Al reducirse la ayuda de los Fondos de Cohesión y Feder para España de la Unión Europea, el nuevo Plan de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración (2006-2015) del Gobierno tendrá que contar con otras nuevas vías de financiación, si pretende conseguir el cumplimiento de la directiva 91/271 sobre el tratamiento de aguas residuales. 'En el anterior Plan Nacional de Depuración de 1995, se utilizaron 5.000 millones de euros sólo de los Fondos de Cohesión', aclara Ángel Cajigas, director general ejecutivo de la Asociación Tecnológica para el Tratamiento del Agua (Atta).
Este experto señala que 'con esta importante reducción de fondos y contando con la financiación pública, que entendemos que no debe ser cuestionable, tanto el Ministerio como las comunidades autónomas tendrán que estudiar de hecho, ya lo están haciendo otros sistemas de subvención.
Pero, sin descartar, lógicamente, la financiación privada o, incluso, la aportación de las entidades financieras, siempre y cuando vean que tienen asegurado el rescate de la inversión que han hecho'.
Este tipo de prestaciones son imprescindibles, si tenemos en cuenta que, el próximo plan, requerirá de una inversión de unos 17.524 millones de euros. La mayor parte de esta cantidad deberá ser asumida por las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El resto será concedido por el Estado.
'Llevamos tiempo hablando de las dificultades que se plantean los ayuntamientos a la hora de abordar el aumento de las tarifas, de manera que contemplen los costes reales de los servicios de abastecimiento y saneamiento del agua', explica Cajigas. 'Para solucionar este problema, hace años que se está legislando desde algunas comunidades autónomas la gestión de depuración. Con ello, se consigue crear una figura de un ente supramunicipal. Asimismo, se ha ido implantando un canon de saneamiento que ofrece una cobertura a la explotación de un plan tan ambicioso en cuanto a infraestructuras', recalca.
La dificultad se focaliza en que 'aún no está generalizado el cobro de estos cánones en todas las regiones'. Si se lograra alcanzar esta solución en todas las comunidades, 'se pondría en marcha un principio de solidaridad entre los ciudadanos de un mismo territorio, que eliminaría así el efecto escala; esto es así porque el coste de explotación de un metro cúbico de agua residual es menor cuanto mayor es el número de habitantes', puntualiza Cajigas.
Otra de las cuestiones que plantea este experto es la relativa al precio del agua en España. 'No podemos seguir estando a la cola europea'. Por último, insta a todos a que 'entendamos que la conservación de nuestros ríos y aguas del litoral tiene que implicar un mayor esfuerzo por parte de todos', concluye.
