El último informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que refleja un aumento de la pobreza infantil, superando ya el 36%, y de los hogares en riesgo de exclusión (66%). En este contexto las noticias de cortes de suministros básicos como el agua o la luz han dejado de ser algo inusual en la vida de muchos colectivos sociales.
Frente a esto, muchos ayuntamientos, empresas privadas del agua y las asociaciones de las que forman parte han optado por la estrategia de la “negación”. El negacionismo de esta realidad, cruda, trata de evitar el descontento y la contestación social ante la falta de previsión de las autoridades locales y/o de los desmanes que está suponiendo la privatización del servicio, que nos hacen a los ciudadanos más vulnerables
Desde la Asociación de Operadores Públicos (AEOPAS) sostenemos que la privatización convierte ese derecho en un simple “producto de mercado”, lo cual se nota “en los apremios de las empresas a los clientes que no pueden afrontar algún pago, las amenazas y los cortes de suministro”.
La desconexión de los servicios de agua por impago debido a la falta de medios supone una violación del derecho humano al agua
No tenemos datos oficiales sobre el impacto real del fenómeno. En España los desahucios hídricos ni siquiera constan en ningún registro estadístico; son invisibles. Aún así las asociaciones donde participan los operadores privados reconocen que un total de 970.000 hogares en España ha recibido un aviso de corte de suministro durante el último año y que el presidente del grupo Agbar (uno de los principales grupos privados que actúan en nuestro país), Ángel Simón, ha admitido que “cada mes se hacen 12.000 cortes” sólo en su corporación como aseguró en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. Lo cierto es que los poderes públicos tienen el deber y la capacidad para evitar este drama. Los poderes públicos tienen la obligación de proteger los derechos de la población en general, salvaguardando a la población en riesgo.
Solicitamos de forma urgente una normativa andaluza que impida el corte de suministro y que se garantice unos suministros mínimos vitales a las familias y colectivos que necesitan una protección especial. Muchas democracias occidentales ya prohíben cortes de agua, entre ellos Francia, Gran Bretaña, Rusia, Irlanda, Escocia y, más recientemente, Ecuador. Los tribunales de Bélgica y los Países Bajos han sentenciado que los cortes de agua violan los derechos humanos.
El 25 de junio de 2014, tres expertos de la ONU sobre derecho humano al agua y al saneamiento, vivienda adecuada, y pobreza extrema emitieron una declaración que afecta radicalmente a los Estados a la hora de aplicar de manera efectiva el derecho humano al agua. Tras su visita a Detroit y ante la preocupación por las desconexiones de agua generalizados en la ciudad estadounidense a las familias que no pueden pagar el agua de sus facturas, declararon textualmente:
“La desconexión de los servicios de agua por impago debido a la falta de medios supone una violación del derecho humano al agua y los demás derechos humanos previstos por el derecho internacional”
En este sentido, Aeopas felicita al Defensor del Pueblo por visibilizar esta realidad que se debe de mejorar con el debate y con la regulación del sector. Un sector que a pesar de avanzar hacia la privatización en su gestión sigue siendo de titularidad pública. Finalmente desde aeopas se señala que el modelo de gestión debe de cambiar; ser más transparente, solidario y participado según los principios de la #iniciativagua2015.
