta de Castilla y León, y con las autoridades del norte portugués, con el fin de planificar y coordinar la segregación de la Confederación Hidrográfica del Norte. Sin embargo, no es probable que la nueva Confederación Hidrográfica del Miño-Sil-Limia -que dependerá del Estado- se cree en los próximos meses, puesto que Medio Ambiente la incluirá en la nueva ley de aguas que está redactando, y que se espera que llegue al Congreso no antes de febrero del 2007.
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