En la práctica, las mal llamadas "autoridades" de agua, que deberían denominarse "gestores", encargados de orientar guiar y vigila las intervenciones sobre los recursos hídricos de recursos hídricos y no solo de agua (con responsabilidad sobre las intervenciones y usos de recursos que se realizan sobre las fuentes naturales de agua y ecosistemas acuáticos asociados, que incluyen glaciares, ríos, lagos, humedales, acuíferos, etc, y no solo sobre el agua), así como sobre la cuenca que alimenta dichas fuentes, deben ejercer sus acciones sobre limites naturales como las cuencas y su sistema hídrico.
Hoy estas “autoridades” no tienen poder para orientar las intervenciones sobre el territorio de las cuencas y sobre las fuentes naturales de agua, así se degradan las cuencas, se sobreexplotan las fuentes naturales, se ocupan zonas de riesgo, se contaminan las fuentes, etc.
Son intervenciones generadas por muchos actores, legales e ilegales, permitidas por autoridades elegidas para gobernar sobre territorios con límites políticos administrativos (países, estados, provincias, municipios, propiedades etc) que cruzan y se sobreponen sobre los límites naturales de las cuencas en formas caprichosas…
Casi ninguna “autoridad” de recursos hídricos o agua en América Latina tiene poder suficiente para convocar autoridades elegidas para diseñar juntos las estrategias de compatibilización de ordenamiento territorial y de compatibilización de disponibilidad y demandas crecientes de agua.
Por el lado de las demandas de agua y sobre los Recursos hídricos en general, (sobre lagos ríos, deltas, acuíferos etc.) las "autoridades" políticas elegidas y los grupos de usuarios ejercen su poder sobre limites político administrativos y sus propiedades, usualmente con poca o nula consideración a los límites que impone la naturaleza. Esto abarca desde demandas de agua, aun cuando ya no existan reservas y disponibilidad, hasta decidir ubicaciones de asentamientos humanos e industriales en zonas de riesgo.
Esto significa que sin un adecuado sistema de gobernanza entendiéndose como gobierno basado en tomar decisiones con participación, entre todos los actores involucrados que comparten el territorio de una cuenca.
Hoy las llamadas “autoridades de agua” son limitadas en su capacidades de compatibilizar ambos extremos: disponibilidad variable y demanda de agua y, sobre todo, controlar las intervenciones que alteran las cuencas, la calidad del agua en las fuentes naturales y la conservación de los caudales ambientales mínimos...
