Eva Hernandez Herrero. Responsable del Programa de Aguas en WWF España analiza el sistema de priorización de los usos del agua en la cuenca del Guadalquivir y los resultados del Taller celebrado en este sentido por la Confederación Hidrográfica.
El pasado 27 de mayo la Confederación del Guadalquivir y el CENTA organizaron en Sevilla un taller sobre “Priorización de los usos del Agua”. El taller surge de la necesidad de recoger opiniones sobre si es válido el actual sistema de priorización, en el que prima el abastecimiento urbano sobre el uso agrícola y éste sobre el industrial; los caudales ecológicos son una restricción de partida –no un uso- . El desencadenante de la duda son los nuevos usos que aparecen en la cuenca, principalmente las plantas termosolares, y que no pueden obtener agua debido a las limitaciones que imponen tanto la ley de aguas como el Plan de Cuenca.
La situación actual de la cuenca del Guadalquivir, a todas luces deficitaria aún antes de haber definido los caudales ecológicos, no permite nuevas concesiones. La normativa en vigor, por otra parte, sólo permite cesiones de derechos entre concesionarios, ya sea mediante contratos de cesión directos entre ellos o mediante Centros de Intercambio en los que interviene la administración, y sólo dentro del mismo nivel de prioridad o de un nivel de prioridad menor a otro mayor. Vamos, que la cosa está difícil a no ser que se modifique la ley de aguas, se tire de cambiar la priorización por zonas (algo que permite la norma actual pero que implica riesgos de manipulación por los más fuertes, y a lo que la mayoría de asistentes al taller se opusieron) o se busquen otras artimañas legales. Legales pero retorcidas.
Aparte de las dificultades que supone una ley que prioriza los usos del agua según criterios del siglo XIX, en el taller quedaron de manifiesto otras cuestiones interesantes. La primera y principal es que hubo acuerdo entre los participantes en que la actual priorización de usos del agua no es la más adecuada, que debería ser más flexible, si bien las motivaciones eran muy distintas. La industria eléctrica quiere más facilidades para obtener agua, y argumenta con la necesidad que tiene España de producir energía limpia –como si las termosolares fuesen la única alternativa-, con la gran eficiencia en uso del agua de las termosolares frente al regadío y con la generación de puestos de trabajo. Los agricultores no renuncian a ser los primeros en la lista después del abastecimiento urbano, pero quieren flexibilidad para poder vender más fácilmente el agua que tienen concedida, olvidando que es un bien público que les ha sido cedido por la administración. Los ecologistas quieren que se analice cada uso del agua y que esta se reparta tras analizar costes y beneficios sociales, ambientales y económicos, así como su riesgo; más difícil, pero más lógico.
Quedó claro igualmente que todos los usuarios –actuales y aspirantes-, e incluso la administración, se olvidan de que no sólo aumenta la demanda de agua, sino de que disminuye la oferta, que los actuales caudales ecológicos son claramente insuficientes para cumplir con la Directiva Marco de Agua, y que el cambio climático es un hecho que va a hacer, a la fuerza, revisar concesiones. Y de que España es un país seco, que la sequía no es la excepción sino la norma.
