Hay tres cosas que a estas alturas son innegables. Uno: el estado actual del agua en México es crítico. Dos: la crisis tiene mucho más que ver con las decisiones sobre su manejo que con causas demográficas o naturales. Tres: la conflictividad ligada con el acceso al agua aumenta. Basta con mirar las cifras, índices e indicadores de los informes oficiales y de la sociedad civil, las conclusiones de impecables investigaciones académicas; o el dramático aumento en las agresiones y asesinatos de defensores ambientales, en particular defensores del agua, en lo que va del siglo.
La ley regula el manejo. En su origen más noble, las leyes pretenden regular la actividad humana para encontrar equilibrio social. La creciente movilización de afectados por contaminación y despojo de aguas en México, demuestra que aquí esto no se está logrando. Hay un debate añejo respecto de si lo que provoca desigualdad e injusticia en estos contextos es la legislación o falta de ésta o bien su forma de aplicación. En México ambas tienen algo de verdad. El endeble Estado de derecho donde discrecionalidad y corrupción convierten leyes en letras muertas. Por otro lado, la herencia porfiriana (sí, porfiriana), la influencia de las políticas de modernización hidráulica de finales del siglo XX y las lagunas normativas de la actual Ley de Aguas Nacionales, todavía anclada a paradigmas y prácticas superados o francamente fallidos. Entre los más destacables mirar al agua como un “sector” separado del resto del territorio.
Es vocación de la ley ir evolucionando al ritmo de los cambios en las necesidades y acuerdos sociales. Nuestra legislación, vigente desde 1992, ha virado principalmente hacia dos rumbos, que responden también a tendencias globales. La sujeción paulatina del manejo del agua a la lógica mercantil, extensamente explicada por académicos como Luis Aboites. Por otro lado, el reconocimiento constitucional en 2012 del agua y el saneamiento como derechos humanos, contenidos en tratados internacionales firmados por México y reiterados por criterios jurisprudenciales.
Hay tres cosas que a estas alturas son innegables. Uno: el estado actual del agua en México es crítico. Dos: la crisis tiene mucho más que ver con las decisiones sobre su manejo que con causas demográficas o naturales. Tres: la conflictividad ligada con el acceso al agua aumenta
No obstante que el artículo tercero transitorio otorgó al Poder Legislativo un plazo de 360 días para la creación de un marco legal e institucional acorde, hasta la fecha este derecho sigue sin incorporarse en la legislación secundaria. Por el contrario, las iniciativas de Ley General de Aguas presentadas al Congreso de la Unión en los últimos 8 años, la ley Korenfeld (2015), la ley Pichardo (2018), son más un bien refrito de las mismas reglas que agudizan, en vez de revertir, el fallido modelo de gestión. Modelo cuyas consecuencias están ampliamente documentadas: acaparamiento y desigualdad en el acceso, por un lado, contaminación en impunidad, por el otro. La compra-venta de un bien nacional público, por definición inapropiable, a través de la figura de transmisión de derechos, el subregistro o doble registro de caudales, usos y usuarios, con lo que aguas de uso agrícola terminan empleadas en industria o servicios y se sobre utilizan las aguas de cuencas con déficit; son solo algunas de las cosas que posibilita el sistema actual, desentrañadas cuidadosamente en el reportaje “Los millonarios del Agua” recientemente publicado por Mexicanos Contra la Corrupción.
Es posible mirarse en el espejo de otros escenarios posibles, el de la crisis socioecológica de Chile, único país donde el agua está totalmente privatizada, por ejemplo, o el de países que han regresado sus aguas a manos públicas y aquellos que las han ciudadanizado.
Desde principios de 2019 las grandes fuerzas políticas, sociales y económicas interesadas en el destino de las aguas han articulado enormes esfuerzos para posicionar propuestas ante el nuevo escenario político. La Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados organizó 36 foros en los distintos estados de la república. La Comisión Nacional del agua emprendió sus propias mesas de trabajo. En ambos participaron el Consejo Coordinador Empresarial y Agua para Todos, que a su vez presentarán sus propias iniciativas de ley. Otra más se trabaja dentro de un subgrupo del Grupo Parlamentario de Morena.
Mientras tanto, los conflictos locales se han ido agudizando, León Fierro y Miguel López fueron encarcelados -luego liberados- por defender el agua en Mexicalli y Puebla respectivamente. Samir Flores fue asesinado en Morelos. En Ecatepec surgieron balazos por el agua en diciembre de 2019. El mismo mes eurodiputados salieron escandalizados del país tras la Caravana Toxi-Tour por las aguas contaminadas de México y recién se reveló que el gobierno mexicano encubrió 10 años el envenenamiento de niños por aguas contaminadas en Jalisco.
En la impostergable discusión de su ley de aguas, México se juega el riesgo de agudizar sus problemas pero también la oportunidad de revertirlos. Es por ello que este 4 de febrero la red más grande de organizaciones y pueblos por el agua en el país presentará al Congreso una iniciativa ciudadana de Ley, mientras que la Comisión de Recursos Hidráulicos anunció la propia para el 26 de febrero. Si recibe la prioridad que merece la nueva Ley General de Aguas tendría que añadirse a la agenda legislativa de febrero-abril 2020. De lo contrario, el mensaje de continuidad que envían los poderes es alarmante, como lo es lo que sucede al amparo de la ley actual. Baste recordar las vedas liberadas en junio de 2018, en lugares estratégicos para mineras, petroleras y refresqueras al término del sexenio pasado, las 1,204 nuevas concesiones otorgadas ese mismo mes, o el “repentino” incendio de la documentación del piso 9 de CONAGUA en marzo de 2019, recién iniciado el siguiente sexenio.
El agua no es ni debe ser un tema exclusivo de "los especialistas", nos toca, nos atraviesa y nos configura. Bajo la tradición tecnócrata el manejo del agua parece algo alejado del cotidiano sobre lo que no tenemos posibilidad de opinar. Sin embargo, los puntos más controversiales, el sistema de concesiones y el servicio público, son el fondo un asunto sencillo ¿de quién y para quién es el agua?
Frente a la visión que pone al agua en una lógica de mercado, como bien, que es escaso y que tiene precio, que asegura que “si va a haber agua... pero habrá que traerla y habrá que pagarla”, el paradigma del agua como derecho ligado a la alimentación, salud y medio ambiente sano, que prioriza al agua como la base de la vida en todas sus formas, resulta inadmisible. Nada más y nada menos que la base de la vida. Eso es lo que se juega detrás de “Agua para todos, agua para la vida”.
Habrá que recordar también en cada estado que con independencia del proceso federal, desde que en 2012 México tiene el mandato constitucional de garantizar al agua como derecho humano, lo que supone adoptar legislaciones a todos los niveles.
