En estas dos semanas de ausencia vacacional, hemos tenido una noticia que destaca con claridad sobre el resto. El pasado 27 de agosto, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunciaba en Santanter que la nueva ley de aguas se quedará para la próxima legislatura por "falta de tiempo".
La imposibilidad de encajar las reformas estatutarias con el artículo 149-22 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos de las cuencas intercomunitarias y la oposición de diversos colectivos a las reformas en la política tarifaria sobre el agua han sido finalmente obstáctulos insalvables en la construcción de un puzzle que se antojaba muy difícil de resolver, aunque esta Ley fuese "una obligación y una necesidad".
