El 20 de Febrero de 2015, la JCyL aprobó una orden en la que desarrollaba ciertos artículos del RD 140/2003, supongo que dando respuesta a las peticiones de algunos municipios que veían exageradas las obligaciones que, para territorios tan poco poblados, establecía dicho real decreto. Castilla y León es una comunidad singular, con una población de algo menos de dos millones y medio de personas, repartidos en más de 2000 municipios y sus entidades locales correspondientes, la dispersión poblacional es enorme.
La provincia que conozco más a fondo es Soria. Solo tiene 16 localidades que superan los 500 habitantes y que aglutinan al 78,3% de la población. Pero lo que me interesa es el pequeño grupo de irreductibles, apenas 6800, que viven en más de 370 localidades con una población menor de 50 habitantes.
Bien, pues ellos, no tienen derecho a disfrutar de agua potable, según los criterios de los servicios territoriales de Sanidad, a no ser que cuenten con alguna casa rural, un bar, o algo por el estilo. Basta con que la entidad local correspondiente solicite la exclusión al servicio territorial correspondiente y que ponga un cartel bien visible en la plaza del pueblo, en el que diga que el agua NO ESTÁ TRATADA, para dar por cumplidas las exigencias legales en materia sanitaria. Ojo¡ solo en materia sanitaria, ya que según la ley reguladora de las bases de régimen local, el municipio está obligado a suministrar agua potable a sus pobladores, con independencia del número que sean.
Después de 13 años trabajando por implantar de forma equitativa el RD 140/2003, de invertir en tecnologías de tratamiento, de educar a los responsables políticos en las bondades de tratar adecuadamente el agua que distribuyen por las redes municipales, de poner en el mapa nacional nuestras infraestructuras locales, donde dije digo, digo diego. Por fortuna, no todo el trabajo ha sido en balde, muchos responsables municipales consideran fundamental dar a sus vecinos agua potable de calidad, independientemente de que sean 49 o 51.
Lo más curioso es, que a parte de las empresas privadas, que algo nos jugábamos en el negocio, el otro actor que más carne puso en el asador para lograr el tímido grado de concienciación que ahora se percibe a nivel local, era precisamente el de la administración sanitaria autonómica, la que ahora despacha todo aquello con un escrito de exención y un cartel en la plaza del pueblo.
