La gestión del agua no puede separarse de la gestión del territorio. El agua como recurso, pero también como patrimonio, vertebra las interrelaciones y condiciona la colaboración y la cooperación entre los distintos núcleos de población.
Castilla-La Mancha posee unas características únicas, muy reconocibles. Se trata de una comunidad autónoma con un bajo nivel de renta, donde el PIB per cápita regional es el 15º (de un total de 19) de todo el territorio nacional. Es la tercera comunidad autónoma más extensa de toda España y, en cuanto al número de habitantes, ocupa la novena posición, contando con 2.026.807 habitantes. Estos dos últimos datos ofrecen una idea de la baja densidad de población.
A ello se une el fenómeno de dispersión. La región engloba un total de 919 municipios, el 11% del total nacional. Sin embargo, el 56% de la población reside en el 4% de las entidades municipales y más de la mitad de los municipios tienen menos de 500 habitantes.
En este contexto, donde poca población con pocos recursos económicos se distribuye heterogéneamente, adquiere mayor complejidad facilitar servicios, ya de por sí complicados de gestionar, como son los del ciclo urbano del agua.
A nadie puede extrañar a estas alturas, con gran parte del país acumulando incumplimientos de las directivas europeas en materia de aguas, que admitamos la dificultad de la gestión de los recursos hídricos. Las razones son variadas, y más o menos numerosas. Primero, el agua es una necesidad de importancia, literalmente, vital. La responsabilidad es máxima en cuanto al servicio de abastecimiento y saneamiento, como ha manifestado la ONU en la Declaración de Derechos Humanos. Segundo, una adecuada gestión exige requerimientos técnicos y económicos que no están al alcance de la mayoría de los núcleos rurales. La tecnificación de los procesos, las inversiones requeridas y los costes periódicos de mantenimiento y explotación son algunos de los factores que dificultan, o directamente imposibilitan, las posibilidades de gestión del ciclo urbano del agua por parte de nuestros municipios. Tercero, y muy relacionado con el argumento anterior, la tarifa del agua que pagan los ciudadanos en muchos de estos municipios ha sido tradicionalmente más testimonial que efectiva. Difícilmente se puede auto-sostener un servicio sin la financiación ni los recursos económicos adecuados. Por último, y sobrevolando todos los motivos anteriores, el panorama que se observa es un galimatías competencial entre entidades locales, diputaciones provinciales, comunidades autónomas, confederaciones hidrográficas, etc.
La gestión del agua no puede separarse de la gestión del territorio
Y es ahí, en el rompecabezas competencial, donde creemos que las transformaciones en la gestión del agua serían más eficaces, atajando la raíz del problema. Sobre todo, somos muy claros cuando afirmamos que la gestión del abastecimiento en alta y la depuración deberían ser servicios supramunicipales y no municipales. Los efectos de nuestra acción, o inacción, en materia de depuración afectan sobre todo a quienes viven aguas abajo de nosotros, mientras que quienes viven aguas arriba determinan con su comportamiento la calidad de nuestra agua. No existe a nivel municipal una correspondencia entre esfuerzo y recompensa.
Cualquier cambio dirigido a otorgar la competencia de los servicios de abastecimiento en alta y depuración a las comunidades autónomas nos acerca a un marco de gestión más justo, más próximo a la realidad del significado del ciclo urbano del agua. Y lo hace desde tres enfoques, que muy resumidamente nos gustaría introducir.
Un enfoque económico-técnico. La gestión autonómica aumenta la capacidad para acometer inversiones y realizar los trabajos de mantenimiento y conservación, que mejora la calidad y la garantía del suministro de agua.
Un enfoque social. Se igualan derechos y obligaciones, incorporando una tarifa única a escala regional para todos los municipios. Una tarifa solidaria que incluya la recuperación de costes, la tarificación por bloques, diferenciando los usos básicos, accesibles a todos, de los consumos irresponsables y usos suntuarios. Una tarifa que permita a todos los municipios ofrecer los servicios realmente municipales (el abastecimiento en baja y el saneamiento) con las mismas reglas del juego.
Finalmente, un enfoque medioambiental. El agua que bebemos, que necesitamos, ya no procede necesariamente de nuestros ríos más próximos. La tecnificación de los procesos ha distanciado a la ciudadanía en cuanto a la importancia de los ríos y ecosistemas que atraviesan nuestras ciudades. Para reducir esta brecha es imprescindible que los ciudadanos perciban que el servicio de depuración, cuyo coste asumen, se refleje en la calidad de su entorno más cercano.
En definitiva, un cambio de modelo en la gestión del ciclo urbano del agua propiciaría mejoras basadas en la eficiencia en el uso, el aumento de la calidad y la preservación de los ecosistemas. Para que las nuevas generaciones puedan disfrutar de un recurso insustituible y cada vez más escaso como es el agua.
