Las infraestructuras del Agua en España han experimentado una fuerte transformación durante los últimos 30 años, donde se han realizado importantes inversiones que han permitido disponer de un servicio de alto nivel, tanto en coberturas como en calidad.
Estas inversiones se han financiado principalmente con fondos públicos, en un contexto de colaboración público-privada y que ha permitido el desarrollo de un sector de vanguardia con empresas españolas líderes globales en todo el ciclo del agua por su experiencia y tradición.
Sin embargo, en los últimos años, se ha producido una caída muy relevante de los niveles de inversión en obra nueva que ya está teniendo consecuencias negativas en forma de incrementos de los costes de operación y mantenimiento, un mayor deterioro de las infraestructuras, y la dificultad para introducir los necesarios avances tecnológicos ya existentes en la industria.
Si a esta situación añadimos un contexto de altos niveles de déficit y deuda pública, el fin de las ayudas de la Unión Europea por la situación extraordinaria que vivimos por el impacto del COVID-19 y la priorización de las inversiones en seguridad y defensa, no parece que la problemática pueda revertirse en los próximos años.
“Es imprescindible una mayor participación del sector privado, manteniendo el control del ciclo del agua en la Administración Pública”
Existe consenso en todo el sector en torno a que los niveles actuales de inversión resultan claramente insuficientes para afrontar los desafíos a los que se enfrenta el sector, como son la renovación de unas redes cada vez más obsoletas, o los más exigentes requerimientos regulatorios en materias de depuración, potabilización, y de calidad del agua. La asociación de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras Seopan ha calculado que España necesita invertir 85.000 millones de euros en infraestructuras hídricas hasta 2035 para adaptar su red a los requerimientos de calidad necesarios.
Hay aspectos críticos como el del incumplimiento de la directiva europea de aguas residuales que desde el año 2001 obliga a todos los núcleos con más de 15.000 habitantes a tratar el agua que se vierte al mar y a los ríos afrontando por ello el pago de multas y sanciones (que se estiman en más de 90 millones de euros desde la sanción del TJUE del año 2018).
Recuperar la actividad inversora no podrá, en el contexto actual, ser financiado con cargo a presupuesto público, y requiere, fundamentalmente, del recurso a dos vías de actuación claves.
De un lado, es necesario establecer mecanismos de recuperación de costes a través de tarifa y cánones, cosa que no se está produciendo en España a pesar de que la normativa europea obliga a ello.
De otro, es imprescindible una mayor participación del sector privado, manteniendo el control del ciclo del agua en la Administración, aprovechando los esquemas concesionales para canalizar financiación privada y en los que una adecuada transferencia de riesgos al privado permita que no compute como Deuda Pública. En este sentido, la responsabilidad del desarrollo de proyectos concesionales no debe caer sólo del lado público. Las Iniciativas Privadas, reconocidas por la LCSP, están cobrando cada vez un mayor dinamismo como fórmula en la que el sector privado adelanta los estudios necesarios para el desarrollo de Infraestructuras a cambio de ciertas ventajas en la futura licitación, y permitiendo al sector público acortar los tiempos y recursos necesarios en su desarrollo y aprovechar las eficiencias del sector privado al plantear proyectos viables y de interés público.
Estas dos medidas son, además, compatibles entre sí, aportan transparencia a la contabilidad del coste del agua, se benefician de la experiencia de las empresas españolas punteras en este tipo de esquemas y aprovechan la gran liquidez del mercado interesado en financiar este tipo de infraestructuras. Permitirían, además, fomentar la innovación con nuevas infraestructuras que garanticen y mejoren el servicio.